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Estimado Guevara:

Ingresé a su página y verdaderamente me pareció muy interesante, en ese sentido, quería saber si le podría interesar la inclusión del texto de mi autoría "Rebeliones en el fin del mundo", que es un compendio de testimonios, investigaciones y recopilaciones de la historia de los trabajadores fueguinos durante el siglo XX.

Espero su respuesta.

Atentamente.

Bernardo Veksler

Rebeliones en el fin del mundo

Rebellions in the World's End

por: Bernardo Veksler

A la legisladora Fabiana Ríos que hizo posible que este trabajo pueda salir a la luz.

Los años noventa del siglo XX colocaron como nunca a la Tierra del Fuego en los espacios informativos en el ámbito nacional. Y no fue en mérito a sus potencialidades económicas manifiestas, a la sugestión de su paisaje, ni a los éxitos de sus habitantes. Lo fue en la gran mayoría de los casos por los conflictos sociales que se desataron en el seno de esta comunidad.

La historia inspirada en la acción de los pioneros construyó en todo el sur el mito de la infalibilidad. Aquellos que consolidaron una presencia colonizadora en nuestro sur obraban de acuerdo a sanos impulsos, sus acciones no podían ser medida con la vara contemporánea, y –en todo caso- quién puede llegar mas tarde y pregonar críticas con respecto a los que los precedieron. ¡Habría que ver si hubieran hecho otras cosas si hubieran estado en lugar de los que critican!.

Se intentó así mostrar una realidad sin conflictos. Donde la única relación antitética es la que se encara con el rigor climático, con la escasez de recursos materiales. Creció en idéntica medida la idea de un ámbito de estricta solidaridad entre todos los integrantes de “una gran familia”; una sociedad alejada de toda forma de mezquindad.

Los años ochenta habían visto crecer demográficamente a la Tierra del Fuego en razón de imperativos geopolíticos propios de un Estado que se planteaba como prioridad el uso de la fuerza, la que ya impuesta internamente podía consolidarse en términos de Soberanía –no Política, ni popular- sino Soberanía Territorial ante la presencia chilena en la región y los litigios pendientes, ante la situación que condujo a la Guerra por Malvinas.

La ley 19640 que creó en 1972 una zona aduanera especial adquirió mas adelante visos de Ley de Promoción, y a su amparo –sin acudir a los recursos naturales- se desarrolló una industria que posibilitó la radicación efectiva de connacionales; revirtiendo en poco tiempo los guarismos negativos que desde siempre existían en la región en materia de población argentina y población extranjera.

Los grupos sociales preexistentes trataron de sostener derechos a partir de la antigüedad de la permanencia en el medio, una cuestión de cantidad por sobre la calidad de las personas. Otra forma de perpetuación de valores castrenses en la sociedad civil.

El Estado debió hacer a la par una gran inversión en infraestructura social en la que la intervención del capital imperante fue escasa.

Los tiempos democráticos nacidos en 1983 no reorientaron los valores del poblamiento, los conflictos justificatorios de toda inversión –y porqué no de todo derroche- parecían seguir latentes. Y el quantum poblacional comenzó para la clase política a oler como electorado.

A pesar que durante 1989 la caída del Muro de Berlín, con un encadenamiento de hechos que quebró la bipolaridad en el mundo y prometió tiempos de tranquilidad y bonanza; esta situación no fue vivida a plenitud en este borde del mundo donde los conflictos entre administradores y administrados fueron moneda corriente.

Chile y Gran Bretaña dejaron de ser hipótesis de conflicto, y la intranquilidad parece vivirse solo fronteras adentro del país.

Sin un modelo racional elaborado por la dirigencia partidaria –en sus distintos matices-, una desilusión por los modelos inconclusos de un Estado de Bienestar y en otros casos una toma de conciencia sobre el rol del trabajador en el destino comunitario, llevó al acrecentamiento de las rebeliones populares, sustentadas en la gran mayoría de los casos en el mejoramiento de la situación salarial, la optimización de los derechos laborales, y en su hora más dramática el mantenimiento de los puestos de trabajo.

¡Hoy aquí también el mundo del trabajo compite con el del desempleo! Mientras que el de la producción coexiste firmemente con el de la especulación.

Con el Estado bienhechor deshecho y en retirada se despide el siglo del viento, en esta tormentosa conjunción de mundos que es nuestra Isla Grande.

No queda como herencia de todo lo visto liderazgos manifiestos, ni bases sociales de apoyo con identidad clara para enfrentar la crisis en lo inmediato.

Las huestes represoras, en número creciente siguen arremangadas esperando una llamada.

El lector sacará provecho seguramente, más allá de su identidad ideológica, sobre el conjunto ordenado de acontecimientos que Bernardo Veksler nos lleva a recordar; en momentos en que la historia sin fin de los pueblos y sus sueños descansa para partir en una nueva lucha, o tal vez en otra retirada.

He tenido el raro privilegio de leer los borradores de este libro antes de entrar a imprenta. Pinta de cuerpo entero al autor. Luego de haber compartido tantas horas de periodismo de investigación con él, encuentro coherencia entre la visión global que tiene del mundo y el punto de vista de la historia que aquí recopiló para nosotros, los lectores.

Su ironía de siempre es la fuerza que mueve a los remisos para las cosas valederas. Es esencialmente un hombre honesto que se da como una bendición y logra con ello echar luz sobre aspectos sombríos de la historia. Ignora las llamadas “leyes”, porque siempre apuesta al hombre. Está claro que para él, el ser persona, es la suprema realidad, la única, la que sustenta y alienta a los demás.

Luego de mucho leer Historia, este periodista investigador social sabe hoy que no se puede jugar impunemente con el lenguaje, que no se puede torcer la lógica de los valores sin pagar las consecuencias. Sistemáticamente basó los relatos en una idea, un ámbito, y siempre con el “homo faber” protagonista de dichas y desdichas. Fijó la idea, investigó, acumuló información, y después fue cuestión de tiempo darle cuerpo. ¿Dos, tres años?

Ordenar todo lo existente en tiempo y espacio define a la cosmología, tarea nada fácil que Bernardo se impuso. Es que el Universo está en constante movimiento. En el movimiento se sintetiza el espacio y el tiempo. Y allí todo está relacionado con todo, especialmente con la lucha por la vida.

Encuentro que la obra recorre la historia de la región austral, repasando los tiempos del descubrimiento, de la colonización y la ocupación definitiva del suelo, sin olvidar el genocidio aborigen a través de balas, alcohol o enfermedades, cuando no de transculturización. Aparecen los primeros ganaderos patagónicos que se convertirían en los terratenientes con mayores posesiones en América.

La obra describe el “llamativo” desconocimiento de los aspectos vivenciales del trabajador rural. El balance oficial del genocidio aplicado para terminar con luchas y conflictos nunca se conoció. Privó la ocultación. Como consecuencia, el autor describe las luchas obreras en la región patagónica continental y en Tierra del Fuego, calificándolas como dadas en las peores circunstancias y adoptando formas de lucha y de organización mucho más combativas que las del promedio del país en el pasado.

Avanzando en la cronología, el autor se detiene en la Isla Grande y analiza su evolución. La actividad agropecuaria, a partir de la ganadería y los aserraderos, demostraba su incidencia dentro del conjunto de la economía fueguina. Luego tomaría fuerza la actividad petrolera. Años después era la ley de zona Franca de liberación aduanera indiferenciada, por la Zona Aduanera Especial, Ley 19640, que estimulaba la radicación industrial en la Isla, fundada en razones geopolíticas.

Hay un antes y después de la Ley 19640. Caen las actividades primarias y artesanales con escaso valor agregado, y en su lugar, las nuevas industrias instaladas producen el efecto de triplicar la población ante la inusitada demanda de mano de obra desatada. Como la historia se repite por ciclos, llegarían los cazadores pedestres del presente.

Si bien los fines geopolíticos se cumplieron en cuanto al aluvión migratorio argentino, fue muy preocupante en los social, ya que el mismo no fue planificado. Faltaban viviendas para albergar tanta gente, la energía no cubría la demanda manufacturera, el agua potable domiciliaria comenzó a escasear, grande era el déficit de servicios. El autor se apoya en tablas estadísticas para dar magnitud al incremento poblacional con relación a la evolución de los establecimientos industriales.

Hay un capítulo entero para tratar los conflictos y luchas obreras más recientes; la formación de los sindicatos; la sangre derramada en la trágica Semana Santa que desnudó las ambigüedades y contradicciones del poder, a partir de considerar la defensa de las fuentes de trabajo como móvil criminal. Se repetirá una vez más, que la soga se corta por la parte más delgada.

Podemos comprobar que el mundo está lleno de estadistas a quienes la democracia les desagrada, convirtiéndolos en políticos que creen que un “enemigo” débil no puede “dañarlos”, tal como que una chispa no puede causar un incendio. Está claro que todo poder que no reconoce límites, crece, se eleva, se dilata, y por fin se hunde por su propio peso.

Al describir estas situaciones investigadas, el autor no solo recupera la historia (versión de los que perdieron), sino que al hacerlo la transforma en un homenaje a trabajadores dispuestos a grandes sacrificios y a sufrir padecimientos de todo tipo, buscando más y mejores formas de vida.

Se vislumbra que a los argentinos la historia no nos regaló nada, y lo poco que conquistamos, lo pagamos con muertes injustas. Pero la grandeza no reside en esto, sino en la decisión de ser más fuertes que esto y cambiarlo. Y si nuestra condición es injusta, hay una manera de empezar a superarla: no ser censores nosotros mismos, ni de lo ajeno ni de lo nuestro, No debemos repetir el error de nuestros censores de pensar que “el orden es la garantía de la justicia”.

Más que asegurar que esta obra detenta la verdad, el autor plantea la posibilidad de la discusión, para que desde ese espacio surja lo verdadero que perdura.

Prefacio

Hilvanar las secuencias que tuvieron las luchas obreras en Tierra del Fuego, es una descripción de abnegaciones, sacrificios y esfuerzos no tomados en cuenta por la historia oficial; empecinada en describir actos de gobiernos, fechas y sucesiones de funcionarios.

Esta historia no está escrita por un historiador. Surge desde la labor periodística, de las sensaciones ante los fogones, los neumáticos quemados, los piquetes y los pasamontañas. Parte de la sorpresa inicial ante la decisión obrera de desafiar no sólo al poder sino también a las terribles contingencias climáticas, de adoptar formas de lucha y organización mucho más combativas y audaces que las predominantes en el país. También parte del asombro ante la voluntad inclaudicable de tantos trabajadores que no se mostraron afectados por el desaliento aun en las peores circunstancias; que tuvieron voluntad como para superar las contingencias más críticas y, muchas veces, ese espíritu y consecuencia se convirtieron en decisivos para triunfar en la pulseada.

Esa masa de seres dispuestos a los más grandes sacrificios, a los actos solidarios más enaltecedores y a sufrir todo tipo de padecimientos merecía un homenaje como el que se intenta desde estas páginas.

En esas actitudes, posiblemente, están las esperanzas de la humanidad en alcanzar una sociedad superadora de las miserias materiales y humanas de la actualidad. Nada tienen que ver con la corrupción, individualismo y perversión que reina entre los hombres que ostentan el poder político y económico.

Esta historia comienza con la incursión de los primeros hombres blancos en la zona, el copamiento de las tierras nativas, el aniquilamiento de la población aborigen y su posterior utilización como mano de obra sumisa por los estancieros.

El sentido de esta inclusión tiene que ver con haber advertido una constante en los conductores de la sociedad fueguina a través de los tiempos. Aventureros, comerciantes inescrupulosos, acaparadores de tierras inmorales, enriquecimientos basados en negociados al amparo del poder y un desprecio por la vida de los más humildes.

La búsqueda de una prosperidad rápida fue la motivación predominante en los hombres y mujeres que llegaron a estas tierras, para alcanzar estos objetivos no dudaron de nada, ni de la ilegalidad, ni de la muerte ni de lo ético o moral.

Los gobernantes actuales no pudieron cortar con ese designio y se empeñan en continuar el mandato histórico de sus antecesores.

La descripción de la historia del sindicalismo y de las luchas obreras fueguinas tiene como línea divisoria: la instalación de armadurías fabriles en virtud de la promoción económica establecida por la Ley 19640.

Antes de la década del ochenta, los intentos de sindicalización fueron escasos y rara vez desencadenaron conflictos sociales de importancia.

Luego del aniquilamiento de población indígena por parte del blanco, la actividad productiva se desenvolvió en una tierra “apacible”, en la que predominaron las relaciones paternalistas entre patrones y obreros.

Esta situación subsistió -salvo raras excepciones- a pesar de que a unos pocos kilómetros la lucha de clases desencadenó profundas tragedias humanas.

Ni siquiera la irrupción del peronismo, con su proceso de sindicalización masiva, provocó modificaciones de importancia a ese perezoso devenir histórico fueguino.

Algunos cambios se produjeron con la incursión de las empresas petroleras en el norte de la isla. Allí, los trabajadores que llegaron desde otros lugares aportaron su conciencia sindical y se hizo necesario contar con una entidad gremial estable.

En la década del ochenta, la afluencia de trabajadores de todas partes del país aportó a la sociedad isleña las experiencias acumuladas en otras regiones. Comienzan a difundirse las entidades gremiales y aparecen conflictos duros y prolongados que van a ocupar las primeras planas de los medios de comunicación de alcance nacional.

La “tierra prometida” se convirtió en la “isla de la fantasía” para pasar luego a ser una parte integrante del cuadro de marginación, pobreza y crisis que afecta a millones de argentinos. Esa inexorable transición, fue la principal explicación de la virulencia de los conflictos laborales que se desencadenaron en Tierra del Fuego.

Las naturales ansias de progreso humano encontraron una posibilidad práctica y palpable. Esa sensación de felicidad terrenal (que en sus lugares de origen sólo era una promesa celestial), no podía coexistir con amenazas y, menos que menos, con el lapidario cierre de una fuente laboral. En ese momento, estalla la desesperación y la impotencia. Los habituales llamados oficiales a la resignación se convierten en provocativos y la represión no hace otra cosa que pretender apagar un incendio con nafta.

Todos los que llegaron nunca tuvieron un certificado de prosperidad asegurado; entre sus deseos siempre aparecían los nubarrones de un retorno sin gloria. Pero, una vez establecidos, se sintieron con derecho a que el futuro de su familia no se inunde de incertidumbre y decidieron luchar ante la inoperancia, la negligencia y la agresión.

Los próximos capítulos de esta historia pueden encontrar senderos conflictuados y con abundantes obstáculos. El presente escenario social muestra una multitud de interrogantes sobre las siguientes secuencias. Refrescar los acontecimientos vividos puede convertirse en un verdadero faro que ilumine los momentos más tormentosos que les toque en suerte vivir a los sufridos habitantes fueguinos.

La historia no tiene una evolución neutra, no es posible deslindar las influencias que tienen sobre su curso los distintos intereses en pugna en cada coyuntura. Por esa razón, no es una ciencia exacta donde pueda considerarse alguna de las interpretaciones como la verdad revelada. Por el contrario, da -y tiene que dar- lugar a polémicas y debates para tratar de llegar a la mayor aproximación posible a lo verdaderamente acontecido.

La visión de la historia propuesta en éste trabajo es, en primer lugar, crítica de gran parte de los textos conocidos hasta el presente porque no han sabido encontrar una visión totalizadora de los procesos desencadenados en la región, se han acomodado a los intereses predominantes en la sociedad o directamente los han asumido como propios. Cuál es la visión crítica que puede tener un representante de los sectores beneficiados con el despojo de las tierras a los selk´nam cuando se analiza ese período; o de un miembro de la Iglesia cuando se evalúa la imposición forzosa de una religión, costumbres y pautas de vida extrañas y que contribuyeron al proceso de extinción de la población autóctona.

Por otro lado, la historia no puede circunscribirse a un detalle de los hechos institucionales que, en definitiva, no son otra cosa que la manifestación más visible y superficial de la lucha de intereses contrapuestos que siempre está presente en la evolución de una sociedad.

En oportunidades, la terrible influencia que tiene el mercado mundial ha decidido, en los últimos siglos, la suerte de regiones enteras del planeta, que han prosperado o se arruinaron en función de la oferta y la demanda y del nivel de los precios internacionales o se han cuestionado (o cambiado) soberanías y desatado guerras por los beneficios que arrojó una determinada producción o recurso natural. Bolivia perdió su salida al mar, a fines del siglo pasado, por “la guerra del salitre” y la rentabilidad fenomenal que dejó ese mineral que pasó a manos de chilenos (anexó parte del territorio boliviano y peruano) y británicos (que explotaron el recurso luego de propiciar la guerra) Podría imaginarse la incursión de europeos en nuestra región si no hubiera existido una importante demanda mundial y buenos precios por los cueros de lobos marinos o el aceite de ballena, por el oro o la lana de las ovejas implantadas.

En ocasiones, la orientación gubernamental puede producir cambios que se vierten sobre toda la estructura productiva y modifican la relación de fuerzas entre los grupos dominantes. Es el caso de la particular visión geopolítica de los militares en el poder, que establecieron la Ley 19640 y generaron un proceso de inversiones y afluencia de mano de obra que transformó la vida fueguina.

Tampoco, puede limitarse el análisis ante la arbitrariedad de las fronteras; cuando desde su inicio la historia fueguina y de la región estuvo estrechamente vinculada a su centro más desarrollado (Punta Arenas) y aún hoy ejerce una importante influencia.

Abordar la historia del Movimiento Obrero fueguino no puede estar exento de todos esos factores económicos, políticos y sociales que se desencadenan a partir de las iniciativas de los grupos dominantes. Pero, en ocasiones, la resistencia o enfrentamiento de los trabajadores con la política oficial pueden producir cambios, desvíos de ruta y obstáculos insalvables para los que encarnan el poder estatal.

Por otro lado, como todo sector social oprimido, los trabajadores van generando procesos sociales, formas organizativas y conductas de sus líderes que tienen una dinámica propia. Ese proceso histórico particular también genera distintos intereses y puntos de vista divergentes en la sociedad. Pero, más allá de estas interpretaciones y posibles polémicas, los pequeños y grandes acontecimientos que generan los trabajadores desde los socavones de las fábricas y obradores, desde las escuelas y oficinas merecen no sólo ser evaluados sino también que queden documentados, para que la historia no la escriban sólo los que ganan y que la otra historia; con sus sacrificios y sus broncas, con sus triunfos y derrotas, con sus mártires, traiciones y héroes anónimos; gane el espacio que merece en la posteridad.

CAPITULO I

La expansión de la economía medieval llevó a desarrollar la navegación aceleradamente. Las primeras motivaciones europeas para alcanzar las costas americanas apuntaron a la apertura de nuevas rutas hacia el oriente. Luego, la exploración de regiones desconocidas y los tesoros conquistados despertaron la fantasía de los hombres blancos de acceder a fabulosas y rápidas fortunas, y acicatearon la codicia de infinidad de aventureros.

Como prueba de ello, tres décadas después de la llegada de las naves de Cristóbal Colón a tierras americanas, la expedición de Hernando de Magallanes navegó por las aguas del estrecho en busca de una ruta hacia las islas Molucas, famosas en la época como centro de comercialización de las especies, tan demandadas por los europeos.

El descubrimiento de la conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico, incentivó el tránsito por las aguas magallánicas y las exploraciones de las zonas aledañas.

En 1584, Pedro Sarmiento de Gamboa funda “Nombre de Jesús”, un efímero intento de radicar una población en la zona próxima de la actual Punta Arenas. El trágico fracaso de este intento hizo que por varios siglos se desistiera de concretar ese objetivo.

En 1826, Fitz Roy hace la primera incursión europea por el canal de Beagle. En las décadas posteriores se inicia la caza de lobos marinos y ballenas; mas tarde, la “fiebre del oro” aporta lo suyo para la instalación de los primeros asentamientos estables de la zona magallánico -fueguina.

Militares chilenos erigen Fuerte Bulnes, en 1843, el antecedente directo de Punta Arenas, que se fundará seis años después. Esta localidad comienza rápidamente a prosperar y a convertirse paulatinamente en el centro económico de la región.

Pero, el gran salto económico se produce con la creciente demanda de lana para abastecer a la industria textil europea. Así, comienza a experimentarse la incorporación productiva de zonas marginales para la explotación ovina. Tras una experiencia exitosa en las islas Malvinas, toda la zona patagónica comenzó a estar en la mira de los británicos como un terreno apto para abastecer a sus hilanderías de hebras lanares.

Al compás de la sinfonía instrumentada en los grandes centros económicos europeos comenzó la invasión blanca de nuestra región. Se fundaron estancias de una extensión incomparable en el mundo, se llenaron las pampas patagónicas de millones de ovejas y, fruto de ello, se ejecutó un nuevo acto del genocidio americano que ya había afectado a setenta millones de indígenas y a no menos de veinte millones de africanos traídos al continente como mano de obra sustituta de la población nativa exterminada.

Los nativos fueguinos desconocían el concepto de la propiedad privada de tierras y animales importada por los europeos. En su cosmovisión la naturaleza estaba al servicio de todos y les resultaba incomprensible entender el sentido de un alambrado o que alguien fuera propietario de animales. Este aporte “cultural” europeo fue fatal para el nativo.

La práctica habitual de matar animales para su sustento fue tomada como un desafío intolerable por los Menéndez y los Braun, y comenzaron a ejecutar el capítulo final de la tragedia genocida.

Con el aval y la asistencia gubernamental, dan comienzo a la captura de indios para enviarlos a las misiones salesianas. Otros estancieros cotizaron orejas, pechos y cabezas indígenas para incentivar su caza y eliminación.

Las ambiciones de los buscadores de oro fueron antagónicas con la concepción aborigen de la libertad; los cazadores le impusieron el trueque de cueros y pieles por alcohol y baratijas, luego simplemente por balas. Los religiosos les impusieron culturas y creencias extrañas y facilitaron su descomposición social.

Las mujeres nativas fueron víctimas de violaciones y de la trata de hembras o inducidas a la prostitución. El alcoholismo se convirtió en una válvula de escape de tantos sufrimientos y ganó hasta tal punto a los nativos que, según cuentan Ricardo Rojas y otros deportados políticos, llegaban a trocar por alcohol a sus hijas adolescentes, que eran prostituidas salvajemente (1)

Los virus y bacterias introducidos por los blancos hicieron el resto, los organismos de los aborígenes no estaban preparados para recibirlos y no tuvieron tiempo para preparar defensas y anticuerpos. Tuberculosis, tifus, sarampión, influenza, etc. dejaron diezmadas a la población nativa fueguina. Los antibióticos llegaron demasiado tarde para ellos.

La conquista

En 1865 se estableció el contacto marítimo regular con Europa y a partir de esa fecha numerosas empresas internacionales se instalaron en Punta Arenas. Esta localidad, se convirtió en el lugar obligado de aprovisionamiento de leña, agua y alimentos para los numerosos navíos que utilizaban el único pasaje existente entre el Atlántico y el Pacífico.

Desde Santiago se incentivó la instalación de inmigrantes en Magallanes. Las actividades se diversificaron y multiplicaron: aprovechamiento de las arenas auríferas, salvamento de cargas de buques náufragos, caza de lobos marinos, extracción de cobre y carbón, explotación de madera y de ganadería ovina, y finalmente, instalación de astilleros, bancos, casas comerciales y frigoríficos. Toda esa acumulación de capitales (fruto de tasas de ganancias muy altas) permitió que la ocupación de las praderas para la explotación ganadera estuviera bien solventada por ese proceso previo.

Punta Arenas se convierte en el centro económico que influye sobre toda la región. Desde allí, se gestaron las ocupaciones de las tierras fueguinas y santacruceñas como si fueran el patio trasero de la ciudad magallánica.

El portugués José Nogueira es quien alcanza primero una importante fortuna. Las últimas décadas del siglo pasado, van estableciendo los vínculos económicos y familiares entre los nuevos ricos magallánicos.

Nogueira se asocia con Elías Braun, y una de sus hijas (Sara) será la segunda esposa del portugués. Esta sociedad será la precursora de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que luego se convertirá en la mayor propietaria de tierras de la región.

Braun se asocia también con el acaudalado comerciante Blanchard para dedicarse al negocio naviero. Sara Braun al fallecer Nogueira (en 1893) heredará todas sus posesiones.

La otra vinculación familiar se concretará entre el hermano de Sara, Mauricio, quien se casará con Josefina, hija de José Menéndez.

“Las concentraciones se efectivizaron utilizando todos los caminos posibles, fundamentalmente mediante testaferros. Tanto la ubicación de los terrenos como las formas de tenencia fueron variadas; en este último caso, reunió tierras en propiedad, arrendamiento e incluso ocupación de hecho. El mismo Braun reconoce la formación de establecimientos, exclusivamente con ocupaciones de hecho, organizados de la siguiente manera: él aporta el capital destinado a la compra de hacienda y a la construcción de las instalaciones, el supuesto socio figura como titular de la empresa y se encarga de la explotación, en calidad de habilitado, situación que le permitirá, a los años, transformarse en socio.”(2)

Con esta metodología non sancta, estos grupos económicos familiares alcanzaron extensiones inéditas de territorio en la región.

Los Braun llegan a acaparar un millón y medio de hectáreas sólo en Santa Cruz, además de las tierras que se habían apropiado en Chubut, Tierra del Fuego y Magallanes. En Tierra del Fuego, la acumulación de tierras tuvo como exponentes al grupo Braun Menéndez con 815 mil hectáreas de las cuales 245 mil eran fiscales, Bridges y Reynolds con 120 mil que incluyen a 70 mil fiscales, y José Montes con 120 mil y 70 mil fiscales (3).

“En 1920, en la época en que se van a iniciar las huelgas de Santa Cruz, Mauricio Braun, hijo de aquel Elías Braun, poseía en Sociedad con su hermana Sara Braun la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego que llegó a disponer de 1.376.160 hectáreas. (En 1958, las superficies en explotación eran de 934.116 en propiedad en Chile y 313.952 en Argentina. Las tierras arrendadas en la Tierra del Fuego sumaban 572.950 hectáreas. Es decir, 1.857.017, de las cuales 1.284.067 del dominio privado.) (...) Pero Mauricio Braun no sólo poseía toda esa tierra sino mucho más. A principios de siglo ya era propietario de la Compañía Minera Cutter Cove, de explotación del cobre; del Banco de Chile y Argentina, con sucursales en las poblaciones de portuarias santacruceñas: Río Gallegos, Santa Cruz y San Julián, y la casa matriz en Punta Arenas. De ahí pasa a la propiedad de los frigoríficos de la Sociedad South American Export Syndicate ltd. con planta en Río Seco, Punta Arenas y luego en Puerto Deseado y Río Grande, en la Argentina, y los de Puerto Sara, Puerto Bories y Puerto Natales, en Chile. Funda además la compañía de seguros La Austral, y participa de la compañía telefónica de San Julián, la compañía de electricidad de Punta Arenas y la usina eléctrica de Puerto Santa Cruz. Aparte poseía la curtiduría La Magallanes fábrica de calzados y la Sociedad Explotadora de Lavaderos de Oro” (5).

Resistencia aborigen

El proceso avasallante de acaparamiento de tierras vírgenes fue acorralando a los onas hacia las zonas boscosas y montañosas, rompiendo con su tradicional método de subsistencia y organización territorial.

El antropólogo José María Borrero señala en ese sentido: “Los selk´nam, por el modo de vida que tenían, básicamente necesitaban espacio. Si no lo tenían, era imposible para ellos llevar adelante su modelo de organización social. Cuando empiezan a quedar recluidos, sin espacio, cuando las estancias están ocupando la mayor parte del espacio que ellos previamente usaban para cazar, empiezan a superponerse los territorios de caza de distintos grupos indígenas y empiezan a pelearse entre sí. Es una reacción ante su restricción espacial. Se combina terriblemente la acción de los patógenos externos, la quita del espacio y la guerra interna, que termina siendo lo que corona el proceso de desintegración cultural, primeramente, después, prácticamente la eliminación física” (4).

En este cuadro de situación y con desventajas abismales los nativos trataron de resistir dentro de las posibilidades que tenían.

“Los ovejeros tenían orden de ahuyentarlos hacia el interior, pero éstos (los selk´nam) insistieron en su lucha por posesionarse de los animales, lo que hacían en las noches, amparados por la oscuridad” (7).

El autor relata los sucesos posteriores, en la última década del siglo pasado “se fueron acorralando a los onas tierra adentro. Los cuidadores de los intereses de la firma formaron turnos de vigilancia con para impedir que el ganado fuera robado; pero todo esfuerzo por mantener libre de indios la zona, fue en vano. Los mil quinientos aborígenes que poblaban la isla arremetían contra los rebaños en grupos que en ocasión llegaban al centenar, originándose una lucha crucial entre ambos grupos”(7).

El gobierno chileno fue precursor en alentar el asentamiento de explotaciones agropecuarias en el extremo sur de su territorio. En 1893, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego se benefició con una concesión de más de un millón de hectáreas, copando prácticamente la totalidad de las tierras aptas en el vecino país. “La lucha entre hacendados y fueguinos llegó a un punto crucial. Muchos onas emigran al lado argentino sur, donde todavía el gobierno argentino no entregaba las tierras... Pero la lucha era inútil. El fueguino acorralado en las cordilleras con fríos y nieves, tenía que subsistir; el hambre los acorralaba; la caza del guanaco les era vedada; así es que su única solución era burlar la vigilancia y robar” (7).

La resistencia duró poco. La dramática confrontación de dos sociedades desproporcionadamente desarrolladas eliminó al más débil y una nueva conquista se consumó.

Luego, los pocos sobrevivientes de ese “encontronazo” de dos mundos pasaron a ser asimilados como peones rurales y participarán activamente de las movilizaciones que se llevarán a cabo en los comienzos de la década del veinte, en forma coincidente con las luchas obreras de Punta Arenas, Puerto Natales y Santa Cruz.

Grandes y medianas estancias

Luego del aniquilamiento aborigen, la explotación agropecuaria se fue expandiendo hacia zonas hasta ese entonces marginales dentro de la isla, incorporándose en forma precaria el aprovechamiento del bosque fueguino. En 1905, la cantidad de cabezas ovinas alcanza el millón y medio. Por otro lado, la evolución de la calidad y los rindes se manifiesta en la incorporación de la raza Lincoln (que ofrecía vellones de hasta seis kilos) y Corriedale (que aportaba al doble propósito de obtener buenos rendimientos en carne y lana) ya en la primera década de éste siglo.

La modalidad productiva regional generaba tasas de ganancias notables pero no incentivaba la necesidad de atraer a la zona grandes contingentes humanos. “Debe notarse, a los efectos pobladores, que la cría de la oveja no exige una planta funcional humana muy numerosa, salvo en época de esquila. De ahí que el esfuerzo colonizador fuera sobrellevado por pocos, y una vez saturadas las necesidades ganaderas, industriales y comerciales de las estancias, sobrevinieron períodos de estancamiento poblador, transitoriamente modificados por afluencias golondrina atraídas por la esquilada” (3).

La expansión de la explotación ovina y los buenos resultados obtenidos en la comercialización exterior produjeron una rápida acumulación primitiva de capital que fue generando la necesidad de inversiones aleatorias que canalizaran esos recursos económicos.

Así, José Menéndez instaló la Grasería y Fábrica de Conservas (1906) con un costo de cincuenta mil libras esterlinas y faenaba diariamente unos mil quinientos animales (6). Luego, los Menéndez Behety habilitan el Frigorífico de Río Grande (1916) que llegó a concentrar hasta ochocientos operarios en sus momentos de apogeo donde se procesaban carnes ovinas, producían conservas, extracto de carne y se curtían cueros. En 1918, se concreta la primer exportación de carne congelada hacia Inglaterra.

La mano de obra debía contratarse en Buenos Aires o en Punta Arenas, a los interesados debían ofrecerle condiciones de trabajo y sueldos atractivos para tentarlos a aventurarse en lugares tan inhóspitos.

“El personal, ya sea peones, capataces o empleados, está alojado en confortables casas -habitación (...) Se han terminado en este año 1920, dos grandes y espaciosas casas destinadas una para alojamiento de peones (capacidad 200 hombres) y otra con destino exclusivo a comedores y cocina para 400 hombres, contando este edificio con una excelente panadería, servicios de drenaje, dormitorios para cocineros y mozos, estando sus pisos construidos de cemento armado e iluminado con luz eléctrica, y puede considerarse una construcción modelo en su género” (8).

Por otro lado, el magnetismo de la prosperidad fue impulsando a nuevos contingentes de ganaderos que hicieron avanzar la frontera agropecuaria hacia el interior fueguino. Así, se incorporaron los medianos y pequeños estancieros que ocuparon tierras vírgenes a partir de diversas normas que lo consintieron en forma casi irrestricta.

La región fue ocupada “por gente que ha nacido para obedecer y otros que se han hecho ricos porque son fuertes por naturaleza. Y allá, fuerte quiere decir casi siempre inescrupuloso. Pero es que tienen que ser así: la Patagonia es tierra de hombres fuertes. Allí la bondad es signo de debilidad. Y a los débiles los devora el viento, el alcohol o los otros hombres. Esos blancos que han ido a conquistar la Patagonia, así, con todos sus defectos, son pioneros. Allá llegaron, allá organizaron, se plantaron y allá comenzaron a cosechar la riqueza con el cucharón de la abundancia. El que se queda y aguanta y además no es flojo de sentimientos, se enriquece. Sin ayuda de nadie. Y por eso creen ser dueños de toda la región. ¡Guay de los que quieran quitarles lo que es suyo, lo que conquistaron luchando contra la naturaleza, la distancia, la soledad!” (5).

(1) Ushuaia 1984 -1994, Segunda Parte, Historia inicial. Los asentamientos indígenas. Luis Orquera y Ernesto Piana.

(2) Elsa Mabel Barbería. Los dueños de la Patagonia Austral. Todo es Historia, Nº 318, enero 1994.

(3) Expediente de Tierras 7018, citado por Juan Belza en su libro En la Isla del Fuego.

(8) El Frigorífico de Río Grande. Revista Argentina Austral, Nº 433. Juan Rodolfo Raca.

CAPITULO II

Los primeros intentos

Inmigrantes insumisos

La influencia alcanzada por Punta Arenas no tuvo sólo manifestaciones en el orden económico, también produjo una fenomenal influencia en la incipiente organización obrera y en las primeras expresiones de rebeldía y descontento de los asalariados.

La zona magallánica chilena recibió una afluencia notable de inmigrantes de origen europeo. Este continente, a fines del siglo pasado, vivía una inestabilidad política constante, conflictos de nacionalidad oprimidas y confrontaciones sociales diversas. Además, las ideologías que tenían como sujeto social al movimiento obrero estaban en un constante crecimiento y generaban debates y polémicas permanentes. Así, surgieron y se difundieron el anarquismo, el marxismo, la socialdemocracia y el comunismo.

Como reflejo de ese intenso proceso social, los inmigrantes, además de sus escasas pertenencias, transportaban muchas de esas concepciones hacia sus nuevos destinos americanos.

El mutualismo fue una de las primeras manifestaciones del influjo europeo en la zona magallánica. En 1893, surge en Punta Arenas la primera entidad mutual que agrupó a los inmigrantes de origen portugués. Dos años después, se nuclearon los españoles e italianos. Luego, continuaron asociándose austríacos, franceses, alemanes, británicos, croatas, suizos y árabes (1).

Las mutuales también adoptaron un carácter de incipiente organización gremial, dado que permitió la creación de entidades que agruparon a carpinteros (1904), empleados de comercio, fogoneros y marineros (entre 1909 y 1914) (1).

Casi simultáneamente a los comienzos de la vida gremial reivindicativa en las grandes ciudades argentinas se dieron los primeros pasos en la zona magallánica. El historiador Marcelo Segall no dudó en calificarlo como “el más importante proceso de lucha social de América Latina”.

El 7 de abril de 1896 ya se produjo una huelga, “cuando los obreros que se dedicaban a la construcción de lanchas cisternas iniciaron un movimiento de tres o cuatro días solicitando un incremento de sus salarios de sus abonos diarios” (2).

El 27 de diciembre de 1896 se crea la Sociedad Obrera y tres meses después se convierte en Unión Obrera., que como muestra de su espíritu internacionalista obrero celebra el 1º de mayo de 1897 “a sólo 11 años de la tragedia de Chicago, con asistencia de gran número de sus miembros y algunos invitados” (3).

En diciembre de 1897 surge “El Obrero” que fue editado como “órgano de la Unión Obrera y defensor de los intereses de la Clase Trabajadora”. Este periódico a partir del número 10 se transforma en el “órgano del Partido Socialista de Punta Arenas”.

Luego, surgen organizaciones que van a tender a agrupar a los distintos oficios existentes en la ciudad, a los albañiles (1902), panaderos (1905), metalúrgicos (1905) y empleados de comercio.

El siguiente paso es el de organizar al conjunto de los trabajadores, así surge el Centro Social Unión Internacional de Obreros y Trabajadores (1909). En 1911, se implantan las bases de la legendaria Federación Obrera de Magallanes (FOM) y aparecía su órgano gráfico “El Trabajador”. También nace el “Centro de Resistencia Oficios Varios”, con posturas mucho más radicalizadas y llamando permanentemente al levantamiento general del pueblo (2).

Así describen algunas de sus primeras actividades: “Se inició una activa propaganda de organización en las diversas regiones de Patagonia y Tierra del Fuego, captándose gran cantidad de socios por el malestar existente debido a las condiciones deplorables en que vivían los trabajadores” (2).

“Tomemos al azar una de las estancias para detenernos a ver las condiciones en que viven sus trabajadores; Bahía Inútil de la Sociedad Explotadora, por ejemplo, en la isla de Tierra del Fuego.

Las habitaciones que esta estancia destina a sus trabajadores son los establos en que guardan los caballos durante el invierno; son ellas sucias, mal olientes, llenas de estiércol, sin forro por dentro y llenas de aberturas por donde se cuela el viento portador de bronquitis, pulmonías, constipados y otras enfermedades derivadas del cambio brusco de aire; el patio que rodea estas habitaciones, si es que pueda dárseles tal nombre, está llano de lodo, estiércol y desperdicios de comida, que fermentan con los calores del verano haciendo en los días de calma, una atmósfera asfixiante difícil de respirar. (...) El trato que dan a los trabajadores los capataces y demás empleados superiores es autoritario, humillante, sobre todo para los chilenos a quienes quieren afrentar llamándoles chilotes, esto es, según ellos, indios; no hay en ellos el tono del jefe que manda sino del amo que ordena y a quien hay que obedecer sin replicar...” (4).

También la organización obrera tuvo particularidades interesantes. Según un informe publicado en un diario de Santiago, La FOM organizativamente estaba dividida en cinco zonas; en cada una de ellas se nombraba un inspector viajero y en cada estancia un delegado obrero. Los delegados eran elegidos por los trabajadores y percibían un sueldo de la entidad gremial. Tenían como misión hacer cumplir los contratos colectivos de trabajo por parte de los patrones y obreros. Los delegados eran elegidos de entre los más preparados, cultos y de más recto comportamiento. Debían fiscalizar que no se despidieran asalariados, que tuvieran comida, alojamiento, etc. En tanto, los inspectores viajeros vigilan la conducta de los delegados en las estancias y dan cuenta a la FOM de las irregularidades que observen tanto obreros como patrones (2).

Las primeras huelgas magallánicas

En la segunda década de este siglo, comienza a agitarse el campo gremial a partir de un inusitado crecimiento de los precios de los artículos de primera necesidad. En febrero de 1912, se lleva a cabo una concentración de protesta en cuya proclama se sostiene que “La burguesía nos sitia por hambre, mientras ella derrocha nuestro sudor en suntuosos festines. Es preferible a rendir la vida por la miseria, morir combatiendo a nuestros esplotadores (sic) capitalistas y a nuestros tiranos los gobernantes...”

A pesar de que la Federación Obrera no concurrió al acto, distintos sectores de trabajadores se congregaron y decidieron la convocatoria a una huelga general. Cuatro días después ya el paro era casi total.

La detención de algunos trabajadores exaltó mucho más los ánimos y movieron a la Federación a ponerse a la cabeza del movimiento. Luego de siete días de agitación se logra la fijación de precios máximos y concluye la huelga.

A fin de ese año, comienza a gestarse una huelga entre los peones rurales, que tiene su primer acto en San Gregorio, luego se extiende a la estancia Meric y a otros establecimientos.

La necesidad de difundir el movimiento huelguístico llevó a un grupo de delegados a dirigirse hacia Tierra del Fuego.

“Desafiando el mal tiempo que reinaba esa noche, lograron poner pie en la playa de Porvenir en las primeras horas de la mañana del lunes (12 de diciembre), siguiendo luego viaje unos para Río del Oro, San Sebastián y Bahía Inútil llevando instrucciones para comunicarnos a los asociados de las estancias y las demás de la Tierra del Fuego chilena y argentina” (4).

Unos días después la huelga es general y hasta el propio monseñor Fagnano intercede ante los dirigentes gremiales para que recapaciten porque “la gente deseaba trabajar”. La respuesta gremial fue que estaba “desinformado” y lo instaron a que hable ante la concurrencia. Luego “de dos horas de hablar con los huelguistas tuvo que retirarse con la convicción de que no volverían tan fácilmente al trabajo, mientras no se accediera a lo que habían pedido” (4).

La admisión por parte de los Braun de las demandas obreras allanó a la solución del conflicto y al fin de la huelga.

En 1915, con el inicio del año se desenvuelve otro proceso huelguístico con centro de irradiación en Puerto Bories. El gremio de los carniceros reaccionó airadamente ante el intento patronal de suplantar a algunos de ellos por otros traídos de Buenos Aires. La imposición de modalidades de trabajo no aceptadas por los obreros, llevó a que dos de ellos fueran detenidos y trasladados a Punta Arenas. Luego se sumarían otros detenidos.

La reacción popular fue impactante y en una movilización participaron unas tres mil personas exigiendo la liberación de los trabajadores. Al ceder los gobernantes a los reclamos populares, el proceso huelguístico se frenó.

Un gran triunfo

A mediados de 1916, se reactiva nuevamente el movimiento gremial. En julio, se declara la huelga en la mina Loreto, por la falta de pago puntual de los salarios obreros. Luego de veinte días de lucha se arriba a la firma de un convenio que satisface las demandas de los trabajadores; además del compromiso de pago del 1 al 3 de cada mes, obtienen un aumento salarial del 15%.

Este triunfo de los mineros comienza a incentivar los reclamos de obreros de otros gremios. Así, se desatan conflictos gremiales en los electricistas y los carreros.

El 1º de diciembre, la FOM difunde un documento que genera inquietud entre los empresarios de toda la Patagonia y Tierra del Fuego:

“Tened bien entendido, trabajadores, que en esta lucha, a la cual debéis aportar todo vuestro entusiasmo, toda vuestra fe, toda vuestra energía, se decidirá la suerte de los trabajadores del Territorio (...) Los ganaderos tienen ya vendidos de antemano sus productos (lanas y carnes) a los mercados europeos, y si vosotros esquiladores y trabajadores les negáis vuestro trabajo ellos perderán sus ganancias. Esperamos que cada obrero sabrá cumplir con su deber” (5) .

El movimiento huelguístico se extendió rápidamente, lo que demostraba el grado de insatisfacción de los trabajadores. Se inició en todas las estancias de la costa y centro de la Patagonia, hasta Laguna Blanca.

Tres días después, estaba paralizada toda la región de Ultima Esperanza, que se concentró en Natales, los patagónicos marcharon hacia Punta Arenas. “Las estancias de la Tierra del Fuego chilena y argentina están de paro, los trabajadores se encuentran en Porvenir y otros han venido ya en los vaporcitos que han pasado por allí. Este movimiento de suspensión de trabajo ha sido simultáneo en toda la región y se ha llevado a cabo con el mayor orden y respeto a las autoridades y patrones” (6).

Una de las cuestiones que más indignaba a los trabajadores era que “el más grande de los ganaderos, don Mauricio Braun, ha encarecido la vida en general de la población en un 40%” (7).

En el transcurso del prolongado conflicto los trabajadores tuvieron que enfrentar a rompehuelgas traídos por los Braun desde Buenos Aires y la intimidación ejercida por los efectivos uniformados que, además de reforzarse con tropas de otros lugares y asociarse con sus colegas argentinos para enfrentar el movimiento, se instalaron en las estancias para “resguardar el orden”.

Por otro lado, también se movilizaron las mujeres de los trabajadores con sus hijos en diversas ocasiones.

La huelga se prolongó hasta el 18 de enero, donde se alcanza un acuerdo que se formaliza a través de un convenio colectivo de trabajo y signa uno de los primeros grandes triunfos de las luchas obreras de la región.

Primeros enfrentamientos

La carestía de la vida generó otro proceso de luchas obreras en 1918. En diciembre se suceden conflictos en el frigorífico de Puerto Natales, por aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo, y en el gremio de Gente de Mar y Playa en Punta Arenas.

Estos conflictos generaran la agitación suficiente para que la FOM promueva una campaña por la conquista de las ocho horas de trabajo. En ese marco, se produce un allanamiento a la sede gremial y son detenidos tres de sus dirigentes, lo que acrecienta el clima de tensión.

Uno de los actos gremiales fue reprimido por efectivos de Carabineros y de la Marina que produjo la muerte del obrero Daniel Avendaño y otros siete heridos de gravedad.

Esto agravó mucho más la situación y obligó a las autoridades a negociar con los gremialistas. Para allanar el camino, se liberó a los detenidos y el 1º de enero se llega a la firma del convenio que puso fin al conflicto.

La comuna de Puerto Natales

En enero de 1919, ocurre uno de los primeros enfrentamientos con un alto grado de resistencia de parte de los obreros a la represión policial. Los trabajadores movilizados no sólo doblegan a los uniformados, sino que ocupan la ciudad de Puerto Natales.

A seis kilómetros de esa localidad se encuentra Puerto Bories, donde su frigorífico (propiedad de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego) se convierte a partir de su creación (1914) en la más dinámica industria de la zona.

En diciembre del 18 se decretó la huelga general en el establecimiento en demanda de incremento de los salarios del alrededor de un millar de obreros ocupados allí. Finalmente, se llegó a un acuerdo, pero la situación conflictiva no varió.

El 20 de enero, a partir de un reclamo de los maquinistas ferroviarios, se plegaron todos los trabajadores, quienes se reunieron en una asamblea masiva y aprobaron sus reivindicaciones: ocho horas de trabajo y reincorporación de veinte carpinteros que habían sido cesanteados tiempo atrás, además estipularon un plazo de 24 horas para una respuesta de la patronal.

Cuando los propietarios accedieron al reclamo, la asamblea obrera incorporó otras demandas adicionales: abaratamiento de los artículos de primera necesidad y de los alquileres.

En medio de los debates, se llegó a proponer el incendio de la sede de la empresa Braun y Blanchard, si no se recibía una respuesta definitiva en 24 horas. Ante semejante grado de presión, el representante de los empresarios acepta el total de los reclamos obreros.

Se acuerda una rebaja del 30% de los productos de consumo, del 40% de fletes y pasajes, entre otros puntos. Así, tres días después finaliza el conflicto en el Frigorífico Natales.

Pero, en Puerto Bories, la situación se agrava. Una disputa entre un trabajador que reclamaba por el pago de su trabajo de pintura y el administrador inglés que se negaba a hacerlo, derivó en un tiroteo con el ejecutivo herido de gravedad.

El enfrentamiento duró seis horas y se fueron incorporando carabineros y el resto de los obreros, el resultado: 4 obreros y 4 carabineros muertos, y 21 heridos.

Cuando se enteran en Natales, los obreros abandonan sus tareas y van en busca de armas para cobrar venganza por la sangre obrera derramada.

Asaltaron la casa Braun y Blanchard para proveerse de armas, incautarse de todos los víveres existentes y después incendiarla. Idéntica acción se desencadenó contra el cuartel de Policía y el Juzgado.

En una asamblea posterior, los trabajadores se reunieron en el local de la Federación Obrera, donde se acercó la Cruz Roja con una nota del subdelegado que ofrecía a la entidad hacerse cargo de la vigilancia de la ciudad para restablecer el orden. La respuesta de los obreros fue que debían previamente ser encarcelados todos los carabineros.

Los carabineros y la infantería de marina van ocupando posiciones en la ciudad y unos días más tarde, arriba el juez y ordena la detención de 22 protagonistas de los sucesos.

La escalada de conflictos hizo que las autoridades vivieran los hechos con un alarmismo inusual. El gobernador de Punta Arenas remitió a la Gobernación santacruceña un alerta: “Después de incendiar el establecimiento de Bories y media población de Natales, un ejército de 500 obreros armados y en actitud revolucionaria, se dirigían hacia las fronteras argentinas, camino de Gallegos, con el exclusivo objeto de llevar a cabo una revolución social en el expresado pueblo de Gallegos” (8).

Este hecho y otros similares, pusieron en evidencia la estrecha colaboración existente entre las autoridades a ambos lados de la cordillera con el fin de enfrentar los reclamos y movilizaciones obreras.

Estos acontecimientos merecieron la siguiente reflexión del historiador chileno Luis Vitale: “los sucesos de Puerto Natales merecen especial consideración, porque los trabajadores, por primera vez en el siglo XX, fueron capaces de tomar el poder local durante varios días”.

La masacre en la Federación Obrera

Las convulsiones sociales, a pesar del desenlace del proceso anterior, se prolongaron hasta los primeros años de la siguiente década. En 1920 se suceden conflictos en el gremio de mar y playa, mineros y en la isla Dawson.

La nueva oleada huelguística despertó la reacción de los poderosos, quienes aprovecharon un posible conflicto chileno - peruano para volcar el patrioterismo en contra de los reclamos obreros.

Esta polarización social generó intranquilidad entre los sindicalistas, quienes comenzaron a custodiar la sede de la FOM en prevención de posibles ataques reaccionarios.

El 25 de julio los empresarios, funcionarios civiles y militares y sectores patrioteros organizaron un acto donde en los discursos se incentivó el odio a las movilizaciones de los trabajadores. Sus referentes señalaron en sus discursos conceptos como: “quieren el comunismo anárquico (...) Que en Chile estas ideas no hacen base y que hoy como ayer, si el caso llegare, tanto el pueblo como las instituciones armadas demostrarán una vez más el lema de Chile: Vencer o Morir”.

Dos días después, la polarización se traducía en un operativo cívico militar contra la entidad más representativa del Movimiento Obrero magallánico.

En horas de la madrugada, un numeroso piquete de policías, militares y civiles, algunos de ellos autodenominados guardias blancos, atacaron la sede sindical para arrasar con vidas y bienes. Según testimonios recogidos por Vega Delgado se trataba de unas sesenta personas que desataban toda su furia contra ese legendario símbolo de la lucha obrera.

Entre los objetivos del grupo estaba la destrucción de la imprenta obrera, que durante años permitió la comunicación, la concientización y la organización de diversos sectores obreros de la región.

No sólo se estableció una “zona liberada” en las inmediaciones de la sede de la FOM, sino que además se cortó el agua para impedir que se combata el incendio desatado, efectivos policiales perfectamente identificados obstaculizaron el accionar de los bomberos que acudieron al lugar y se los intimidó para retocar el informe escrito. Por otro lado, también se cuestionó la cobertura periodística del diario El Magallanes que durante cuatro días silencio estos trágicos sucesos.

El único periódico que informó sobre éste atentado fue The Magellan Times, que hizo la siguiente descripción:

“El lunes en la mañana, un poco antes de las tres de la madrugada, la ciudad entera fue alarmada por el estallido de descargas de rifle. Esto continuó en ráfagas y disparos por más de media hora, cuando el edificio de la Federación Obrera fue visto en llamas. El fuego se extendió rápidamente y para cuando la alarma de incendio fue dada, otra media hora después, el vecindario completo estaba iluminado como un mediodía.

El daño causado fue la más completa destrucción del local de la Federación Obrera, la sala del cinematógrafo, la imprenta y tres casas contiguas. (...)

Parece que un gran cuerpo de hombres enmascarados atacó el local de la Federación con la idea de destruir la imprenta, a causa de los artículos anárquicos y anti -patrióticos recientemente publicados en su periódico quincenal “El Trabajo”.

Los trabajadores, que probablemente estaban esperando el ataque, tenían una guardia armada de unos veinte hombres, preparados para recibir el asalto y la resistencia fue tan desesperada que la guardia sólo fue reducida cuando el edificio estalló en llamas. (..)

Tres cadáveres carbonizados fueron recobrados de las ruinas, uno de los cuales fue identificado como Juan Enríquez, de nacionalidad española, los otros dos, tanto como el cadáver de otro hombre que fue hallado, no han sido identificados. No se ha descubierto quienes y cuantos fueron los baleados, pero en la Cruz Roja se consigna que fueron atendidos catorce obreros.

Temprano en la tarde se produjo un ataque al taller de impresión del periódico “El Socialista”, que también es publicado quincenalmente y la máquina e instalaciones fueron destruidas.

A la mañana siguiente fue declarada una huelga general, pero todos los intentos por realizar una reunión pública, por parte de los huelguistas, fueron impedidos por la policía y patrullas de policía montada y carabineros que no permitieron que ninguna manifestación tuviera lugar.

Durante la noche numerosas patrullas, armadas “hasta los dientes”, protegieron la ciudad de cualquier ataque que pudiese ser organizado por el sindicato, en revancha, aunque se cree que la mayoría de los líderes están arrestados. Todo establecimiento industrial, incluyendo los talleres de impresión de periódicos, fueron cerrados y lo mismo ha ocurrido de nuevo hoy día, con la excepción de nuestro taller que parece haber sido vigilado. Tenemos la impresión que las cosas se calmarán dentro de uno o dos días y que los trabajadores volverán a sus labores” (9).

La reacción obrera no se hizo esperar, una movilización de unas 400 personas expresaron su repudio a la barbarie. Pero mientras los trabajadores buscaban organizar la protesta, la policía buscaba completar la tarea de los agresores intentando detener a los principales dirigentes obreros, que se encontraban prófugos.

Este operativo generó una oleada de persecuciones contra el movimiento gremial; por ejemplo, en una mina de la Compañía Menéndez Behety se intimidó a los obreros que paralizaron sus actividades a ser expulsados si no cesaban en la medida. Luego, la patronal convocó a la policía y con una “lista negra” en la mano, el capataz general indicó las habitaciones de cada uno de los trabajadores que no eran de su agrado para que sean retirados del lugar. Muchos obreros huyeron hacia el monte, expuestos a una nevada, para evitar que la “caza de brujas” se descargue sobre ellos.

Esta tragedia, tuvo una investigación inconsistente de parte de la Justicia. En setiembre de 1921 el proceso fue cerrado por el procurador fiscal.

El veredicto popular apuntaba a la cúpula policial y militar de la región como los responsables materiales de los crímenes y a los grandes empresarios como los inspiradores de esa barbarie.

Con posterioridad a esos trágicos hechos se sucedieron otros similares nunca esclarecidos. Se sucedieron varios crímenes de obreros y algunos casos de desaparecidos, todos rodeados de un manto de misterio y complicidad por parte de los funcionarios policiales y judiciales.

Estos hechos tenían el evidente propósito de aplastar al heroico sindicalismo magallánico y generar pánico con semejante accionar terrorista.

(2) Carlos Vega Delgado, “La masacre en la Federación Obrera de Magallanes”.

(3) Crónica de El Magallanes del 6-5-1897, citado por Carlos Vega Delgado, en su libro.

CAPITULO III

La peonada rebelde

Prosperidad para pocos

El extremo sur del continente vivió un proceso influenciado en gran medida por el dinamismo de la organización obrera magallánica.

El desarrollo económico de Punta Arenas la convirtió en un polo influyente en toda la región. En esa ciudad se establecieron las casas matrices de los principales estancieros y comerciantes; la actividad portuaria se diversificó y creció a paso redoblado; las primeras instituciones financieras regionales surgieron en esa plaza; casi simultáneamente con las ciudades más progresistas de Latinoamérica se difunden los servicios domiciliarios de electricidad, agua potable, telefonía, etc.

La prosperidad se fundamentó esencialmente en la explotación del ganado lanar para abastecer al ávido mercado mundial. Esa actividad generaba utilidades notables, y ese motor capitalista se tradujo en una desesperada ocupación de los espacios por parte de los precursores.

Desde el centro a la periferia, desde “La Perla del Sur” hacia los campos fueguinos y santacruceños, todo obstáculo fue derribado al paso de la obsesión por acaparar tierras. Los primeros ganaderos se convirtieron en los terratenientes con mayores posesiones de América.

Ellos llegaron antes que las instituciones estatales, por esa razón, primero, impusieron “su ley” y, luego, plantearon condiciones inflexibles a los débiles exponentes del poder central. Los delegados estatales poco a poco se fueron convirtiendo en sus aliados, amigos y socios. Uno de los ejemplos más destacados es el del gobernador Edelmiro Correa Falcón, quien al mismo tiempo fue nombrado secretario de la Sociedad Rural de Río Gallegos.

Cómo si todo esto fuese poco, su poderío se extendió hacia Buenos Aires, donde trasladaron más tarde sus casas matrices, y encontraron una “receptividad” especial en su juego de influencias, presiones y lobbies para legalizar sus posesiones, preservar sus negocios y mantener un dominio inexpugnable en la región patagónica -magallánica.

“En Buenos Aires nadie conoce bien el Territorio, a excepción de los Menéndez Behety que lo explotan. En la gente de gobierno y en los particulares existe un desconocimiento completo de la vida de Santa Cruz. Se sabe que el Territorio produce lana y nada más (...)El manipuleo y demás no ha llamado la atención del Gobierno, encantados sus hombres con saber que salen de Santa Cruz muchos millones de kilogramos de lana, vendida en Europa a precio de oro.

“Las estancias, tributarias en su casi totalidad de los Menéndez Behety, están organizadas en sociedades anónimas. Ninguna de ellas cumple con la ley.

“Como jamás pasó por allí un inspector de justicia, se comprende cuán poco es el temor de la ley misma. Para los estancieros de Santa Cruz no existe, por lo tanto, otra ley que la que les marca su propio interés (...) El contrabando de mercaderías generales asume también proporciones increíbles. Se introduce y se exporta clandestinamente, al amparo de la falta absoluta de vigilancia y también de la misma “complicidad de la Policía del Territorio”, a la cual hasta hace pocos meses le estaba confiada la misión aduanera.

“En el Juzgado de Letras de Río Gallegos existen numerosos expedientes, originados en denuncias graves contra las principales sociedades anónimas. No escapa al número de las acusadas de defraudación al Fisco la empresa de los Menéndez Behety, (...) la “Sara Braun” y otras, están igualmente acusadas de defraudación y comprobados completamente los hechos denunciados.

“Si me he detenido en estos breves detalles sobre los contrabandos y la forma cómo proceden las sociedades anónimas de Santa Cruz, ha sido simplemente para que resalte la equivocación del gobierno al prestar a los que en realidad son “los verdaderos bandoleros del Sur” su apoyo moral y material, que permitió las “masacres” humanas de 1921, recuerdo que horroriza cada día más” (1).

En el marco de semejante grado de desproporción de fuerzas se producen los primeros intentos de organización gremial y concreción de medidas de acción directa en pos de mejorar las condiciones de vida extremas de los peones rurales y del resto de los trabajadores de la región.

“Con ese contrato (laboral) y con su exacta aplicación se ha dado lugar a que treinta y cinco hombres, que habían trabajado once horas en las cámaras frías a muchos grados bajo cero el día cinco del corriente mes, se negaran rendidos de cansancio y agobiados por la fatiga, a reanudar sus penosas tareas a las doce de la noche del mismo día, y a que el gerente, autoritario y brutal, los despidiera conjuntamente con otros cuarenta, que no quisieron substituirlos.

“Si a esta forma inicua y desconcertante de despedir a los infelices operarios se añade el descuento de ciento noventa pesos de sus haberes del único mes trabajado, (...) no hay que hacer grandes esfuerzos de imaginación para darse cuenta exacta de la situación angustiosa en que estos desgraciados quedaron (...) Añádase, para mayor ignominia, que hasta el desayuno se les negó ese día, y el cuadro trágico se completa con el espectro del hambre.” (1).

Para intentar superar tantos obstáculos y ofrecer resistencia a un poder casi absoluto, los trabajadores se dotaron de una dirigencia que predicaba mayoritariamente el ideario anarquista y que, basada en sus férreos principios y combatividad, afrontaba con un apasionamiento y una voluntad de sacrificio verdaderamente asombrosos esas dificultades.

En muchas ocasiones impusieron convenios colectivos a los estancieros y empresarios que significaron un avance notable en el mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros.

Los triunfos sindicales fortalecieron a la organización obrera hasta un punto intolerable para los estancieros. Para recuperar el poder absoluto, masacrar a mil quinientos obreros fue sólo una anécdota para los dueños de la región.

Los primeros pasos

En 1910 fue fundada la Federación Obrera de Río Gallegos. El primer movimiento huelguístico se produjo en la estancia “Mata Grande”, de Guillermo Patterson. El 15 de noviembre de 1914 llega el español Fernando Solano Palacios a la estancia inglesa como delegado de la Federación Obrera de Río Gallegos. Va hasta allí por las reiteradas denuncias y protestas de los hombres de campo.

El dirigente se presenta a Patterson y exige lo siguiente: los obreros rurales no deberán pagar más la comida, el patrón no deberá cobrar los peines y cortantes que se destruyen durante la esquila, y el pago del médico será voluntario. Además exige para los carreros la suma de 85 pesos y la comida... Los esquiladores deberán tener la comida libre” (1).

El estanciero no solo rechaza la petición sino que trata de echar al dirigente de la FORG. Palacios se resiste a retirarse, se aloja con los peones y el día siguiente se declara la huelga. Pero la Justicia actúa ante el pedido patronal y detiene y procesa a los sindicalistas. Palacios es condenado a un año de cárcel por propiciar la primera huelga de la región.

Ante la detención, el paro se extendió a todas las estancias de los alrededores de San Julián. “Las peonadas habían bajado hasta el puerto y allí se pasaban haraganeando a la espera que los patrones revienten y tengan que llamarlos porque se estaba en plena época de esquila” (1).

Los estancieros contrataron esquiladores en Buenos Aires para sustituir a los huelguistas, pero al llegar al puerto fueron recibidos violentamente por los piquetes obreros, quienes gritaban: “¡Abajo la policía!”, “¡Vamos a armarnos, hermanos!” y “¡Vénganse con nosotros, carneros!”. Los policías, que protegían a los desembarcados, recibieron más de cuarenta disparos. Luego iniciaron una persecución contra los activistas obreros que arroja el saldo de 69 detenidos (40 españoles, 20 chilenos, 1 inglés, 1 italiano, 1 ruso, 4 argentinos y 1 francés). De esta manera concluyó la primera experiencia huelguística.

La lucha obrera se intensifica

El 20 de abril de 1917 hubo un intento de organizar un paro general en Río Gallegos a través de la Federación Obrera. Todo comenzó en la Barraca Amberense, cuando los obreros reclaman la renuncia de un capataz que castigaba corporalmente a los peones menores de edad. El cabecilla es encarcelado y luego puesto en libertad porque “no uso la violencia”, pero se quedó sin trabajo.

Un año después se declara la huelga general en Puerto Deseado. Los primeros en parar fueron los empleados de La Anónima. Los ferroviarios de la línea Deseado - Las Heras apoyan la medida. La huelga general dura tres días.

Entre 1919 y 1920 se produce la huelga del gremio marítimo de playa, a la cual adhieren los trabajadores de Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, San Julián y Puerto Deseado. A la medida se sumaron luego los carreros y afectaron las operaciones de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia y a la Compañía Argentina del Sud.

Estas luchas permitieron atraer nuevos afiliados para formar un sindicato libre de San Julián, al que se agremiaron unas 250 personas, entre ellos empleados de comercio de la Anónima y se planteó la incorporación de los trabajadores de campo. En la asamblea constitutiva se nominó a la Comisión Directiva y se designaron delegados para ir a distintas zonas para agremiar a la gente de campo.

En numerosas oportunidades las luchas magallánicas repercutieron entre los trabajadores santacruceños. Se desarrollaron reiteradas muestras de solidaridad que retroalimentaron los vínculos. También, los gobernantes a ambos lados de la cordillera coordinaron sus esfuerzos para enfrentar la sublevación obrera. Los efectivos policiales colaboraron para reprimir a los dirigentes y activistas que se mantenían en contacto e intercambiaban experiencias.

Muchos dirigentes se refugiaron del otro lado de la frontera para eludir la persecución. Pero, el intercambio de información entre autoridades y policías hacía que durara poco la tranquilidad para esos hombres.

A pesar de que se agitaba la defensa de la soberanía territorial y que se utilizaba el fantasma de las apetencias de tierras de los gobernantes chilenos, como una forma de distraer la atención de las luchas sociales, los funcionarios de ambos países dieron excesivas muestras de trabajo mancomunado, de tolerancia para que los uniformados atraviesen las fronteras para perseguir a los revoltosos y de casi un mando unificado para enfrentar “al peligro apátrida”.

Los peones se sublevan

En los comienzos de 1920 la situación se agrava notablemente. La colocación de lanas en el mercado mundial sufre la caída de los precios y el abarrotamiento de los depósitos ingleses que hace más inflexible todavía la posición de los estancieros.

Por otro lado, los trabajadores habían avanzado en su organización y en su conciencia de que la lucha de su clase era la única forma de mejorar sus condiciones de vida.

En junio, se produce un movimiento huelguístico en la estancia “La Oriental” (en el límite con Chubut) en reclamo de mejores condiciones de vivienda y de pago de los jornales. Con la colaboración de la policía chubutense, la huelga es aplastada y sus dirigentes golpeados, encarcelados y enviados a Buenos Aires procesados, donde luego son expulsados por el gobierno radical por ser extranjeros.

Un mes después, se desata el conflicto en el ramo gastronómico y portuario. Los primeros, salen airosos de la huelga; en tanto, los segundos son derrotados.

Los estancieros, con el gobernador a la cabeza, lanzan una ofensiva sobre la Sociedad Obrera. En momentos que se estaba desarrollando una asamblea, la policía allana la sede y detienen a una decena de dirigentes (entre ellos a Antonio Soto). A pesar de la orden de liberación emanada de un juez, Correa Falcón la desoye y se propone aplastar al movimiento gremial.

En tanto, la reacción obrera no se hizo esperar. La huelga se va extendiendo hacia el campo y numerosos contingentes de peones abandonan sus tareas y marchan hacia Río Gallegos.

En la ciudad la policía se mantiene activa persiguiendo y golpeando a los obreros rurales, sobre todo al grupo mayoritario: los chilenos. En el allanamiento a una imprenta, son detenidos otros quince sindicalistas y la situación se agrava notablemente.

Finalmente, el 1º de noviembre quedan libres todos los presos. Pero esta confrontación será el preludio de la huelga más grande de la Patagonia, que se estaba gestando.

La llegada a la ciudad de una gran cantidad de peones rurales, permitió a la conducción obrera organizar y adoctrinar a numerosos delegados obreros que retornaron hacia las estancias con la idea clara de organizar un nuevo movimiento huelguístico por sus reivindicaciones.

Una vez largada la huelga, numerosos peones iniciaron nuevamente su peregrinación hacia Río Gallegos. Al comienzo del conflicto, unos doscientos deambulaban por la ciudad; un par de semanas después, la cifra alcanza a unos quinientos, generando una gran inquietud entre los empresarios y autoridades.

Simultáneamente, surgía otro proceso movilizador en el campo; era el liderado por los apodados “68” y “Toscano” (italianos), Lorenzo Cárdenas (chileno) y los gauchos Bartolo Díaz y Florentino Cuello. Gracias a ellos, todo el sur santacruceño estaba paralizado; su método era tomar estancia por estancia, llevándose como rehenes a propietarios, administradores y capataces y engrosando sus filas con los peones que se sumaban masivamente al movimiento.

El fortalecimiento del proceso huelguístico fue impulsando una mayor audacia obrera. Este contingente fue acaparando armas y municiones, frenó el intento de instalarse en las estancias de un nutrido contingente de rompehuelgas y se enfrentó a tiro limpio con efectivos policiales, poniéndolos en retirada con varias bajas.

Los efectivos policiales, a medida que se agudizaba el conflicto, empleaba métodos represivos más salvajes. Dejaban a los detenidos desnudos durante la noche a la intemperie, los estacaban, los martirizaban a sablazos y latigazos y hasta los dejaban descalzos en los charcos de agua mientras esta se congelaba. También, se desataron campañas xenofóbicas contra los españoles (muchos de los activistas obreros eran de ese origen) y chilotes (a quienes se los sometía a todo tipo de arbitrariedades).

Ante la campaña desplegada por los ruralistas en Buenos Aires, el presidente Hipólito Yrigoyen determina el envío de un contingente del Batallón 10 de Caballería, comandado por el teniente coronel Héctor Benigno Varela para afrontar el conflicto santacruceño. Casi simultáneamente con la llegada de las tropas, se produce el relevo del gobernador, el nuevo funcionario intenta una mediación que finalmente alcanzará la resolución del conflicto y el inicio de la zafra lanera.

En el convenio firmado se concede todo lo reclamado por los trabajadores en el comienzo de la huelga y, además, se acepta que en todos los actos violentos producidos por los huelguistas no pueden considerarse a estos como responsables.

La propuesta acordada es puesta a consideración de las bases, quienes la aprueban por 427 votos a favor y 200 en contra. Los que querían continuar la lucha son los obreros que adherían al grupo de “Toscano” y el “68”, quienes se marchan llevándose todo el armamento que se había comprometido a entregar a las autoridades.

La finalización de este largo conflicto generaba entre los obreros la esperanza de que se iniciaba un período de paz y que los estancieros iban a cumplir con el convenio firmado. En poco tiempo, se darán cuenta que estaban muy equivocados.

La situación límite en que vivían los peones rurales de la Patagonia austral se reflejaba en los puntos conquistados en ese importante convenio, que podría haber cambiado notablemente las condiciones de vida de esos sufridos trabajadores. Se reflejó en la abolición de unos cajones donde dormían a los que llamaban camarotes, topes de tres hombres por dormitorio de cuatro por cuatro, agua abundante, iluminación en las viviendas, una tarde por semana para lavar las ropas, tres platos de comida diarios, botiquín sanitario con leyendas en castellano, suspensión de las tareas a la intemperie con viento o lluvia, reconocimiento sindical y salario mínimo de cien pesos.

Pero, a pesar de lo elemental de las reivindicaciones, los estancieros sólo lo aceptaron temporalmente, para que los peones retornen a sus tareas y que se pueda concluir la esquila. Una vez saciada su avaricia, desconocieron lo que habían firmado y recurrieron a sus influencias en el poder para liquidar la fuerza de los trabajadores.

Así, en febrero de 1921, la huelga recomienza. El paro es prácticamente total y el movimiento sindical conquista la adhesión y solidaridad de la población urbana, que protege a los activistas sindicales que son perseguidos a mansalva por los efectivos militares y policiales.

Enviados del presidente Yrigoyen intentan negociar con los ganaderos, pero estos no cumplen lo pactado y la huelga se generaliza. La agudización de la confrontación va empujando a los protagonistas hacia un camino de no retorno. Las reivindicaciones sindicales fueron tornándose en consignas de enfrentamiento frontal al sistema, una rebelión que fue en ascenso tanto en sus demandas como en su metodología. Los reiterados incumplimientos de los hombres poderosos, la conciencia alcanzada de que mejorar sus paupérrimas condiciones de vida era posible y la fortaleza de su lucha, llevó a los trabajadores rurales a un enfrentamiento por el todo o nada.

La dinámica del movimiento, fue utilizada como un ariete para presionar al gobierno radical para que se ponga fin a la huelga. El gobierno radical envía nuevamente al coronel Varela al frente de un contingente de efectivos de caballería.

En agosto, una manifestación obrera es atacada a balazos por agentes provocadores de los latifundistas, ocasionando decenas de víctimas. La reacción obrera es decretar la huelga revolucionaria.

Las tropas del Ejército van cercando a los grupos obreros que habían ocupado los cascos de las estancias. Varela se aprovechó de la confianza que había conquistado en su anterior incursión, cuando cumplió un rol de componedor entre las partes. Su decisión de exterminar a los dirigentes y activistas fue facilitada por la sorpresa que generó en los huelguistas el giro del militar.

También, jugaron en contra de los obreros las enormes distancias, el aislamiento y la incomunicación entre los contingentes gremiales. Esto fue muy bien aprovechado por Varela para aplastar al movimiento. Así, los huelguistas fueron exterminados grupo a grupo.

Una vez que se rendían, los estancieros acompañaban a los uniformados para señalar a los más activos, que eran fusilados sumariamente de inmediato o eran enterrados con la cabeza fuera de la tierra, quedando a merced de las aves de rapiña, entre otras atrocidades cometidas.

Las cifras del genocidio dan cuenta de un exterminio superior al millar de trabajadores. La población santacruceña sufrió un descenso de casi siete mil personas entre dos censos nacionales.

El balance oficial de esta barbarie nunca se conoció. Durante varias décadas se mantuvo en el más celoso ocultamiento. Sólo la investigación realizada por Osvaldo Bayer permitió sacar a la luz la magnitud de la represión militar, de la matanza ocasionada y de las complicidades entre los poderes económicos y los ocasionales gobernantes.

(1) José María Borrero, La Patagonia Trágica. Asesinatos, Piratería y Esclavitud.

CAPITULO IV

Tierra del Fuego no era una isla

Los peones fueguinos también se movilizaron

Las huelgas santacruceñas y magallánicas, a comienzos de la década del veinte, tuvieron algunas manifestaciones de mucho menor intensidad en Tierra del Fuego. Dada las similares características productivas y la proximidad geográfica, la conflictiva situación regional se reflejó de una forma directamente proporcional al nivel de poblamiento y desarrollo económico. En esa época, la isla no pasaba de ser una zona marginal dentro del rubro productivo predominante en la región.

Encontrar las constancias de esos movimientos reivindicativos no resulta sencillo, sólo algunas huellas aisladas permiten concluir que Tierra del Fuego no estuvo aislada de los dramas humanos que conmovieron a la región.

Un primer indicio es brindado por Lucas Bridges, quien relata la llegada a la estancia Viamonte de un contingente de activistas anarquistas que intentaban convencer a los peones para que se organicen y se sumen a las luchas gremiales, denunciando las enormes ganancias que obtenían a costa de sus sufrimientos. Los gremialistas fueron presionados por un colaborador de Bridges de apellido Arévalo, con antecedentes criminales, para que abandonen el lugar, cosa que hicieron rápidamente, según el autor (1).

Esta referencia, permite confirmar la presencia de militantes sindicales que trataban de sumar nuevos contingentes a sus organizaciones y a sus luchas.

Arnoldo Canclini hace referencia de que el gobernador Fernández Valdés entre 1915 y 1916 “se vio envuelto en la serie de problemas provocados por las huelgas de los peones”(2). Luego, se preocupa retrospectivamente, “Para colmo de males, la agitación social del país repercutía en la capital fueguina, por la presencia de destacados líderes anarquistas en el presidio...” ; también, refleja que, en 1918, escapó de la cárcel Simón Radowitsky.

Otro dato es brindado por Juan Belza, “El 6 de diciembre de 1916 la Federación Obrera de Magallanes, organización sindical chilena, dispuso un paro general de jornaleros en la ciudad y en la campaña. El movimiento huelguista alcanzó a los territorios argentinos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, cuyos obreros eran en su mayoría chilenos” (1).

Un día después el gobernador Fernández Valdés telegrafió al Ministerio del Interior un informe de la situación: “El comisario de Río Grande comunica que peones, frigoríficos y esquiladores de diversas estancias..., suspendieron trabajos, mientras reciben instrucciones Federación Obrera Punta Arenas. Huelga es tranquila y según parece sólo adhesión a la declarada en otros parajes”.

Al día siguiente el texto denota el agravamiento de la situación: “Huelga se generaliza en departamentos zona norte comenzando a forzar a obreros no afiliados. A pedido comisario Río Grande enviaré por vapor esperado mañana que Sociedad Menéndez Behety pone a mi disposición veinte gendarmes para auxiliar a personal aquellas comisarías donde sea necesario mantener el orden y hacer respetar libertad de trabajo. Calcúlanse en cerca de mil los obreros repartidos” (3).

Este autor da cuenta también de que en el aserradero de Lapataia se registró “un intento de huelga”, responsabilizando a un agitador italiano Juan Riva, según denunció el administrador inglés Felipe Zhorp.

En febrero el gobernador territorial comunicaba al poder central:”terminaba huelga sin novedad, dispongo regreso gendarmería destacada en Río Grande”. El salesiano advertía que no obstante “se preparaban las huelgas entre los trabajadores de las estancias del norte...” (3).

Atando recuerdos

Jorge Martinic Plastic, recuerda que en sus épocas de trabajador de estancia, “Un año antes que llegara yo, me contaba mi hermano, bajaba la gente de todas las estancias a la Primera (Argentina) a hacer asamblea, 1920, y había pedido que pararan y pidieron aumento de sueldo y no se quiso pagar nada, dijeron que nada, nada, nada... Entonces ellos perdieron como quince días, no pagaron sueldo, no pagaron nada. Obligado tenían trabajar en otra.” (4)

Sara Sutherland aporta sus recuerdos sobre esos acontecimientos, “el movimiento había empezado, habían movilizado. Yo era muy chiquita, tenía cuatro años y me acuerdo porque veía la desesperación de mamá y de la gente que había en casa... ¡Entonces vimos todos esos jinetes: un montón! De lejos se veían, en la Estancia Teresita en donde estaba mi padre como administrador. Llegaron hasta las casas y empezaron a dar vueltas... entraron y se empezaron a servir de todo lo que ellos querían. ¡Cargaban caballos cargueros con toda clase de cosas, eligiendo lo mejor! De allí se alejaron y se fueron a otras estancias de alrededor haciendo lo mismo. Si alguien les hubiera negado algo supongo que se hubieran puesto mal, pero con mi padre no pasó nada. Él les dejó sacar lo que quisieran y no sacaron demasiado tampoco, ni rompieron cosas, ni hicieron nada fuera de lugar” (5).

Más adelante, afirma que “Los jefes venían del lado de Chile, de Punta Arenas, y preparaban la gente como si fuera una pequeña guerra. Pero antes de que ellos cumplieran con todos sus propósitos, llegó el aviso que la huelga había terminado”.

Rubén Maldonado, el dirigente indigenista relató que, a partir de referencias brindadas por sus mayores, en una ocasión "se juntaron más de 600 paisanos en el cabo Peña, de todas las estancias y se dirigieron a la estancia José Menéndez en reclamo de mejoras del sueldo y de otras cosas que pedían, que dormían en cuero, que le daban mala comida... En ese movimiento obrero entre 1921 y 1922, estuvo mi abuelo, que lo mandó Jorge Reynolls (administrador de la estancia Viamonte), como tropillero encargado de todos los caballos de esa estancia, de donde partió un grupo grande a la movilización".

La composición era muy mezclada,"había paisanos, muchos aborígenes, que vinieron a reclamar. Entonces el ejército venía también a reprimir a Tierra del Fuego y no alcanzó a llegar, porque el barco que los iba a traer tuvo un problema. Pero se cortó todo cuando se conoció la matanza en Santa Cruz, y cada gaucho volvió a su establecimiento rural".

Maldonado considera que a raíz de esas movilizaciones, el gobierno de Alvear decide la creación de las dos reservas aborígenes la del lago Kami y la de Komo Suaike "para sacar a los indígenas de algunas estancias de los centros poblados. Lo mismo pasó en Santa Cruz..."(6).

Emilia Susic de Bonifetti, con su memoria prodigiosa, ratificó y extendió el relato. Puede dar precisiones sobre la fecha, ya que afirma que fue coincidente con la llegada de sus padres a Río Grande, "fue en el mes de noviembre de 1921".

Señala que fueron enviados gendarmes desde Río Gallegos a Ushuaia en prevención de conflictos obreros similares a los ocurridos en las estancias de Santa Cruz.

Doña Emilia cuenta que sus padres se instalaron en El Tropezón, "en el lugar donde hay un puesto de María Behety. Ahí, mi padre tenía un almacén de ramos generales, planta baja y alta. A mi mamá todo le asombraba, recién llegada de Yugoslavia ... Un día se sienta en la puerta del boliche mirando a la pampa, porque siente ruidos y el ruido que sentía era de muchos cascos de caballos... Mi mamá decía que era tanta la cantidad de caballos, ella, que estaba sentada en la puerta de calle, miraba para la izquierda se perdía la gente de a caballo; hacia la derecha, hacia José Menéndez, no se alcanzaba a ver la punta de la columna, era impresionante la cantidad de huelguistas que venían".

"Llegaron a José Menéndez --continúa--, entablaron conversaciones con el jefe de policía, y decidieron que lo iban a fusilar, lo pusieron en el palenque que estaba en el corral para amarrar a los animales ariscos. Lo estaban por amarrar, cuando entra el comisario de Río Grande, Alejandro Lías Pol, que era español; éste, les dice: “bueno muchachos conversemos, qué es lo que quieren”. Los peones le dijeron que estaban cansados de trabajar y no tener las cosas que ellos necesitaban y que se proponían eliminar a las autoridades. Lías Pol quiso saber las demandas para ver si podía resolver algo. Los peones le contestaron: “carne, carne, papa nada; huelga, huelga, pues señor”. Parece ser que a la gente le daban carne y nada más. Los obreros pedían papa. La respuesta del comisario fue que se comprometía a hacer las gestiones ante las autoridades y que iban a tener una respuesta positiva, pero, les pidió, que no cometan un crimen".

Luego, agrega que "en la huelga del 21, no se cometió ningún hecho violento en la Tierra del Fuego argentina, aunque en la parte chilena si hubo. En Santa Cruz fue una huelga bastante larga, fueron meses; acá no, llegó esa tanda de huelguistas que venían de San Sebastián, se armó ese lío, se resolvió la situación y de allí pegaron la vuelta".

Con respecto a la existencia de caudillos obreros, responde: “yo sé que se conocían, pero yo no los conocí”; agrega que "cuando se llega a un punto de disconformidad, como ocurrió con los obreros y no había eco, comunicación con el patrón, que a lo mejor ni lo conocían; eso produce a la larga un fermento, se empiezan a correr las voces, unos a otros trasmiten sus quejas y si hay alguno que oficia de cabecilla y los incentiva para lograr los propósitos" (6).

De esta manera, a partir de diversas fuentes informativas, se confirma la repercusión que tuvieron en la isla los intensos conflictos sociales que se vivieron simultáneamente en la provincia de Santa Cruz y en la zona magallánica. Evidentemente, faltan muchas precisiones, pero esta acumulación de elementos coincidentes, de testimonios trasmitidos boca a boca, algunos recuerdos difusos y en parte contradictorios, permiten constatar que Tierra del Fuego no fue una isla en materia de las confrontaciones sociales que se vivieron a fines de la segunda y principios de la tercera década del siglo.

(4) Gutiérrez, Oscar Domingo. Testimonio publicado en la revista Impactos, junio 1992.

(5) A Hacha, Cuña y Golpe. Recuerdos de pobladores de Río Grande, pág. 162-3.

(6) Testimonios emitidos por el autor en el programa “Bajo el Asfalto”, por Aire Libre FM, el 2-11-96.

CAPITULO V

Una tierra apacible

Al borde de la paz social

Luego de las manifestaciones influenciadas por los cruentos conflictos sociales desatados en Santa Cruz y Magallanes, en Tierra del Fuego transcurre un largo período donde los conflictos son casi inexistentes.

Esta situación se sustenta en varios factores. La escasez de mano de obra imponía a las patronales el ofrecimiento de buenas remuneraciones a los asalariados.

“El aislamiento de la fábrica obligaba a proporcionar alojamiento y asistencia médica sin cargo a todo su personal... Era indispensable contratar en Buenos Aires y Punta Arenas y trasladar al personal de empleados y obreros por una corta temporada, según la duración de la faena, lo que originaba mayores sueldos y jornales”. Un informe de un inspector daba cuenta que se alojaban 200 peones y que el comedor tenía capacidad para 400 trabajadores (1).

También, el incremento de la población isleña y la normalización del asiento de las autoridades, hizo perder vigencia a la influencia que, en las primeras décadas del siglo, tuvo el combativo sindicalismo magallánico.

Durante este período las organizaciones sindicales tuvieron un carácter episódico y no perduraron mucho tiempo. Los conflictos gremiales durante el medio siglo posterior a la década del 30 fueron contados con los dedos y no alcanzaron nunca la virulencia de los que se originarán en los años 90.

Aníbal Allen recuerda que durante mucho tiempo la policía, que él comandaba en Río Grande, actuaba como mediadora ante diferencias menores que podían presentarse entre obreros y patrones. En algunas ocasiones, “venía algún empleado a reclamarme que intervenga porque el empresario le había faltado el respeto” o porque no se había cumplido algún compromiso. El ex jefe policial cumplía el rol de mediador ante algunas diferencias o discusiones que se planteaban en la relación laboral.

Uno de los primeros conflictos registrados en este período es el que produjeron los obreros viales que estaban abriendo el camino entre Río Grande y Espíritu Santo. Oscar “Mingo” Gutiérrez, en una investigación sobre las rutas fueguinas, da cuenta que el “22 de noviembre de 1935, el personal obrero protestó y luego de una comida de emergencia se había incorporado tarde a sus tareas. Al tiempo, surgirán problemas nuevamente porque cada turno llega casi a las nueve horas”(2). El conflicto se había originado por las dificultades de la empresa constructora F.H. Schimdt para conseguir carne y harina para las comidas de los trabajadores.

Allen recuerda que en los comienzos de la década del cuarenta existieron fugazmente un sindicato de Mar y Playa y otro de Oficios Varios, que agrupaban a los que realizaban tareas alrededor del puerto de Río Grande, pero no recuerda la fecha en que desarrolló sus actividades y si protagonizaron algún tipo de conflicto o reclamo ante los empresarios. Fugazmente recuerda que en una ocasión pidieron mejoras y que el entonces comisario Medina cumplió el rol de componedor. Hasta los años cincuenta, la actividad industrial predominante era la maderera que ocupaba unas trescientas personas en 9 aserraderos, una fábrica de madera terciada y otra de parquet. La segunda actividad manufacturera de importancia era el frigorífico que llegaba a faenar entre un millón y un millón y medio de kilogramos de carne ovina. El personal permanente era de unas 50 personas y se elevaba a 400 en plena temporada de actividad. La industria de pescados y mariscos ocupaban a otras 40 personas (3).

Hasta ese entonces, la población alcanzaba las 10 mil almas, 4.500 en Río Grande, 3.500 en Ushuaia y otros 2.000 en la zona rural; lo que demuestra la incidencia de la actividad agropecuaria sobre el conjunto de la economía fueguina, desde el punto de vista de la ocupación.

A fines de la década del cincuenta comienzan a manifestarse algunos cambios. “En una apreciación dinámica del desarrollo de la economía de la isla, debe señalarse un cambio que alcanza ya cierta importancia, en virtud del cual se ha salido del sistema vegetativo tradicional, apoyado exclusivamente en la explotación lanera, la producción de carne ovina y madera, complementando todo ello con la actividad natural de la base naval de Ushuaia y de los organismos gubernamentales” (3).

La influencia del proceso abierto con la llegada de Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y luego a la presidencia de la Nación, comenzó a reflejarse tardíamente en Tierra del Fuego. Entre julio y noviembre de 1950, ocurrió la primera manifestación política, con la fundación de la primera unidad básica.

“El 7 de agosto de 1951, y bajo la supervisión del señor Gigante, interventor del Partido Peronista, se funda la segunda unidad básica, esta vez en Ushuaia.

Por otra parte, se convirtieron en hechos políticos de resonancia la exposición del Primer Plan Quinquenal efectuada en sendas reuniones poblacionales, tanto en Río Grande como Ushuaia, en el mes de enero de 1953. La creación de la C.G.T. regional el 28 de abril del mismo año, la proclamación de candidatos del Partido Peronista y luego de la UCR en abril de 1954, sin perjuicio de los numerosos actos, inauguraciones y actos políticos” oficiales (4).

Oscar Domingo Gutiérrez escribió sobre esa época: “...sólo para la cuarta década con el peronismo germinando aparecerá el Sindicato de Oficios Varios que congrega voluntades oficialistas, y a la vez ciertos individualismos contestatarios. Pero desde el poder vendría a cierta hora de la experiencia peronista la orden de disolverlos, creciente la demanda política de hacer prosperar nada más que a aquellos que se estructuraran por rama. Este ordenamiento interno marcó la efectiva primera represión de los trabajadores organizados” (7). Entre los activistas se encontraban Yerko Vukasovic, Emilio Castaño (ex maestro del presidio), Juan Romano y otro de apellido Velazco. Tanto a Vukasovic como a Castaño habían intentado deportarlos por ser extranjeros, aunque Castaño sólo tenía dicción castiza pero era nativo argentino.

“Creció entonces la C.G.T. como un rótulo. De este tiempo, emerge el recuerdo de cierto paro comercial para que se acuerden las autoridades locales de la imposición del sábado inglés, sin que quede memoria para asignarle fecha a la protesta. (...) La caída del peronismo restó operatividad a todo lo que oliera a sindical. Y el capital norteamericano que fomentó el desarrollo petrolero tuvo pocos obstáculos para reglamentar su sistema de trabajo: una mayoría de la población era chilena, sobraban aspirantes a cubrir vacantes de los descontentos, la cultura del trabajo era eso: mayor esfuerzo para mayor remuneración”(7).

El gremialista Juan José Degratti llegó a Río Grande en 1958, su recuerdo sobre la vida sindical de entonces, fue el siguiente: “no había mucha actividad gremial, estaba centralizada principalmente en el puerto, donde estaba el compañero Cárdenas, el peluquero, más conocido como “mechas duras”, era uno de los dirigentes del puerto. En el puerto atracaban los buques Lucho 1º, Lucho 2º y Lucho 4º. Estaban nucleados en el Sindicato Único de Portuarios (SUPA) y Cárdenas era la cabeza visible del sindicalismo de Río Grande. La principal actividad de la época era la ganadera, pero en las estancias no tenían dirigentes, porque en su inmensa mayoría eran de origen chileno, hacían su faena acá y luego regresaban a su país. Cárdenas tuvo gran participación en la conformación de la primera CGT, también estaba el compañero de UPCN Omar Nieva Otero, Hugo Jesús Domínguez, Rodolfo Canalis y Agustín Alvarado que eran de la ATE, Dionisio Juárez del SUPE, de UOCRA José Noir. En ese tiempo, la sede de la central obrera era en la esquina de Thorne y Perito Moreno” (6).

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Llegan los americanos

A fines de 1960, la Compañía Petrolera Tennessee Argentina comienza la explotación intensiva de los yacimientos ubicados en la zona norte de la isla, en virtud de un acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Actuaban sobre unos 45 pozos en producción, con un rendimiento de 3.500 toneladas diarias. Los problemas derivados de inconvenientes para embarcar el producto limitaba la capacidad productiva de la zona.

Pero, es indudable que uno de los saltos en el desarrollo de la isla se debió a la incorporación de la actividad petrolera. Uno de los primeros efectos fue el abastecimiento de gas natural a la población de Río Grande, aportando unos 650 mil metros cúbicos mensuales (3).

Por otro lado, el aporte de las regalías hidrocarburíferas en virtud de la Ley 14.773, comenzó a ser un elemento clave de los ingresos del gobierno territorial, que sirvieron para sustentar planes ambiciosos de obras públicas. El Presupuesto de 1961 alcanzaba a 144 millones de pesos, de los cuales 130 estaban originados en las regalías (3).

En 1962, Leonidas Grao recuerda los primeros reclamos gremiales a la empresa norteamericana: “La gente que andaba bien con los americanos lo ascendían continuamente. Y ahí me retiré, o más bien me retiraron. Por que en ese tiempo le estábamos pidiendo que nos pagaran los viajes, las asignaciones familiares, y otros derechos más que se pagaban en otras partes y ellos no querían pagar. Se formó el sindicato, así que vino gente de Buenos Aires, un tal Vago, se organizó todo, fue reconocido por el Ministerio de Trabajo y les mandamos los telegramas a los americanos con las listas de las comisiones internas (...) cuando llegamos a casa ya estaban los telegramas de despido”. En esa ocasión despidieron a 28, luego algunos de ellos fueron reincorporados (5).

“Con los compañeros Taccone y Benegas quisimos formar el gremio de los petroleros, diferenciado del SUPE que era del Estado, no lo pudimos lograr porque el Ministerio de Trabajo casi no existía en ese entonces, no había como formalizarlo y, por otro lado, la empresa no quería trabajadores sindicalizados. Recién alrededor de 1970 comenzamos a organizarlo y pudimos conformarlo recién el 22 de octubre de 1972”, recuerda Degratti, quien no tiene presente que se hayan concretado conflictos durante la década del 60. El acatamiento a las medidas de fuerza decretadas en el ámbito nacional era mínimo, “casi ni nos enterábamos, era una época donde se sufría mucho la falta de comunicación, los diarios llegaban de tanto en tanto y muy pocos, nos informábamos a través de LU 12 de Río Gallegos y las radios chilenas” (6).

“Los años sesenta vieron reavivarse a los gremios, sobre todo los de la esfera estatal que en algún tiempo verían fusionarse intenciones con la administración de las obras sociales. La breve experiencia democrática que fue del 73 al 76, asistió al conato de organización de una C.G.T. permanente... pero en buena parte de los casos no se completó –por desinterés propio o ajeno- las instancias burocráticas de la organización societaria interna. Las manifestaciones sindicales de aquellos días marcharían paralelas de la mayor parte de la política oficial, un hecho si resulta digno de destacarse como gestor de mejoras en las condiciones objetivas de vida de los trabajadores fueguinos: la creación de una Delegación del Ministerio de Trabajo, ilusión que desaparecería con la llegada del Proceso” (7).

El primer conflicto petrolero

“Creo que el primer conflicto grande lo iniciamos nosotros alrededor de 1973, cuando estuvimos catorce días de paro, reclamábamos 7.500 pesos de sueldo. Todos los trabajadores se habían escrito en el casco el reclamo salarial. Acompañando un reclamo del orden nacional, los trabajadores de acá se plegaron al conflicto. Era una época donde había de 800 a 1000 trabajadores, se trabajaba a pleno porque había cinco equipos de perforación y tres de terminación, estaba Cañadón Piedra y unas cuentas empresas, había una unidad total de los trabajadores que nos permitió llegar a una feliz concreción. El acuerdo se firmó en el Hotel Los Yaganes, vinieron representantes empresarios de Buenos Aires de Bridas, Astra, Pérez Companc, BJ, Hallibur, etc. que se reunieron con nosotros y alcanzamos el acuerdo” (6).

“Fuimos todos despedidos, Claudio Boyadjián que estaba por Bridas despidió a toda la gente y el resto de las empresas hicieron lo mismo. Los compañeros que vivían en los campamentos de Laguna Salada y de Chorrillos fueron intimados a abandonar sus alojamientos, pero se negaron y se mantuvieron firmes. Nos concentrábamos en el quincho del sindicato que estaba en la calle Bilbao 787, allí se hacía la olla popular. La que más sufrían eran las chicas de las casas de tolerancia que en esos días no había ni un peso y estaban más preocupadas que nosotros. Ellas se ofrecían, hacían la comida y nos apoyaban para que triunfe la huelga” (6).

En medio de las negociaciones, Degratti recuerda algunos incidentes que se produjeron entre los trabajadores “una vez casi me pegan, porque no querían que vaya a negociar a Buenos Aires, yo tenía los pasajes y los compañeros querían que los empresarios vengan a negociar a Río Grande. Tenían dudas de que yo viajara, pensando que por ahí yo podía hacer un arreglo extra y anular la huelga. Finalmente, viajé a manifestar que la única forma en que los trabajadores levantarían la huelga es si el sector empresario venía a Río Grande. Así llegamos a un acuerdo en Los Yaganes, porque estábamos muy fuertes y muy unidos que fue lo que permitió lograr el objetivo”

La primer ocupación de fábrica

En las elecciones del 11 de marzo de 1973 triunfa la fórmula justicialista integrada por Héctor Cámpora, que asumirá el 25 de mayo. El retorno al poder del peronismo generó un entusiasmo y una radicalización notable de las medidas de fuerza llevadas a cabo por los trabajadores y sectores populares. Durante los pocos días de su gobierno, se produjeron ocupaciones de fábricas, de reparticiones públicas, de hospitales, se decretó la amnistía de todos los detenidos por razones políticas y se llevó a cabo un auspicioso proceso de renovación gremial que produjo pánico en la burocracia sindical.

Como una lejana estribación de ese proceso que se desencadenaba en las grandes urbes del país, se produce la ocupación de la fábrica de terciados C.A.M.I., en la localidad de Tolhuin. Durante los más de dos meses que duró el conflicto, los obreros establecieron un régimen de producción bajo su control, desconocieron a la empresa, reclamaron la conformación de una cooperativa obrera – estatal, y recibieron una apoyo solidario muy importante de los habitantes de Río Grande (8).

El reclamo se originó en el atraso considerable en el pago de los salarios que acumulaban once meses y el aguinaldo. La empresa, además, utilizaba el pago en vales a través de una proveeduría que disponía y que vendía los productos de primera necesidad a precios exorbitantes y a cuenta de los salarios, endeudando considerablemente a los obreros.

Uno de los dirigentes de ese conflicto, Rubén Oscar Rulet recuerda el autoritarismo patronal: “cuando los obreros iban a reclamar les decían que al que no le gustara que se fuera, llamaban a la policía y los sacaban a los sablazos y lo dejaban en la ruta con lo puesto, ni siquiera le dejaban retirar sus pertenencias y menos reclamar los haberes ganados”. Añade que “el jefe de la comisaría C.A.M.I. era un tal Balmaceda, que era el que mandaba a la gente y la sacaba, después había un tal Fleitas y otro más, eran los encargados de sacar a sablazos y palazos a los que reclamaba”(9).

El personal obrero era de alrededor de un centenar, con un claro predominio de chilenos ( más de ochenta), los catorce argentinos estaban dedicados a tareas de supervisión y mantenimiento, en tanto que los chilenos se ocupaban de la tala, transporte y procesamiento de los árboles.

La disconformidad empezó a generalizarse y los trabajadores esperaron el arribo de una delegación de la patronal para hacerles el reclamo. Ante las respuestas evasivas, la decisión obrera fue la de ocupar el establecimiento y retener a los ejecutivos hasta que se comprometan a la cancelación de la deuda salarial. El gobernador territorial Mariano Loedel encomendó a su ministro de Gobierno, al jefe de la Policía y al Juzgado tomar en sus manos la resolución del conflicto. El establecimiento estuvo permanentemente con custodia policial, pero respetando el control ejercido por los obreros en la planta.

Rulet relata el primer encuentro con las autoridades que cuestionaban la ilegalidad de la medida de fuerza, “le dije al ministro de Gobierno, al margen de que sea legal o ilegal esto, usted estaría trabajando sin cobrar once meses y el aguinaldo, dígame si es justo o no lo que estamos haciendo nosotros. La respuesta que me dio fue que él como ministro no puede decir eso. Allí fue donde me enojé y le dije: mire usted no es ministro, no es nada, usted es una porquería. Intervino el jefe policial y le dije: usted cállese la boca viejo carcaman. Entonces le ordenó a Balmaceda para que proceda a rodear la fábrica con todo el personal. Este le contesta que sólo disponía de dos agentes. La orden entonces fue que den vueltas alrededor del establecimiento”(9).

Luego, agrega que “el juez federal Maistegui Marcó dice que no lo iba a hacer pasar como una toma, sino como una huelga, pero debíamos dejar ir a los directivos de la empresa, porque sino es un delito. Aceptamos pero nosotros nos quedamos. La fábrica siguió trabajando y se batieron todos los récord de producción dirigida por una comisión nombrada por los obreros. Hacíamos guardia porque temíamos que vengan a hacer un atentado y nos echaran la culpa a nosotros. La producción se acumulaba en stock, con la esperanza que nos habían dado los abogados de embargarlos en caso de necesidad. Además, durante la ocupación se prohibió el consumo de alcohol, que era muy abundante, y se respetó a rajatabla; la relación entre argentinos y chilenos fue de mucha camaradería, olvidándose de los recelos habituales”(9).

Al confirmarse la ocupación, delegaciones obreras se dirigieron a Río Grande para difundir el conflicto y requerir solidaridad. La buena voluntad estuvo en las autoridades municipales (intendente Vicente Ferrer y el presidente del Concejo Deliberante Rodolfo Canalis) y el Canal 13, que difundió un reportaje, donde reclamaron víveres y todo tipo de solidaridad para mantener la lucha.

Beatriz Gómez, viuda de Canalis, recuerda que la reacción de los riograndenses fue inmediata: “fue casi una pueblada, se organizó una caravana de vehículos con carteles de apoyo, íbamos tocando bocina y la gente salía a la vereda con su paquete de alimentos o ropa, que cargábamos en los autos y camionetas que habíamos logrado reunir. En ese momento vivía en la casa de la planta de Radio Nacional y llenamos un garage completo. La colaboración de la población fue excelente, toda la gente aportó”(9).

El desenlace no fue el esperado. El delegado del Ministerio de Trabajo Mernier dilataba la solución y eso fue desalentando a los obreros. Los chilenos fueron presas de las primeras ofertas patronales, “que saldaron deudas de cien mil pesos con apenas quinientos pesos y firmaban el acta acuerdo de que no se les adeudaba nada. Los argentinos nos vimos aislados y nos llamaron de a uno para pagarnos lo adeudado y no estar ni un minuto más en la planta. Después del conflicto todo siguió igual, con la explotación del hombre por el hombre, con los baños con agua fría, con un guisito así nomás como almuerzo, con jornadas de trabajo sin límites, con las represalias a los que reclamaban, sin la existencia de sindicato ni CGT que apoyara a los obreros”(9).

La dictadura dijo presente

El golpe del 24 de marzo de 1976 y la dictadura inaugurada ese día tuvieron manifestaciones particulares en Tierra del Fuego.

Degratti recuerda que en ese entonces existía formalmente una CGT, “pero más que una central obrera era sólo un nucleamiento de trabajadores”. Había “5 o 6 gremios constituidos, estaba el SUPE, Luz y Fuerza, Taxis, ASOEM. ATE...” (6).

“Yo fui detenido el 25 de marzo, por quien después quedó a cargo del Ministerio de Trabajo, el suboficial mayor de Infantería de Marina Juan Antonio Nieva. El mismo día fueron detenidos los compañeros Dionisio Juárez (SUPE) y Rodolfo Canalis (ATE y presidente del Concejo Deliberante). El compañero Jesús Domínguez que era y sigue siendo peronista de ley, estaba sindicado como comunista y vivía acosado por los uniformados que a cualquier hora de la madrugada le allanaban la casa. Cuando me liberaron, los oficiales me dijeron que cualquier conflicto o problema que suceda con los petroleros privados me iban a hacer responsable a mí, cada vez que había un problema tenía que ir al Batallón o al Ministerio de Trabajo, que en ese momento estaba el teniente primero Millavaca. Cuando hicimos un reclamo, me citaron y el Ministerio de Trabajo reclamó que me expulsaran del gremio y que lo intervinieran. Recuerdo que uno, que no voy a dar el nombre, que estaba a cargo del gremio de Empleados de Comercio dijo que no tenía nada que ver, que sólo estaba atendiendo las boletas; como él, cuando llegaron los militares hubo varios que se echaron para atrás” (6).

Casi no había vida gremial, los dirigentes se circunscribían a administrar las obras sociales, que por otro lado estaban afectadas por el congelamiento de las cuentas bancarias que durante un tiempo impidió abonar a los proveedores. “Una vez me fui a quejar al teniente Millavaca porque tenía que pagar una factura de una farmacia, me contestó que si el dueño de la farmacia se quejaba que le vaya a reclamar a él. Cuando venía el de la farmacia, nosotros le decíamos andá a cobrar al Batallón” (6).

La vida durante los oscuros años de la dictadura militar no ofrecía mayores variantes. En la isla, la influencia de la Armada siempre fue considerable y el hecho que no se produjeran conflictos sociales de envergadura y que las diferencias políticas no adquirieron nunca mayor dimensión que disputas y enconos pueblerinos, hizo que “los años de plomo” en Tierra del Fuego no se reflejarán más que en algún rasgo de arbitrariedad habitual de los uniformados.

Los cambios que conmovieron al país, por la caída de la dictadura y el retorno de la democracia, se fueron reflejando con cierta parsimonia en el ámbito fueguino.

“En el 83, cuando se reactiva la actividad gremial, lo primero que solicitamos fue que se pudiera contar con una delegación del Ministerio de Trabajo en Río Grande. Eso se logró, y estuvieron al frente de la delegación de Ushuaia el compañero Mernier, que era un abogado, y acá en Río Grande, el compañero de U.P.C.N., Omar Nieva Otero, también colaboraron Carlos Johanessen y Hugo Jesús Domínguez. Díaz Chara del Centro de Empleados de Comercio era el nexo con el gobernador territorial Eseberry. Había una buena comunicación, a veces nos llamaba por teléfono y nos decía que preparemos el asado y venía a comer con nosotros, allí les planteábamos las inquietudes que teníamos. Fue con el único gobernador desde 1958 que pudimos tener diálogo. La C.G.T. se conformó enseguida y Domínguez fue su secretario general durante muchos años”(6).

2) Conferencia de Oscar Domingo Gutiérrez en el Museo de Ciencias Naturales e Historia, Río Grande, 5/10/96.

3) Portnoy, Leopoldo. Economías Regionales- Tierra del Fuego. Consejo Federal de Inversiones- 1963.

4) Néstor Tadich, Río Grande y la política. Revista Impactos Nº 81, Punta Arenas, 15/6/96.

5) Oscar Domingo Gutiérrez, “50 años de petróleo en Tierra del Fuego”, 20/11/99.

6) Entrevista a Juan José Degratti, secretario general del gremio de los trabajadores petroleros privados, 15/7/97.

7) Oscar Domingo Gutiérrez, “Rastros en el Río”, diario El Sureño (22/8/99).

“En la fábrica C.A.M.I., cita en el departamento de San Sebastián, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los veintiún días del mes de julio de 1973, siendo las veintidós horas, encontrándose presente el señor Rodolfo Antonio Canalis, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y la totalidad de los obreros y empleados de la fábrica, se redacta la presente para dejar documentado lo siguiente:

1º) La totalidad de los obreros y empleados ratifican su posición inicial con respecto a la no-aceptación de los actuales directivos de la empresa, los que a la fecha se encuentran ausentes del territorio.

2º) Que concientes de la etapa de liberación y reconstrucción de nuestra patria, es su máxima aspiración lograr la formación de una cooperativa mixta (Obreros y estado) que en el futuro guíe los destinos de la fábrica.

3º) Que desde el día diecisiete del corriente a la fecha se han realizado tareas de mantenimiento dentro de las distintas instalaciones de la fábrica, y que a partir de del día veintitrés se iniciará la producción en forma normal, con las limitaciones que imponga la falta de combustible para la caldera, gas oil para los camiones y grupos electrógenos y demás elementos que pudieran impedir el normal desarrollo de las tareas de producción.

4º) A los efectos de no paralizar el funcionamiento de la fábrica se solicitará al gobierno del territorio, la provisión de los elementos indispensables o las facilidades económicas o de otra índole que faciliten la obtención del mismo.

5º) Que están concientes de la imposibilidad de comercializar la producción, hasta tanto exista dictamen de autoridad competente.

6º) Que desean agradecer a autoridades municipales y territoriales y a la población en general las muestras de solidaridad y simpatías hacia el movimiento obrero de la fábrica, traducido en todo tipo de alimentos y artículos en general.

7º) Que a los efectos de encarar la dirección actual de la fábrica se designa con el acuerdo total de los obreros y empleados a los señores Sganzetta José Roberto, Rulet Rubén Oscar, Velásquez Roberto Gregorio, Loiso Rafael Héctor, Gallardo Triviño Julio, Vidal José, Paredes Ojeda Ramón Ricardo, Arias Rubén Osmar, Fuentes Gómez Arturo, Pérez Aguila Pedro, Gómez Gallardo Aldo José, Sánchez Ojeda José, Suárez Balbino, los que deberán actuar interiorizados de las necesidades que le impongan los distintos jefes de sectores.

8º) La totalidad del personal se compromete a aceptar y cumplir en primera instancia las indicaciones relacionadas con el funcionamiento de la fábrica que emita el directorio detallado en el punto siete.

No siendo para más, leída por cada uno de los firmantes, se ratifican y firman al pie de la presente en prueba de conformidad”.

9) Entrevista del autor a Rubén Oscar Rulet y Beatriz Gómez de Canalis, realizada el 12/2/2000.

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO VI

El Aluvión migratorio

La 19.640 transforma la isla

El 16 de mayo de 1972, fue sancionado y promulgado por el Ejecutivo nacional un régimen especial fiscal y aduanero para el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego. Surgía así la Ley 19.640 que iba a tener en la siguiente década una influencia decisiva en la vorágine transformadora que viviría la isla.

El gobierno de facto conducido por el general Alejandro Agustín Lanusse propuso un régimen especial ...”en reemplazo de aquel del cual gozara anteriormente y que resultara derogado en virtud de la sanción de la ley 18.588”, fundado en que “el régimen anterior había cumplido su ciclo, pero las circunstancias que lo motivaron originalmente, en cuanto se referían a la peculiar situación geográfica de los territorios involucrados y sus consecuencias directas en materia de relativo aislamiento, condiciones de vida y grado de actividad económica y su desarrollo, en gran parte mantienen actualidad...”. En la nueva norma se buscaba superar las deficiencias de la anterior: “El reestablecimiento de un régimen como el anterior, que se aproximaba bastante al técnicamente conocido como “área franca”, no resultaba idóneo, pues al otorgar la liberación aduanera por igual a materias primas, semielaborados y productos finales, notoriamente desalentaba la posibilidad de estimular, en forma general, la producción en el territorio en las áreas con ciertas aptitudes de encararla, al facilitar sin discriminación la importancia de los productos finales...” (1). Así, surgía el Área Aduanera Especial.

La ley y su decreto reglamentario 9.208/72 eximieron del pago de todo tipo de impuestos nacionales a la jurisdicción. Además, preveía una notable reducción y eliminación, según los casos, de los gravámenes a la importación, reembolsos a las exportaciones y a los productos colocados en la Argentina continental, generando “el sistema de estímulos tributarios más amplio con que cuenta el país” fundada en razones “geopolíticas”(2).

No obstante, la promulgación de esta legislación, pasaron casi siete años hasta que llegara el momento de que los empresarios de las armadurías electrónicas descubrieran los atractivos de la 19.640. La norma por sí sola no hubiera generado mayores influencias sino hubiera sido por el cambio de las condiciones económicas que llevó al aprovechamiento de las ventajas diferenciales fueguinas.

Los factores que incidieron para que la ley de promoción económica adquiriera relevancia, fueron la brusca caída de la estructura de protección arancelaria, el retraso cambiario (1978/80) y la apertura del mercado local a la competencia internacional, en conjunto produjeron la desarticulación de la industria nacional de artículos electrónicos y electrodomésticos de uso doméstico; esto se produce conjuntamente con la necesidad de los consumidores de incorporar los cambios tecnológicos de gran envergadura en la producción de televisores (TV color).

La migración de plantas productoras de televisores fue acompañada por otras dedicadas a electrodomésticos e hilados de fibras artificiales, que produjeron un cambio cuantitativo y cualitativo del perfil industrial fueguino existente hasta 1973. “El perfil manufacturero emergente está poderosamente influido por estas tres actividades; las que en conjunto, dan cuenta del 81% del producto fabril fueguino, significan el 63% y 42%, respectivamente, del producto que generan estas ramas a nivel nacional” (2).

Antes y después

Hasta la promulgación de la Ley 19.640, el panorama productivo de la isla estaba limitado al aprovechamiento de los recursos naturales, con un escaso nivel de industrialización, basado fundamentalmente en manufacturas primarias y artesanado.

“En 1973 existían 60 establecimientos industriales que ocupaban en conjunto a 581 personas, es decir algo menos de 10 puestos de trabajo en promedio por unidad de producción, distribuidos en 19 ramas y que en conjunto daban cuenta de apenas el 0,03% del producto industrial nacional” (2). El 70% del producto industrial fueguino estaba basado en la manufactura de carnes, pescados y maderas.

Como indicadores de la evolución acelerada que vivió la economía de la isla, están los siguientes:

b) El consumo energético industrial, que pasó de 995.939 Kw. consumidos en 1977 a 27.445.701 Kw. en 1988, llegó a incrementarse 28 veces en ese período.

d) El personal ocupado en ellos era de 294 personas en 1980 para sumar 5.132 en 1987 (1).

En el lapso comprendido entre 1975/ 1985 la población se triplicó, según la siguiente evolución anual:

1984 24.806 18.408 43.214 12,20 (3) 2.909 6.331

1985 48.459 (6) 12,13 3.559 6.201

1986 30.002 22.718 52.720 (4) 8,79 4.215 s/inf.

1987 57.567 (6) 9,19 4.215 6.720

1988 60.164 (6) 4,51 5.271 5.966

1989 62.700 (6) 4,21 6.444 4.913

1990 65.805 (6) 4,95 7.450 4.655

1991 69.227 (5) 5,20 6.168 4.738

1992 5.938 5.598

1993 6.231 5.322

1994 44.120 40.870 84.990 (4) 22,77 7.082 4.273

1995 8.079 s/inf.

Según el Censo Nacional Económico de 1985, la industria fueguina estaba conformada por 158 establecimientos distribuidos en 48 ramas. La ocupación global ascendía a 5.802 personas y generaba un producto que representaba el 46% del producto geográfico local. Mientras que su incidencia sobre el producto bruto industrial nacional era del 1,24% y la ocupación equivalía al 0,42% del empleo fabril del país, siendo la población fueguina el 0,16% de la totalidad de la población nacional (2).

Un análisis puntual precisaba que se generó también un alto grado de concentración técnica global de la producción: “En efecto, las cuatro unidades fabriles de mayor dimensión, en términos de valor agregado, aportan el 20% del empleo y generan el 40% del producto regional y las 20 plantas más grandes ocupan el 65% del personal y dan cuenta del 81% del producto” (2).

Este proceso de radicación de industrias electrónicas en Tierra del Fuego, evaluado desde el punto de vista global de la industria nacional, se convirtió en una peculiar forma de trasnacionalización de este rubro productivo. Fue impulsado por una serie de empresarios nacionales que buscaban adecuarse a las condiciones impuestas por el cambio tecnológico y la apertura económica y adoptó la forma de acuerdos con los dueños de marcas de renombre mundial para el ensamblado de sus productos. La trasnacionalización no se produjo mediante la entrega del paquete accionario a firmas extranjeros, no fue “a través de cambios en el origen del capital, sino principalmente por los cambios de origen de tecnología y los bienes intermedios, constituyendo un fenómeno de transferencia al exterior del proceso de pensamiento y de decisión así como la capacidad de industrialización” (7). Que fue considerado como una “pérdida de capacidad industrial y tecnológica y el desplazamiento del núcleo técnico hacia las actividades de administración y comercialización y, en consecuencia, la vinculación creciente del proceso de acumulación de capital con actividades que no requieren -y por ende, no demandan- ningún tipo de especialización ni de capacitación productiva ni tecnológica” (7).

Las ventajas comparativas

La radicación de las plantas industriales comenzó entre 1977 y 1978. La necesidad de mano de obra significó que los empresarios tuvieran que tentar a trabajadores de otras partes del país con niveles salariales considerablemente superiores a los del continente.

“Sin embargo, a pesar de que los salarios medios son sustancialmente superiores a los del resto del país, la participación de las remuneraciones en el valor agregado y el valor de producción es notablemente inferior a la media nacional. Esta situación encuentra su explicación en las propias características de los procesos de producción (ensamblado de subconjuntos de origen importado) en las ramas que ejercen una influencia determinante en los promedios locales y en las condiciones de aislamiento a la competencia internacional en un contexto de mercados oligopólicos. La primera característica supone una baja utilización de mano de obra por unidad de producto y la segunda implica un importante componente de beneficios...” (2).

“En el caso del valor agregado de las ramas principales de la actividad industrial, podemos hacer mención que dichos conceptos en términos porcentuales, son de las más bajas que se encuentran en la Nación. La productividad media y los salarios medios son significativamente mayores en el Territorio de Tierra del Fuego, pero las diferencias entre ambos parámetros en favor de la productividad determinan que la participación de los salarios en el producto sea inferior a la media nacional para todos los estratos. Los relativos altos salarios, en comparación con el resto del país, se deben fundamentalmente a que los costos de transporte y las exiguas posibilidades de producción local de los alimentos, determinan que los precios de la canasta familiar sean notablemente superiores, a más de tener en cuenta una conformación oligopólica del mercado ya sumado a ello, la escasez de viviendas y los altos alquileres que por consecuencia de la misma se generan”(6).

La instalación de las industrias ensambladoras de productos electrónicos y electrodomésticos no requerían una alta utilización de mano de obra en relación con el precio final del producto. Por esta razón, los salarios abonados por estas empresas, a pesar de ser muy superiores a los del resto del país, tenían una influencia mucho menor en su precio final.

“Los establecimientos grandes de Tierra del Fuego son, en relación a igual estrato de tamaño a nivel nacional, un 41% más pequeños (medido en personal ocupado), pero con un producto que es un 18% superior y con el doble de productividad” (2).

Esta relación de los componentes de los costos, permitía una alto nivel de utilidades de la patronal. Estos años de promoción económica, posibilitaron una fenomenal acumulación de capital que en su inmensa proporción fueron a parar a lugares distantes, a varios miles de kilómetros del lugar en que se generaban.

Los costos de la producción fueguina se veían además incrementados, “las empresas “cargan”a sus filiales fueguinas buena parte de los importantes gastos de publicidad que efectúan y de los costos de financiación y comercialización. De esta manera, se sobrestima el valor agregado para obtener el certificado de origen que es condición indispensable para percibir los reembolsos de las “exportaciones” al territorio nacional” (2).

Es decir, que los altos beneficios que obtenían, se veían además incrementados por los reembolsos que pagaba el fisco, cuyos valores básicos de cálculo se “inflaban” con gastos extraños a Tierra del Fuego para obtener un mayor reembolso.

Los fraudes

Los beneficios fiscales que propuso la 19.640 hicieron que muchos adictos al dicho “hecha la ley, hecha la trampa” comenzaran a orientar sus neuronas hacia su aprovechamiento y rápido enriquecimiento.

Uno de los más conocidos fue el del grupo empresario Konner Salgado que a través de la transferencia de saldos a favor del IVA basadas en exportaciones falsas, defraudó al fisco por una cifra próxima a los 280 millones de dólares.

El grupo era propietario de medio centenar de empresas, entre ellas Talent Fueguina, Tolhuintex, Complejo Forestal Fueguino, Complejo Industrial Fueguino.

También, la Administración Nacional de Aduanas, a cargo de Juan Carlos Delconte (luego condenado por infinidad de ilícitos), estuvo en numerosas oportunidades sospechada y denunciada por la introducción de volúmenes exagerados de productos que pasaban fácilmente sin ser detectados por la inspección aduanera.

Era la época de los galpones que deberían haber permitido “techar la isla” o los volúmenes inusitados de vino que supuestamente eran consumidos por la escasa población fueguina. Los subterfugios alcanzaban también a maquinarias “sofisticadas y costosas”, que en muchos casos se pudo comprobar que se trataba de chatarra que aparecía dispersa por los basurales “ad hoc” que surgían en la isla.

Estas defraudaciones al fisco, que superaron los 500 millones de dólares, sirvieron para fundamentar las restricciones a los beneficios fiscales que se fueron consumando a partir de 1988.

Las nuevas normas, la crisis que se produjo en los últimos meses del gobierno de Alfonsín y los comienzos de Menem con sus sucesivas ondas hiperinflacionarias y la salvaje apertura a las importaciones de productos electrónicos de todo el mundo, hizo que la industria fueguina sufriera una caída en sus niveles productivos y en la cantidad de establecimientos radicados que provocaron numerosos focos de conflictos sociales a partir de esa fecha.

Esta crisis comenzó a revertirse a partir de 1993, cuando las empresas que subsistieron a ella comenzaron a nutrirse de las franjas del mercado abandonadas por las fábricas cerradas.

La aventura fueguina

La irrupción de miles de trabajadores y sus familias en la isla tuvo una serie de consecuencias traumáticas para la sociedad que se fue conformando.

Los primeros sinsabores estuvieron vinculados con la escasez de viviendas, el hacinamiento a que se sometían los atraídos por la “Isla de la Fantasía” en pensiones, hoteles y precarias casillas y los déficits de infraestructura que tenían las pequeñas ciudades fueguinas para contener a la migración masiva recepcionada por la sociedad fueguina.

El notable incremento de la población impulsó la frenética construcción de viviendas populares, la ampliación de los servicios educativos, sanitarios, etc. También, hizo que la tradicional clase comercial hiciera pingües negocios con la fiebre consumista que los altos salarios posibilitaban a los recién llegados.

La afluencia de población de distintas regiones del país y de Chile llegó a la isla para buscar posibilidades de progreso y desarrollo. Según el último censo (1991), el 65 por ciento de la población es oriundo del continente y otro 15 por ciento nació fuera de las fronteras del país.

El psicólogo Luis Camargo escribió sobre el desarraigo y afirmó que “la situación de crisis económica original, con su correlato de exilio interno al Sur, (se muestra) como un acontecimiento esencialmente traumático (...) Postulamos aquí que el desgarro que implica el abandono de los lazos primitivos con los lugares de orígenes, ha sido un desgarro que en definitiva nunca ha terminado de producirse, y es por ello que tal situación primitiva debe ser recuperada de un modo particular en la fantasía, por demás distinta al recuerdo”.

Los lazos familiares, las amistades y la historia edificada sobre una infancia y adolescencia común, generan barreras de contención para las circunstancias traumáticas, como una desgracia familiar, una crisis sentimental o un ahogo económico. Para muchos, la realidad de instalarse en estas tierras, sin esas defensas, fue demasiado dura y en algunos casos desesperante.

El psiquiatra Miguel Slavic, cuando se desempeñaba como director del Centro de Salud Mental de Río Grande, sostuvo que el problema más preocupante en Tierra del Fuego es el del desarraigo. Señaló que “es muy frecuente que la gente se tome 6, 7, 10 pastillas con el afán de desconectarse, sin importarle cuales sean las consecuencias que puede producir, sin tampoco imaginarse que la puede matar. Al menos una vez por día se nos presenta algún caso de estas características”.

Slavic afirma que las tendencias suicidas son una “colateral” de la problemática del desarraigo. Esa es la explicación de que los casos más frecuentes son en personas que van de los 30 a los 50 años. También son sus subproductos el consumo de barbitúricos, alcohol o estupefacientes; estos últimos, según el psiquiatra, “en un año duplicaron su consumo” y “pinta como una bola de nieve”.

Otra de las particularidades fueguinas es la importante cantidad de mujeres como jefes de familia y único sustento de sus hijos. Según la Encuesta Permanente de Hogares, una de cada seis familias está a cargo de una mujer y, según los pedidos de asistencia de la Dirección de Ayuda Social municipal, en los hogares humildes esa proporción aumenta a uno de cada tres grupos familiares.

Esta situación, es resultante del abandono del hogar por parte del esposo en busca de mejores oportunidades laborales en otros lugares, de la importante cantidad de separaciones matrimoniales y del notable incremento de la maternidad adolescente.

Los maltratos en el hogar que sufren los niños es otra importante referencia de la situación. En Río Grande, se reciben más de veinte denuncias mensuales de este tipo de violencia familiar y, al menos, 5 o 6 de abusos sexuales de menores.

Según Camargo, “los casos que nos llegan a nosotros, no quiere decir que no haya muchos más, nosotros suponemos que sí”.

La ola migratoria que recibió la provincia fue esencialmente de gente joven, que tuvieron hijos fueguinos que, en la mayoría de los casos, se criaron en las guarderías infantiles, quedaron al cuidado de algún hermano mayor o de un conocido. Para Slavic, estas guarderías ofrecieron “una contención cuasi-familiar”, pero no contaban con “profesionales que se ocupasen de cuidar chicos con pericia, sino con mujeres que tenían voluntad y precisaban trabajar, con problemas personales y sociales muy severos”.

Mientras los padres buscaban incorporar horas extras a sus jornales, para poder cumplir sus objetivos de prosperidad, sus hijos permanecían durante esas extensas jornadas a cargo del personal de esas guarderías.

Camargo considera que en Tierra del Fuego “el síndrome más frecuente se refiere al abandono y al maltrato de la niñez. No existen, como en las grandes ciudades, niños de la calle, aunque en muchos casos podamos darle estatuto de tales a menores que en apariencia no trasponen sino escasamente las paredes del ámbito familiar. El proceso infantil que parece presentar mayores dificultades y ambivalencias (...) es aquel que concierne a la identidad individual y sus referencias al arraigo local”.

Luego, señala que los padres necesitan de una historia, “en la cual el desarraigo y la relación con las raíces están incluidas”. Cuando esa historia se presenta dificultosa, se transfiere a la generación siguiente ese vacío y se pregunta: “¿por qué no pensar entonces que, los síndromes de abandono o maltrato familiar, frecuentes en la isla, deban ser puestos en línea con esta descripción que atañe a determinadas estructuras familiares?”.

Este problema no es menor, dada la particular estructura social de nuestra provincia que tiene al segmento más numeroso en el tramo que va de los 0 a 4 años. El censo de 1991 registró 24.906 menores de 14 años, si a este dato le sumamos los aproximadamente 2.500 nacimientos anuales resulta que, en la actualidad, los menores de 17 años superan los 32.000, casi el 50 por ciento de la población.

Los niños y adolescentes van acumulando esas situaciones angustiosas, haciendo mucho más difícil, el de por sí difícil tránsito, de la infancia a la madurez.

Slavic considera que “es muy grave la situación que se plantea a los adolescentes que son expulsados de la escuela secundaria, se los deja afuera del sistema escolar, se los deja en la calle, por lo tanto se produce una situación de desprotección y desconexión con lo que son las pautas sociales”.

Cuando la “Isla de la Fantasía” dejó de serlo para una gran parte de los habitantes de Tierra del Fuego la fantasía se limitó a subsistir. De esta manera, el desarraigo, que se compensaba con beneficios materiales y sueños de prosperidad, quedó falto de gratificaciones y dejó mucho más expuestos a adultos y adolescentes que no disponían de muchas alternativas ante los duros dramas cotidianos.

* Síntesis de investigaciones periodísticas publicadas por el autor en el diario Tiempo Fueguino durante 1994.

(1) Claudio Alberto Ricciuti, Breve Reseña Económica de Tierra del Fuego, 1996.

(2) C.F.I. - C.E.P.A.L., La Industrialización Reciente de Tierra del Fuego, 1987.

(3) Anuario Estadístico 1984, Gobernación del Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

(7) Aspiazu Daniel, Basualdo E. y Nochteff H. Estructuras y Transformaciones de la Industria Electrónica en la Argentina. Serie documentos e informes de investigación Nº 45. FLACSO, Buenos Aires, 1986.

CAPITULO VII

Organización y primeras luchas

Génesis metalúrgico

A partir de 1978, los empresarios electrónicos descubren las ventajas comparativas que les ofrece la promoción económica fueguina y comienzan a radicarse en la isla.

Río Grande no era más que una aldea circunscripta a unas cien manzanas. Por esa razón, las primeras plantas fabriles se instalan en lugares céntricos, así ocurrió con IFRESA, Radio Victoria, BGH, Sigis y otras.

En una primera etapa, los salarios no eran muy diferentes a los que se cobraban en otras partes del país. Gran parte de los operarios eran esposas de trabajadores públicos, petroleros o militares que llevaban así un ingreso adicional a sus hogares.

Tal vez, una de las primeras movilizaciones que se registró fue en 1982, cuando en las postrimerías de la dictadura militar, el entonces ministro de Economía Jorge Whebe planteó la posibilidad de derogar la Ley 19640. La reacción fue unánime, en primer lugar de los obreros que veían que semejante decisión podía frustrar sus expectativas, los comerciantes, que se comenzaron a acostumbrar a las mieles del consumismo, y toda la población se manifestó en defensa de la norma.

El gobernador territorial Raúl Eduardo Suárez del Cerro, el ministro de Economía Mariano Viaña y el intendente Juan Apolinaire tuvieron que hacer ingentes esfuerzos para mediar entre las autoridades nacionales y la población. El 3 de diciembre de 1982, arriba al aeropuerto de Río Grande el ministro Whebe, quien escucha a los distintos voceros de la comunidad que hacen hincapié en temas geopolíticos y de afirmación de la soberanía nacional en la isla. Finalmente, el funcionario nacional acuerda dejar sin efecto el intento de derogar la Ley de Promoción Económica.

En esos años, sólo se armaban televisores con partes importadas, no se fabricaba ningún componente. La acreditación de origen se basaba casi exclusivamente en el salario.

Al radicarse una cantidad creciente de plantas fabriles y al superar la demanda a la oferta de mano de obra, se fueron dando las condiciones para que surjan los reclamos obreros y que comiencen a obtener las primeras conquistas.

“ En esos años se vivían muchas injusticias y la vida para el obrero era muy dura. Las primeras luchas fueron por aumento de salarios y se limitaban a cada fábrica. Se hacían petitorios, se los presentaba ante los gerentes, que no tenía ningún poder de decisión, quienes lo giraban a Buenos Aires, eran gerentes por teléfono. En algunas ocasiones, los reclamos se mandaban por correo. Con respecto a las condiciones de trabajo, las presentaciones se hacían directamente al Ministerio de Trabajo”, recuerda el metalúrgico Apolonio Benítez.

A veces se lograba el aumento negociando luego de presentar el petitorio, en otras ocasiones se imponían los reclamos luego de realizar algunas medidas de fuerza como quites de colaboración, paros parciales o concentraciones en el comedor o frente a la gerencia. Cuando una fábrica obtenía una mejora se producían dos fenómenos, los obreros de otros establecimientos comenzaban a reclamar la equiparación y se producían renuncias en las empresas que pagaban menores salarios, para marchar hacia los trabajos mejor remunerados. El permanente déficit de la oferta de mano de obra jugaba a favor de los asalariados.

Al referirse a los primeros pasos organizativos, Benítez no duda en considerar que la creación de la mutual metalúrgica, “que tenía la personería jurídica Nº1 y fue fundada por Boedo y Walter Rolando, permitió encontrar una cobertura para las primeras reuniones gremiales”. Ricardo Zárate recuerda que la existencia de una oficina de la obra social del gremio también cumplió el rol de facilitar los primeros intentos de organización.

La difusión de que en Tierra del Fuego había trabajo, que se podían obtener salarios superiores y los bajos precios de los vehículos y artículos domésticos, se convirtieron en un poderosos magnetismo para trabajadores, sobre todo jóvenes, de todas las regiones del país. Esto se reflejaba en una migración creciente, en algunos momentos se notaba el predominio de los que provenían de alguna provincia, en particular mendocinos, cordobeses, entrerrianos o salteños. Después de las vacaciones o de cada carta relatando las posibilidades de prosperar, se multiplicaban los que se animaban a cortar distancias y a encarar el desafío fueguino.

Gran parte de los que llegaban a la isla estaban dispuestos a soportar todo tipo de contingencias con la aspiración de acumular recursos para mejorar sus condiciones de vida y retornar a sus lugares de origen. Tierra del Fuego se convertía en un lugar de tránsito con la valija siempre lista para regresar al continente.

Todas las fábricas, todas

Así como llegaban hombres y mujeres dispuestos a prosperar a cualquier costo, también arribaban quienes tenían experiencias en luchas gremiales o con formación política de izquierda que aportaron sus conocimientos, ideales y abnegación para lograr sentar las bases organizativas del joven movimiento obrero fueguino.

ITC Drean fue la primer fábrica que aceptó una comisión interna y los activistas de otros establecimientos comenzaron a forzar la elección de delegados, pero fue un proceso lento, con desigualdades, avances y retrocesos.

El proceso de elección de delegados y la tonificación por los triunfos parciales que se fueron conquistando crearon las condiciones para pegar el salto a luchas del conjunto del gremio metalúrgico.

En 1983, comienza a manifestarse esta nueva tendencia. La recuperación de la democracia aportó un elemento alentador para los reclamos colectivos y para la organización obrera.

Los operarios de FAPESA se concentran en el comedor de la planta reclamando un 25% de aumento salarial, los reclamos comenzaron a extenderse a otros establecimientos. En octubre, la demanda se generaliza bajo la consigna de 7.500 pesos de aumento y el conjunto de los metalúrgicos se suma al paro de brazos caídos en los lugares de trabajo que va a durar 23 días. Ante el despido masivo de obreros, la lucha continúa en las calles; en los últimos días se lleva a cabo una huelga de hambre en la Iglesia Don Bosco que termina por inclinar la balanza a favor de los obreros.

El conflicto concluye con un triunfo, se obtiene el aumento salarial y el pago de los días caídos, la masiva asamblea obrera, que se llevó a cabo en el quincho de petroleros privados, convalidó el acuerdo alcanzado por los dirigentes. La contrapartida fue que los huelguistas tuvieron que recuperar una parte de las horas perdidas trabajando los sábados

Este triunfo potenció la organización gremial. La Unión Obrera Metalúrgica hasta ese entonces solo disponía de dependencias para atender la obra social. Los directivos nacionales perciben la transformación de la actividad y el dinamismo que van tomando los hechos, y deciden hacer depender de la Seccional Pico Truncado la vida gremial de los metalúrgicos fueguinos. En 1984, arriba el interventor Lasperchuk y se nombra como delegado normalizador a Raúl Toledo.

El protagonismo que fueron conquistando los delegados de fábrica, hizo que el perfil de la organización gremial tuviera un carácter muy diferente al que estaban acostumbrados los seguidores de Lorenzo Miguel. Desde los primeros pasos, se impuso el criterio de que los congresos de delegados fueran la instancia resolutiva por excelencia, convirtiendo a los dirigentes gremiales en las caras visibles de una estructura sindical por demás horizontal.

Los delegados comienzan a exigir la autonomía de Pico Truncado y la creación de nuevas seccionales en Ushuaia y Río Grande, que finalmente se logra.

Se nombra una comisión por consenso, encabezada por Raúl Toledo y completada por un delegado de cada fábrica.

Benítez recuerda que en ese proceso “comienza a apreciarse que desde Buenos Aires se “baja línea” para “normalizar” el sindicato, para que los directivos se aparten de las bases y pierdan influencia los delegados. Así comenzábamos a notar que los delegados cuando llegaban a la Comisión Directiva empezaban a cambiar de parecer. Había manejos al estilo de la burocracia sindical y comienza a darse una lucha de sectores, entre los ortodoxos justicialistas que querían imponer el verticalismo y los activistas de izquierda, radicales, peronistas de base e independientes que pretendían un gremio democrático y pluralista”.

Zárate, con relación a este tema tiene otro punto de vista, considera que las divisiones no estaban impuestas, “eran distintos agrupamientos que surgían dentro del cuerpo de delegados, por el contrario, desde Buenos Aires por lo general no nos daban “bola”, ni nos tomaban en cuenta”.

Esta pugna también se reflejaba en el ámbito de la CGT local. Desde el gobierno nacional se buscaba debilitar al tradicional aparato sindical y el entonces ministro de Trabajo Antonio

Mucci alentó a ciertos sectores opositores del sindicalismo tradicional. Benítez relata que en esa época “estaba la CGT Laserre, que era la ortodoxa, y la CGT Rivadavia que era la democrática y pluralista. Esta lucha llegó a que surjan agrupamientos diversos, por ejemplo en la UOCRA hubo tres comisiones simultáneas”. Luego, agrega que entre esos sectores “se produjo una divisoria de aguas; en la UOM se forma una agrupación que controla el cuerpo de delegados. Desde Buenos Aires se dice que Río Grande estaba infiltrada por los zurdos, se hacen seguimientos e investigaciones de los delegados”.

Qué mal se te ve

El triunfo de la lucha por los 7.500 pesos y el salto en la organización del gremio metalúrgico fue motorizando a otras luchas parciales que involucraban exigencias sobre guarderías, condiciones de trabajo, cuestionamiento a los ritmos de producción, etc. También se generaron conflictos en defensa de trabajadores despedidos o ante intentos empresarios de restricciones al accionar gremial.

Así ocurrió en la fábrica Hitachi, cuando la patronal dispuso el despido de un obrero. Los cuatrocientos trabajadores consideraron un atropello la medida y exigieron en una asamblea por su inmediata reincorporación. La negativa empresaria llevó a que el 11 de abril de 1985 se ocupara el establecimiento.

La comisión de la UOM convocó a una movilización en apoyo al conflicto, logrando una adhesión de unas trescientas personas. La policía que rodeaba la planta, intentó impedir que la columna obrera llegara a expresarse solidariamente; para cumplir ese objetivo, cortó la energía eléctrica de todo el barrio y disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes; los obreros respondieron lanzando piedras hasta que finalmente fueron dispersados. La batalla en medio de la oscuridad arrojó un saldo de varios obreros heridos.

La represión causó indignación en la comunidad riograndense; al día siguiente, una masiva manifestación repudió el hecho convocados por la conducción metalúrgica. Unas dos mil personas recorrieron las calles de la ciudad.

Esa tarde, el gobernador territorial Adolfo Sciurano y algunos directivos de la empresa arribaron a Río Grande para negociar con los representantes obreros. Por la noche se sellaba el acuerdo que reincorporaba al despedido.

La huelga más austral

En febrero del año siguiente, el centro de los conflictos se traslada a la capital territorial. El lunes 10, más de un millar y medio de metalúrgicos iniciaron una huelga por tiempo indeterminado reclamando un aumento salarial del 58 por ciento.

El malestar se gestaba desde hacía varios meses. El costo de la vida en Ushuaia oscilaba en unos mil australes para cada familia mientras que los salarios apenas alcanzaban a unos 300 australes.

Además de los insuficientes salarios, salían a la luz las precarias condiciones de trabajo: “La mayoría somos mujeres y en dos años han sido por lo menos seis los casos de abortos prematuros. Esto se debe a los gases tóxicos de las soldaduras con estaño y los esfuerzos a que nos obliga la patronal”, explicaba Susana Iriarte, delegada general de Noblex, quien también denunciaba que durante varios meses del año no había calefacción y que se habían producido “toda una línea de 10 o 15 compañeros afectados por tuberculosis” (1).

Pablo Villani y Julio González (Aurora -Bencer) relataban que “las deficiencias de seguridad e higiene en esta empresa llegan al extremo de disponer de seis inodoros para los 600 trabajadores y trabajadoras”(1).

La indiferencia de las autoridades laborales y territoriales ante este cuadro de situación desencadenó la huelga general. Al tercer día del conflicto, el Ministerio de Trabajo decreta la ilegalidad de la medida de fuerza. Los empresarios se sienten alentados a disponer una contraofensiva y envían unos 700 telegramas de despido. Esto irritó mucho más a los obreros, dado que en el texto se los acusaba de causar agresiones y patoterismo incluso a algunas mujeres que estaban en el sexto y séptimo mes de embarazo.

La patronal también organizó a un grupo de matones liderados por un tal Cordero Rojas, presuntamente vinculado a la represión militar(1).

Ante la dimensión que tomaba el conflicto, las autoridades laborales disponen la conciliación obligatoria y la reincorporación de todos los despedidos, quedando el reclamo salarial para ser tratado en las audiencias.

El primer “tres por uno”

Para los metalúrgicos riograndenses, 1988 será un año clave desde el punto de vista de las luchas y conquistas que marcará notablemente los tiempos venideros.

En diciembre de 1987, los obreros ocuparon las fábricas Hitachi y Kenia por dos días, exigiendo el cumplimiento de un convenio salarial. La conducción de la UOM llamó a una movilización que congregó a unos 800 trabajadores y convocó a un paro solidario de 24 horas.

Así, los obreros comenzaron a tensar las fuerzas, a disponerse para pruebas más decisivas y desafíos más audaces.

La característica de un movimiento obrero de una edad promedio muy joven, sin grandes dependencias familiares y, en gran parte, con el objetivo de acumular recursos lo más rápidamente posible para regresar al punto de partida, aportó una cuota adicional de decisión y radicalización a los procesos embrionarios que se estaban gestando y a las luchas por venir.

Los aumentos de salarios que se conquistaban por fábrica se traducían en el recibo de sueldo como “a cuenta de futuros aumentos”. Esto se transformaba en un incremento cero cuando se lograba una mejora de los básicos de convenio, dado que absorbían todos los aumentos anteriores.

Para sortear esos inconvenientes, comenzó a surgir el reclamo del denominado coeficiente tres, que buscaba triplicar el básico de convenio con los adicionales por zona y por zona desfavorable. Como era de suponer, la entidad que agrupaba a los empresarios electrónicos (AFARTE) se opuso al pedido.

El 11 de abril, se dispone el paro por tiempo indefinido hasta conseguir el reclamo. Los dirigentes de la huelga pensaban en ese momento que el conflicto en una semana se resolvía.

Las semanas previas se prepararon organizando un fondo de huelga que apenas alcanzaba para una decena de días.

La prolongación imprevista de la pulseada con la patronal, obligará a los delegados y activistas a compensar con esfuerzo, sacrificio y abnegación los detalles que no estaban a la vista en el momento de presentar batalla.

En la primer semana, se organizó una movilización que congregó a unas dos mil personas. Benítez recuerda que “la primera forma de autoorganización fueron los piquetes para impedir que los carneros contratados por la patronal ingresen a las fábricas. Nosotros lo hacíamos por las buenas, pero la patronal hablaba de piquetes de vándalos”. También menciona varios enfrentamientos con la policía.

Uno de ellos ocurrió en la madrugada del lunes 18, cuando la policía reprimió violentamente a los obreros que estaban frente a los portones de la empresa JVC. El incidente arrojó un saldo de varios operarios heridos y se denunció que los uniformados le pegaron hasta a las mujeres, algunas de ellas embarazadas. Uno de los huelguistas fue detenido. Luego detuvieron a otros dos trabajadores. Unas horas después, intentan detener a otro, pero es defendido por sus compañeros y se genera otra brutal represión a bastonazos y con disparos de itaka por encima de las cabezas.

Las detenciones eran bastante frecuentes. En esos días fue capturado por los policías el cuerpo de delegados completo de Sigis. Cada noticia de nuevos detenidos que llegaba al cuartel obrero, hacía surgir en forma espontánea una movilización hacia la Jefatura o hacia el Juzgado de Paz para exigir que sean liberados y se lograba.

Estos hechos, fueron convirtiendo a Río Grande en una ciudad sitiada. La tensión se percibía en los comercios, en las escuelas y en cada conversación entablada entre los pobladores.

Las asambleas generales se convertían en una especie de parlamento obrero. Se realizaban frente a la sede gremial, ubicada en la calle O´Higgins. El edificio contaba con un pequeño balcón, que permitía a los dirigentes arengar a los huelguistas que se concentraban ocupando casi toda la cuadra.

En la tercera semana, se llevó a cabo una marcha de las antorchas que nucleó unas dos mil quinientas personas, notándose que muchos contingentes de otros gremios y sectores de la comunidad (docentes, estudiantes, empleados y taxistas) se sumaron a la movilización.

La huelga mostraba su firmeza y ganaba adhesiones entre la población, como en todo conflicto social prolongado los intereses convergentes, la fuerza de las convicciones y las convicciones de la fuerza polarizan a la sociedad, haciendo que con el curso de los días nuevas franjas de la población adhieran al objetivo obrero y se expresen solidariamente. Este efecto, además de aislar a los empresarios, fue dejando expuestos y debilitados a los gobernantes que se sentían molestos por la anormal situación.

El apoyo solidario se expresaba no sólo en las manifestaciones, también en las colectas, en los bailes y recitales, en el “fiado” de los comerciantes y de los dueños de pensiones y de casas de alquiler. Toda una red de complicidades era percibida por los obreros y tonificaba su decisión de continuar hasta lograr el objetivo propuesto.

Los diarios nacionales de la época pintaban un panorama de sublevación subversiva en Tierra del Fuego, las hogueras y los pasamontañas que lucían los huelguistas en las fotografías de los medios gráficos, eran el argumento preferido por los ideólogos de esa versión. Desde Ushuaia se mandaron efectivos para “mantener la calma” y el gobierno nacional envió un destacamento de gendarmes que se concentraron en forma intimidatoria en el BIM 5.

Pero, los que sufrían en carne propia necesidades parecidas en otras partes del país, y contenían su rebeldía y descontento, no sólo no tomaban en cuenta las afirmaciones de los “cagatintas”, sino que llevaban a cabo colectas en otras ciudades del norte y se pronunciaban solidariamente con los obreros fueguinos.

Los dirigentes nacionales de la UOM insistían para que la seccional acate la conciliación obligatoria que había decretado el Ministerio de Trabajo y que había sido rechazada por la asamblea obrera.

El jueves 19, un millar y medio de obreros se reúnen en las puertas de la sede gremial, luego de cuarenta días de lucha por la obtención de un sueldo de 2.900 australes. El entonces secretario general de la UOM, Osvaldo Pizarro, pone a consideración de los obreros la contrapropuesta patronal: 2550 australes en abril, 2.800 en mayo y 3.100 en junio, la reincorporación de todos los despedidos (180) y un adicional de mil australes por todos los días caídos. A pesar del cansancio, de tanta tensión acumulada, los metalúrgicos tuvieron tiempo para el festejo.

Una anécdota

“Un grupo de carneros quiso entrar en Sigis, lo que originó una pedrea de los obreros que estaban en la puerta. La policía reprimió y detuvo a la comisión interna. Desde el sindicato convocamos a una movilización general hacia el Juzgado de Paz, que era la única institución judicial que existía entonces y que estaba a cargo del doctor Jorge Amena.

Los trabajadores movilizados rodearon la manzana para hablar con el juez. Amena cuando salió a la puerta estaba pálido, desesperado cuando vio a la multitud que tocaba bombos, cornetas, bocinas y megáfonos. La gente gritaba que si no soltaban a los compañeros le quemaban el Juzgado.

Amena no me quiso recibir por mi filiación política (comunista), le salió un rasgo de maccartismo, de no querer rebajarse a hablar con un individuo de pelo largo, con campera camuflada, que me calificaba de “sandinista” por dichos de su secretario. Éste, decía a quien le quería escuchar que había que matar a todos los comunistas y se lamentaba que la dictadura no había podido cumplir su cometido, pero tuvo que soltar a todos. Finalmente, se acordó que todos los compañeros fueran liberados”.

Una vanguardia aguerrida

El desarrollo de este prolongado conflicto llevó a muchos dirigentes, delegados y activistas a poner en práctica métodos violentos para preservar la huelga y a mecanismos de organización clandestina para evitar que los policías liquiden el movimiento deteniendo a los principales dirigentes.

Hacíamos referencia de los piquetes organizados para impedir que aquellos que desertaban de la lucha terminen por aislar a la conducción y hacer fracasar la medida de fuerza.

Como en tantos momentos críticos de las luchas populares, la decisión y perseverancia, la valentía y audacia de los protagonistas pueden definir el resultado de la batalla.

Cuando promediaba la huelga, los dirigentes de entonces recuerdan que “el activismo se fue desgastando, los piquetes aflojaban, en algunas plantas como Sistemaire, Mirgor, Famar, Kenia y Radio Victoria la huelga se debilitaba. La falta de dinero hacía vivir situaciones muy difíciles, los compañeros vendían los artefactos domésticos, una olla popular en la UOM permitía alimentar a unas mil personas. Se realizaban asambleas de las fábricas más fuertes frente a los portones de las que estaban más débiles, era una especie de piquetes masivos encubiertos. La huelga ya estaba al borde de ser quebrada, pero la ofensiva patronal de concretar los despidos masivos hizo resurgir a los activistas y la huelga volvió a tonificarse con todo”. Quienes soportaron los peores momentos fueron los obreros de BGH, Talent, FAPESA e ITC.

En esos momentos de dudas, incertidumbres y vacilaciones, el papel de los activistas pasa a ser decisivo, reemplazan con su tenacidad la debilidad de la masa y sus acciones audaces mantienen en raya a los que pretendían cruzar los portones de ingreso a las fábricas.

La valentía de los activistas se ponía a prueba casi diariamente. Los que integraron los piquetes de entonces recuerdan que “había que parar a los micros que llevaban los carneros, en ese momento no había diálogo posible, el futuro de la huelga dependía de cada una de esas pequeñas acciones que impidieron que se comience a trabajar. Hubo muchas ocasiones en que se tuvo que cascotear a los micros, fajar carneros y defender a los compañeros que querían llevar presos los policías. Una vez en JVC, paramos a 2 o 3 carneros muy pesados, la patronal llama a la cana, pero cuando llegan el piquete ya se había ido. Entonces se las agarran con los pocos que estaban allí y ya los estaban por detener, cuando un compañero avisa a los de BGH, que salen corriendo y los cagan a palos a los policías, que se van rápido y hasta pierden las gorras. Después llega un camión antimotines con 30 policías, pero la UOM convoca a los compañeros, se juntan como mil, rodean a los policías y estos tienen que irse silbando bajito”. Hechos como este son muy frecuentes durante las siete semanas de la huelga.

La Comisión de Huelga funcionaba en forma clandestina, mientras que la denominada Comisión de Acción Social lo hacía a la luz del día dedicada a la colecta y distribución de los fondos, organizaba las ollas populares y administraba los alimentos y medicinas. “Los policías perseguían a la Comisión de Acción Social pensando que dirigían el conflicto pero perdía de vista a la verdadera conducción que era la Comisión de Huelga”.

La U.O.M. Austral

La característica de movimiento obrero emergente signó el perfil de las organizaciones gremiales fueguinas.

La U.O.M. durante mucho tiempo fue el gremio más influyente del país. Por agrupar a los obreros industriales, brindó a su estructura sindical un poderío que va más allá de la cantidad de afiliados que nuclea; además, el protagonismo tradicional que tuvo dentro de los agrupamientos gremiales brindó un elemento adicional de su influencia.

En Tierra del Fuego, el sindicato metalúrgico no tuvo el tiempo necesario como para lograr estabilizar una conducción adicta al miguelismo y, por otro lado, la decisiva influencia que alcanzaron los delegados hizo que madurara la tendencia a encumbrar a dirigentes comprometidos con los requerimientos de las bases.

Desde sus iniciales pasos gremiales, los metalúrgicos fueguinos hicieron sus primeras armas en las secciones de las fábricas, en los comedores y vestuarios; se foguearon desconfiando de los trámites administrativos en la cartera laboral y de gestiones diplomáticas ante los representantes empresarios. Esa característica distintiva, modeló una estructura sindical horizontal que obstaculizó cualquier intento de negociaciones a espaldas de las asambleas obreras o la obtención de “cheques en blanco” o prebendas por parte de los directivos.

Luego de este importante triunfo en el terreno de la acción directa, se abren todos los caminos para que el reclamo de autonomía y constitución de una seccional en cada ciudad fueguina.

A mediados de 1987 se había conformado una comisión directiva provisoria integrada por Osvaldo Pizarro y delegados de diversos establecimientos.

El 3 de agosto de 1988, son convocadas las elecciones donde surgirá la primer conducción institucionalizada de Río Grande. La nueva comisión estará encabezada por Pizarro a quien acompañan Jorge Ybars, Walter Rolando, Ayala, Barbosa, Romero, Benítez y López.

En tanto, en la capital fueguina el proceso normalizador fue en abril de 1984, donde se presentaron dos listas (ambas encabezadas por dirigentes de Continental) imponiéndose Gustavo Espinosa. A dos años de este proceso, la conducción tuvo que ponerse a la cabeza de un paro seccional, que finalizó con alrededor de sesenta despedidos.

“El descontento de los trabajadores fue tal que tomaron el sindicato en dos oportunidades ( afines del `86 y a principios del `87), razón por la cual la dirigencia decide renunciar. Acto seguido se ingresó en un largo período de intervenciones de parte del Secretariado Nacional (...) Cuatro interventores consecutivos pasaron por la UOM local hasta mediados del 90 y recién entonces se convocó a una nueva elección para normalizar el sindicato. Se presentan dos listas: una encabezada por José Varela y la otra por Ángel Valle” (2). Varela se convierte así en dirigente para completar el período inconcluso de Espinosa.

“A fines del `92 se produce el primer recambio “normal” de conducción, y Varela debe entregarle el mando a Marcelo Sosa –de la lista Verde- que venció a Osvaldo Brest, (...) para su segunda gestión no compitió con nadie, habida cuenta que la lista que intentó enfrentarlo, integrada por la más férrea oposición que tenía (Ángel Valle a la cabeza), fue bajada a poco tiempo de los comicios en circunstancias que no quedaron muy claras” (2).

En ambos casos, el propósito miguelista (3) fue que esta nueva conducción de ambas seccionales encarnen la transición hacia el modelo tradicional, que se vayan consolidando dirigentes con poder de decisión al margen de la voluntad de los afiliados y que se desmonte el perfil autogestionario que se fue gestando en esta génesis metalúrgica austral.

(1) Distintas crónicas periodísticas publicadas en el diario Tiempo Fueguino y en el periódico Solidaridad Socialista, órgano del M.A.S.

(3) Corriente encabezada por Lorenzo Miguel, quien durante décadas condujo el sindicato metalúrgico en el ámbito nacional, que fue vinculado en reiteradas ocasiones a actitudes violentas contra los opositores, arbitrarias y de complicidad con los empresarios. Fue el referente de la denominada burocracia sindical.

Otros gremios se suman

Crecen las filas de los trabajadores

El movimiento migratorio originado por la instalación de plantas fabriles bajo el amparo de la promoción económica, creó las condiciones para que muchos otras especialidades laborales encuentren posibilidades de inserción en tierra fueguina.

El aumento de la población y las instituciones que surgieron, sobre todo luego de la provincialización, generaron una innumerable variedad de puestos de trabajo para las más diversas profesiones: abogados, médicos, enfermeros, docentes, constructores, ingenieros, técnicos, etc., quienes se sumaron también a la búsqueda en estas tierras de la prosperidad.

El aumento de la burocracia estatal, del personal de los hospitales y de la estructura educativa testimonia ese proceso.

EVOLUCION DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

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| AREA/ESCALAFON | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |

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T O T A L 6.766 7.944 7.944 9.860 12.080 13.616 11.052 10.960 11.346 12.636 14.282 12.802

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Con esta evolución comenzaron a desarrollarse y a tomar forma otras entidades gremiales que agruparon a los empleados públicos, docentes, municipales, legislativos, judiciales, bancarios y de la sanidad.

Luchas Blancas

Muchas luchas reivindicativas alcanzaron importante envergadura y tuvieron a los docentes como protagonistas. Sus vínculos con padres y alumnos hicieron que cualquier movimiento gremial o reivindicativo tuviera de inmediato una gran repercusión social.

Hacia fines de la década del 70, los docentes apenas superaban el centenar. En Río Grande, existían entonces cinco escuelas primarias ( 2, 4, 7, 8 y 10), las únicas escuelas de enseñanza media eran el Colegio Don Bosco y la Escuela Agrotécnica de la Misión Salesiana.

Los primeros pasos gremiales comienzan a darse en 1982. En ese entonces, María Bárbara Torres, una activa militante justicialista, convoca a un grupo de docentes independientes para intentar la formación de un agrupamiento gremial. De esas primeras reuniones, participaron Pedro Gossek, María Campos, “Yoyi” Torres, Jorge Barbosa, Nilda Carbone y “Chachi” Villarreal, entre otros. En esta época, surge la Asociación de Trabajadores de la Educación Fueguina (ATEF), que nucleó a los docentes de escuelas primarias de Río Grande.

La primer medida de fuerza que se tenga memoria, se llevó a cabo durante el último gobierno de facto, a cargo de Raúl Suárez del Cerro, en 1983. El reclamo se originó en la necesidad de una recomposición salarial por el continuo deterioro que sufría el poder adquisitivo fruto de la inflación. El paro fue de 24 horas, y el gobernador militar viajó alarmado a Río Grande para tratar de negociar con los docentes y el acuerdo se alcanzó rápidamente.

“A veces la propia dirigencia gremial no sabía como contener los conflictos por que en ocasiones se desataban y no siempre tenían posibilidades de concluir con éxito, y todo gremialista serio sabe que es peligroso llegar a una lucha frontal cuando no hay posibilidades de lograr la conquista reclamada por que después viene un período de decaimiento”, recuerda Nilda Carbone.

Mientras esto ocurría, los docentes capitalinos comenzaban a plasmar una primera entidad del sector, que se denominó Asociación del Magisterio de Ushuaia (AMU), liderada por Agustina Zanacola.

El primer grupo de gremialistas docentes se mantiene durante unos pocos años, luego comienzan a dejar la actividad por diversos motivos, algunos se marchan de la provincia y otros comienzan a ocupar cargos en la función pública. Así, surge una nueva camada de dirigentes y activistas que comienzan a conducir el gremio, entre ellos se destacan Rosana Bernárdez, Miguel González, Patricia Iacoplo, Silvia Pereira, Susana Cobos, Rosita Paredes, Irma Ojeda y Carmen Medina, todos de enseñanza primaria.

La lucha por la equiparación

El surgimiento de nuevas instituciones escolares generó un contraste importante entre lo que percibían los docentes de escuelas primarias con los de enseñanza media. Los primeros dependían del gobierno del Territorio y los segundos del Ministerio de Educación de la Nación.

A partir de la aprobación de la Ley 261 (Estatuto del Docente), los maestros primarios obtienen un nivel salarial superior a sus colegas nacionales. Nilda Carbone recuerda que “con el estatuto los docentes primarios logran una gran ventaja al establecerse una nueva escala salarial. Entonces se desata una lucha muy importante de los docentes nacionales para lograr la equiparación. Fue una lucha muy difícil por las dificultades para negociar con las autoridades nacionales y las territoriales”

Así surge la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Grande (UTERG), agrupando a los profesores de las escuelas secundarias, con el propósito fundamental de lograr que por igual trabajo se obtenga similar remuneración. Esta entidad estuvo impulsada por Silvia Serravalle, Carlos Ratier, Antonio Canizo, Héctor Zárate y Juan José López, entre otros.

La primer conquista se obtiene el 19 de junio de 1986 cuando la Legislatura Territorial aprueba la Ley 280 que establece “un subsidio por hora cátedra a los profesores de nivel medio y superior dependientes del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, que cumplan sus tareas en Tierra del Fuego, equivalente a la diferencia entre lo que abonan la Nación y el Gobierno del Territorio a los profesores que dependen de su jurisdicción”.

A pesar de la vigencia de esta ley, en noviembre estalla el conflicto nuevamente. Silvia Serravalle explicaba los reclamos volcados en un petitorio: “el no cumplimiento de la Ley 280, que hace referencia a la equiparación, no solamente en la tardanza del pago sino en la interpretación de la misma, hay un pago discriminatorio, nos pagan a los docentes pero no a los cargos, un mal manejo de planillas (...) queremos demostrar que tuvimos muy buena voluntad, respondimos a todo, pero lamentablemente no recibimos la respuesta de la misma forma, ya que no tenemos un interlocutor válido...”(1).

Se movilizan los estudiantes

Este reclamo generó la primer manifestación estudiantil que se tenga memoria en Tierra del Fuego. Esto ocurrió el 21 de noviembre, cuando una columna de alumnos de la ENET, de las escuelas de Comercio 1 y 2 y del DINEA manifestaron por las calles de Río Grande con bombos y pancartas, para converger con los docentes en la Delegación de Gobierno y solidarizarse con ellos.

Algunos de los estudiantes expresaban de esta manera sus motivaciones: “Este es un conflicto que empezó hace nueve meses y que desde el mes de mayo estamos con paros, con casi un mes de inactividad, casi el año lo perdimos y no puede ser que esto se siga dilatando. Esta es la única herramienta que tienen los profesores para sus demandas, luego vendrán las vacaciones y no queremos que este problema se dilate hasta el año que viene. Pedimos que el conflicto se solucione ahora” (2).

En las negociaciones participaron la titular de la cartera Educativa Ada Valls y el funcionario de Economía contador Molina Santader, quienes acceden a los reclamos docentes. Las clases fueron reiniciadas el lunes siguiente y dos días después se abonaba lo adeudado.

No obstante, la lucha por el cumplimiento de la Ley 280 generó numerosos conflictos en los años venideros. Durante el gobierno del radical Eseverry se deja de pagar la función docente y el presentismo por un lapso de 16 meses hasta que se logra su reimplantación.

El conflicto más duro

En 1990, recuerda Héctor Zárate, se entra “en el conflicto más serio de la historia de los docentes porque el gobierno deja de pagar la equiparación conquistada en 1986”.

“Se toma la EPET y esa decisión es acompañada por la comunidad educativa. El mismo día se suman los padres y alumnos que acudían a los establecimientos dependientes del DINEA”.

El gremialista docente alude a un inconveniente que se generó con las autoridades de la Unidad Académica Río Grande de la UTN, que se encontraba en el mismo edificio de la EPET. “Mario Ferreyra y Urcelay estaban en contra de la medida, se vivieron momentos muy duros, casi se llegó al enfrentamiento físico. Pedían que nos fuésemos del edificio porque dificultaba las actividades, a pesar que ellos también se iban a ver beneficiados por el cobro de la equiparación. Nosotros pedíamos que se unieran los docentes de la UTN, pero ellos no lo entendían así y comenzaron a boicotear la medida de fuerza. Hacen varias intimaciones y cada día se complica más la convivencia, el estado de nerviosismo crecía y la situación se convirtió en insostenible. Entonces, al segundo día decidimos concentrarnos en la Escuela de Comercio Nº1, se la avisó a la directora Elsa Corradini que el edificio a partir de ese momento estaba tomado, nos entrega las llaves y a partir de ese día comienza otra historia”.

La larga ocupación de la escuela “casi se transforma en un síndrome de la Carpa Blanca, pasamos a ser un monumento más. En todo Río Grande no se dieron clases por casi sesenta días. Mucho no molestaba al gobierno fueguino porque no dependíamos de ellos y tampoco al gobierno nacional porque estábamos a tres mil kilómetros de distancia”

“La prolongación del conflicto obliga a las autoridades del Ministerio de la Nación a viajar a Río Grande. El encargado de relaciones institucionales y laborales bajó del avión, se tomó un remis, llegó a la escuela y conversó durante tres horas con nosotros, para luego pegar la vuelta. Vino a corroborar la situación, si la escuela estaba tomada y la enseñanza paralizada. Finalmente, nos dijo que la lucha estaba bien encaminada. El Ejecutivo nacional conocía la ley de equiparación, desconocían los motivos por los cuales se había suspendido si se contaba con presupuesto para pagarla. En ese entonces el gobierno territorial hacia figurar que con ese monto se abonaba el subsidio pero la plata no iba al destino fijado”.

“Ushuaia no acompañaba la medida, vivían pasivamente el conflicto aunque padecían la merma salarial. La crisis de la provincia era muy grande, hubo días que hasta dos veces por día nos reuníamos, ponían el avión de la Gobernación para llevarnos y traernos de vuelta. Teníamos audiencias maratónicas, llegaban hasta 8, 10 y 12 horas, donde participaba todo el gabinete de entonces, pero la solución no aparecía. La ley no estaba derogada pero no se disponía el pago. Fue un intento de sacarlo definitivamente, pero lo supimos pilotear. Se jugó y se especuló con ver hasta donde estábamos dispuestos a tensar la cuerda”.

“Nos desalojan de la escuela por orden judicial. El día del desalojo hicimos una misa en la escuela y nos fuimos caminando con bombos y carteles hasta una casa en Antártida Argentina (entre Perito Moreno y San Martín) que había sido facilitada por un compañero”.

“Al finalizar el ciclo lectivo 1990 se ganó lo que se pedía, se pagaron los sueldos caídos y se garantizó que nunca nos iban a sacar la equiparación, en los hechos, hasta ahora existe. Nos fortalecimos internamente que era lo que necesitábamos” (3).

Dificultades para la unidad

Todos los dirigentes gremiales docentes consultados coinciden en que durante largos años los obstáculos para obtener una entidad gremial unificada parecían casi insalvables y la disgregación se expresaba en los tres agrupamientos existentes (ATEF, AMU y UTERG).

Héctor Zárate considera que “el acercamiento con el nivel primario, tanto de Río Grande como de Ushuaia, era imposible por cuestiones que no tenían que ver con la ideología, sino con mezquindades al estilo de que los fueguinos se consideraban usurpados por los nacionales. Esas diferencias entre los docentes primarios y secundarios, que existen en todo el país, acá se potenciaban y se personalizaban”.

Estas historias de pueblo chico, también son tomadas en cuenta por Nilda Carbone, quien considera que “hubo mezquindades de ambos lados que impidieron la unidad”. También analiza que “el hecho de controlar un aparato sindical, aunque nunca fue poderoso ni manejaba fortunas, posiciona a los dirigentes ante la sociedad y se tiende a defender esa ubicación” (5).

Zárate recuerda que se buscaron estatutos gremiales de otras entidades del país para tomarlos como referencia pero no había mucho interés y el tema se iba diluyendo. “La seguidilla de conflictos hizo que nos viéramos más ocupados en atender los paros que la organización y así se transitó durante 1988 y 1989. Hubo inconvenientes con María Bárbara Torres (con la gestión del gobernador territorial Martín Torres, en 1989), porque salía de ser la secretaria general de ATEF para asumir como subsecretaria de Educación y se lleva a muchos dirigentes para convertirlos en funcionarios”.

Zárate recuerda que durante el prolongado conflicto de 1990, llegaron a Río Grande dirigentes nacionales de CTERA, entre ellos Carlos Baldino, que era el secretario general del SUTEN, un sindicato de primer grado que agrupaba a los docentes nacionales y que se encontraba integrado a la central docente. “Llegó en plena escuela tomada y con su presencia hicimos las elecciones para constituir una Comisión Organizadora. Se le pidió a todos los docentes de enseñanza media que votaran en la urna y, luego del escrutinio, se constituyó el SUTEN en Tierra del Fuego en plena escuela tomada. Este paso adelante, es el punto de partida de la organización actual y fue el gran saldo a favor de esa lucha” (3).

Los conflictos de la era provincial

La transformación en Estado Provincial de Tierra del Fuego y la asunción del gobierno del M.P.F. generó expectativas de que la conflictiva relación entre los docentes y las autoridades puedan encontrar una vía de diálogo y soluciones, sin embargo, cada inicio de ciclo lectivo tuvo la permanente amenaza de que las clases no se pudieran desarrollar con normalidad.

Nilda Carbone evalúa que se encontraron “con funcionarios muy poco políticos para negociar” y recuerda que “en 1991 se produjo la última recomposición salarial que se logró, luego nunca se pudo hacer una negociación, desde esa época, como toda la administración pública, estamos con los sueldos congelados. Antes, a pesar de ser funcionarios nacionales, comprendían la necesidad de hacer participar al sector, ofrecían algunos espacios de negociación; pero, con este gobierno nunca el docente fue tan omitido, funcionarios que actúan con soberbia, no les interesa, no valoran o no consideran necesario encontrar el consenso a través del diálogo y la negociación”(5).

Zárate recuerda que 1992, con Sulema Lodeiro como secretaria de Educación, fue un año muy conflictivo. Como ejemplo de esa relación tortuosa, el 3 de julio se realizó una multitudinaria marcha convocada en defensa de la escuela pública, convocada por la conducción del SUTEN. La marcha se inició en el Concejo Deliberante y se dirigieron luego a la sede de la Delegación de Gobierno, donde Lodeiro atendió a través de una ventana a la delegación gremial. Al ser cuestionada la política del gobierno provincial, la funcionaria cerró la ventana y cortó el diálogo con los gremialistas (4).

La inquietud de la comunidad educativa se había originado por la inminente transferencia de las escuelas de enseñanza media a la órbita de la provincia.

En tanto, los docentes enrolados en ATEF (primarios) venían aplicando retención de servicios de una hora por turno, desde comienzos de año, en demanda de un incremento salarial. A fines de julio, esa medida se profundizó a media jornada y por tiempo indeterminado.

El 26 de octubre el gobierno promulga el Decreto 1879/92 declarando la emergencia educativa y amenazando a los docentes con ser dejados cesantes si no retornan a sus puestos de trabajo y ser reemplazados en sus puestos por idóneos, como padres, conscriptos, etc.

La dureza del enfrentamiento hizo surgir a la Mesa Coordinadora Provincial de la Educación como forma provisoria de unificación del comando gremial. El 26 de octubre, este agrupamiento difunde un documento en respuesta al “decretazo” donde afirma que “el gobierno de esta provincia confunde la conducción política con la administración de un almacén y considera a la educación como un gasto” y rechazan el ofrecimiento oficial señalando que “no estamos dispuestos a vender nuestra dignidad por una limosna transitoria de tres meses y mucho menos aceptar el soborno de 120$, como tampoco aceptamos ser conejillos de indias en el ensayo de los premios “en negro” a la asistencia perfecta”. También critican la actitud pasiva de los legisladores “que no aportaron nada desde que asumieron su gestión en el Parlamento, dado que los proyectos existentes fueron elaborados por docentes, ya sea el estatuto, de las transferencias y escalafón único” (6).

Finalmente, se suspendió la medida de fuerza para iniciar el diálogo que tenía como punto de partida el compromiso del vicegobernador Miguel Ángel Castro (Estabillo había viajado a Rusia) de acceder a incorporar las sumas “en negro” a la liquidación de haberes.

Unidad al calor de la lucha

El surgimiento de la mesa coordinadora fue el paso más decidido dado por los docentes hacia la conformación de una entidad gremial única en la provincia.

Zárate recuerda que durante el prolongado conflicto de 1992 “vimos la necesidad de unificarnos. Hicimos un paro muy grande, muchas manifestaciones en Ushuaia, estábamos todos juntos porque afectaba tanto a los que dependían de la provincia como a los del ámbito nacional”.

En el transcurso de ese conflicto, llegó a la provincia Mary Sánchez, secretaria general de CTERA, quien además de apoyar las demandas de los docentes fueguinos los exhortó a unificarse en una sola entidad gremial.

Las tres entidades (AMU, SUTEN y ATEF) comienzan a superar viejas diferencias y convocan a un plenario en la localidad de Tolhuin, donde se aprueba el proyecto unificador y se conforma una comisión provisoria integrada por referentes de los tres agrupamientos.

Unos meses después, se lleva a cabo una asamblea constitutiva en la Escuela José Martí de Ushuaia, donde surge el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF). Unos cuarenta docentes participan de una prologada reunión donde deciden conformar la junta electoral para efectuar las primeras elecciones de la entidad el 1º de noviembre de 1993. Donde se presenta una sola lista encabezada por Héctor Zárate.

Disgregación gremial

En 1987, se produce un proceso de disgregación gremial que tuvo su origen en apetencias personales y en razones políticas. Luego de producirse las elecciones internas en la seccional de Río Grande de A.T.E., la lista perdidosa conforma un nuevo sindicato que agrupa al personal no médico del hospital. En ese comicio, la lista Blanca, conducida por Ricardo Casero y Alejandro Romero, resulta triunfadora. La lista Verde, que era conducida por Claudio Antonio, Jorge López y Raúl Ruiz, al no ver complacidas sus expectativas electorales, conforman A.T.S.A. Luego, un integrante de la propia lista Blanca, Alberto Richter, se sumará a la flamante entidad gremial.

Ese proceso impulsó a que en el ámbito municipal se generara un proceso similar, en este caso claramente inspirado desde el Ejecutivo municipal, conducido por el justicialista Esteban “Chiquito” Martínez. En ese caso, los integrantes de A.T.E. Fernando Paleo y Luis Pesarini crearán la A.S.O.E.M. para agrupar una porción de los empleados municipales.

Hacia fines de la gestión justicialista, los empleados municipales protagonizarán una lucha que tendrá connotaciones políticas por superponerse con las elecciones para la renovación de cargos en el municipio. El reclamo se concentró en diferencias en la liquidación de los haberes que implicaban una importante disminución salarial que el intendente Martínez se resistía a conceder. En tanto, los candidatos de la oposición (Jorge Colazo/ U.C.R. y César Andrade/ M.P.F.) se comprometieron públicamente a reconocer la reivindicación y pagar la diferencia.

La pulseada alcanzó un pico importante cuando se dispuso una huelga de hambre que llegó a prolongarse durante casi dos meses, montándose carpas frente al edificio municipal. Al ganar el candidato radical, reiteró su compromiso preelectoral y el conflicto se superó. Pero, luego de la asunción, las gestiones y amagues de conflicto por esta razón se prolongaron casi un año, hasta que Colazo se avino a cumplir con su promesa electoral.

Primer ensayo represivo

El 8 de octubre de 1992, los efectivos policiales de la provincia descargaron una furiosa represión sobre los cuerpos de los trabajadores portuarios que se encontraban protestando ante las maniobras de diversas empresas de estiba. Varios jornaleros sufrieron lesiones cortantes, moretones y otras de diversa consideración.

El conflicto se había originado unos días antes, a raíz de que algunas empresas, con el propósito de bajar sus costos operativos, contrataron personal no idóneo ni habilitado para realizar esas tareas.

Ante el conflicto desatado, algunos legisladores intentaron mediar entre las partes. El legislador Oscar Bianccioto consideraba que: “un día antes (de la represión) junto al legislador radical Pablo Blanco, teníamos pautas claras que era posible dialogar y llegar a un buen acuerdo, luego se aceleraron los hechos, hubo una orden del juez que entendía en la causa para que interviniera la policía y ocurrió lo que es de público conocimiento. Lo que es lamentable es que el Ministerio de Trabajo de la provincia no haya tomado cartas en el asunto, la mediación era simple, el problema no era grave en principio...”, para agregar luego su repudio a la represión policial (7).

El conflicto originó una sesión de la Legislatura donde todos los bloques denunciaron que las empresas violaban “normas jurídicas de carácter nacional y de carácter constitucional de la provincia”.

En la presentación efectuada por los abogados de las víctimas del accionar policial, se consideró que el operativo fue totalmente desproporcionado, que no tuvo como objeto dispersar a los obreros sino de rodearlos a través de un operativo de pinzas para descargar sobre ellos todo el peso de la represión. No obstante, bajo el amparo de la orden judicial, la jefatura de la Policía Provincial dispuso un operativo represivo, donde según conocedores del tema, se propuso acorralar a los portuarios y no disuadirlos ni presionarlos para que se retiren del lugar.

Ese “operativo de pinzas”, como fue calificado, rodeó a los obreros con el evidente propósito de quebrar la moral de la huelga a través de la represión. La resistencia de los huelguistas originó serios y prolongados enfrentamientos.

El accionar policial dejó un alto número de heridos entre los obreros y logró el objetivo de liquidar el conflicto. El propósito evidenciado por el gobierno de Estabillo y Castro fue el de intentar producir un escarmiento a los huelguistas, aplastar el conflicto por la fuerza y dejar sentado cual sería su política para enfrentar a las luchas obreras.

Este primer ensayo general represivo, además de traslucir las mentalidades autoritarias de quienes gobernarían la provincia durante ocho años, fue un anticipo de la tragedia que se desarrollaría años después.

(2) Periódico Noticias, Nº 604, 22/11/1986, nota tomada de las declaraciones formuladas por los estudiantes David Martedi, Daniel González, Leonardo Arias y Jorge Martínez del ENET, vertidos en el programa Hola Che, de LRA 24 Radio Nacional, conducido por Guillermo Dell´Oro.

(3) Entrevista del autor con Héctor Zárate en los primeros días de diciembre de 1998.

El tres por uno

Mientras la clase política se encontraba absorbida por las derivaciones del denominado Pacto de Olivos, los primeros meses de 1994 mostraron una creciente manifestación de resistencia a la política oficial.

El acuerdo radical - justicialista que abrió las puertas a la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente, impuso que toda la dirigencia política estuviera abocada a las negociaciones y búsquedas de acuerdos de todo tipo en las semanas previas a la apertura de las sesiones. Así, se vieron sorprendidos por la sublevación de Santiago del Estero, donde la población echó al gobernador. Como también cuando los obreros de la fábrica Sevel (Fiat) ocuparon la planta durante varios días; en Jujuy, cuando una movilización obrera impuso la liberación del gremialista “Perro” Santillán y en Nogoyá (Entre Ríos) donde se produjo otra sublevación popular.

Al mismo tiempo que los convencionales constituyentes preparaban (entre ellos el gobernador Estabillo) sus “roscas”, en algunas fábricas fueguinas comenzaba a gestarse un proceso de movilizaciones obreras que atraparían por varios días las portadas de los diarios nacionales y que postergaron a un segundo plano a lo más granado de la política argentina.

El 4 de mayo, los trescientos obreros de Bencer CM comenzaron una denominada “jornada de tristeza” por la negativa patronal a recibir al cuerpo de delegados y a la conducción de la UOM. Entre los reclamos se encontraban la aplicación de un aumento salarial acordado en el ámbito nacional y la equiparación de sus remuneraciones con las percibidas por los metalúrgicos de Río Grande (coeficiente tres).

Los afiliados a la seccional del norte de la isla obtuvieron esa conquista el 13 de junio de 1988. Luego de una prolongada lucha, conquistaron el reconocimiento de la patronal a percibir un salario que triplicaba el básico de convenio.

El lunes 9, comienzan a desatarse las fuerzas del conflicto, al disponer la empresa el despido de un supervisor y dos obreros, produciéndose la parálisis total de actividades de ambas plantas de Bencer (BL y CM). Por la tarde, una asamblea decidía continuar con la huelga hasta que sean reincorporados.

Pero, la medida de fuerza adquiere rápidamente otra dimensión al converger gran parte del gremio en el reclamo del “3 por 1”. Así, se suman al paro los obreros de Noblex, Continental y Videus. Mientras, que en Philco y New San los operarios comenzaban a sentir las presiones de sus colegas para que rompan con su habitual pasividad.

En la asamblea del 11 de mayo, el secretario general Marcelo Sosa ejemplificaba sobre esta situación: “hay plantas a las cuales la medida habrá que garantizarla entre todos(...) Sé que la gente reunida acá la tiene muy clara, pero también sé que faltan compañeros, nuestra tarea es sumarlos (...) y sé que ustedes dejaron un muy buen mensaje en dos plantas”, refiriéndose a los vidrios destruidos durante una manifestación frente a esas dos plantas fabriles (1).

Finalmente, el lunes 16 se votó en una asamblea multitudinaria la huelga general por tiempo indeterminado hasta conseguir el ansiado 3 por 1.

Los fogoneros del fin del mundo

A partir de ese momento, un numeroso grupo de activistas se concentraba todos los días a partir de las 4 de la mañana, desafiando al viento e intenso frío, en la playa de estacionamiento del Supermercado La Anónima, ubicado sobre la ruta 3, para garantizar que nadie ingrese a trabajar. La vigorosa y abnegada presencia de esa vanguardia sindical hizo que la expresión de deseos del gobernador Estabillo: “nuestra decisión es garantizar el derecho a trabajar por parte de la gente” (2) se tornara utópica, impracticable e irreal.

El acatamiento a la medida de fuerza fue total. Las concentraciones diarias de activistas comenzaron a organizar un fondo de huelga preparándose para un conflicto prolongado. El vigor obrero, entre otras manifestaciones, se visualizó en la venta de bonos solidarios a los automovilistas, que en los hechos se convirtió en una especie de puesto de peaje.

El conflicto transformó la vida de la capital provincial. Las movilizaciones y caravanas de vehículos (algunas hasta en contramano) se sucedían. Las expresiones de solidaridad llegaban de todos los gremios fueguinos, de los taxistas y remiseros, de los comerciantes que “estiraban el fiado” y de la comunidad en general.

La lógica de la demanda (igual remuneración por igual tarea) hacia insostenible la campaña desatada por las entidades empresarias, con la colaboración de algunos legisladores nacionales fueguinos (Enrique Bischof y Daniel Martínez), de que había una situación incontrolable, que los huelguistas lanzaban piedras contra mujeres embarazadas, que la mayoría de los obreros quería trabajar pero los piquetes se lo impedían, etc. alentando la intervención de uniformados del orden nacional.

Una de las más destacadas huelguistas fue la delegada del personal de Noblex Carolina Yutrovic, quien al quinto día de huelga señalaba: “el éxito de nuestra medida está dado en que esto avanza, porque en un primer momento los empresarios no querían hablar del tema y hoy lo están haciendo (...) hasta tanto no existan garantías plenas por escrito de que se aplicará el 3 por 1 en nuestros sueldos y que todos los operarios volveremos a nuestros puestos de trabajo la manifestación no se levantará” puesto que “hemos dejado de confiar en los empresarios, que se comprometen a hacer algo y luego no lo cumplen” (3).

Los piquetes obreros masivos fueron el factor distintivo del conflicto. Las imágenes captadas por las cadenas de televisión nacional y extranjeras y las portadas de los principales diarios del país eran ilustradas con esos cientos de jóvenes obreros, hombres y mujeres, que se nucleaban alrededor de las llamaradas de los fogones, protegidos con buzos térmicos y pasamontañas, que daban evidentes muestras de que no estaban dispuestos a volver al trabajo con las manos vacías. Sus convicciones y su vehemencia iban a echar por tierra con todos los intentos represivos de efectivos locales y de gendarmes, con las amenazas abiertas y veladas, con los intentos de organizar a los “carneros”. Cada madrugada que pasaba se sentían más decididos y audaces; la exteriorización de su estado de ánimo se convirtió en el punto culminante de la lucha en pos de lograr el triunfo.

El juego del avestruz

El 24 de mayo trascendió la noticia de que un centenar de integrantes de la Gendarmería Nacional fueron enviados a la provincia para fortalecer el operativo intimidatorio y represivo.

La primera versión indicaba que se encontraban en Río Gallegos, luego se dijo que estaban en Río Grande, hasta que finalmente hicieron su aparición estelar en Ushuaia.

En esos días, los políticos fueguinos protagonizaron una verdadera comedia de enredos. Mientras el entonces ministro del Interior, Carlos Ruckauf, señalaba que el envío del contingente surgió luego de la entrevista con José Estabillo. El vicegobernador Miguel Ángel Castro (a cargo del Ejecutivo provincial) desmentía categóricamente que la iniciativa haya partido de la gobernación; en tanto, el entonces presidente del Partido Justicialista, Omar Becerra, afirmaba que fue el mandatario fueguino quien solicitó a los uniformados porque temía un desborde de la situación. El senador Daniel Martínez justificó la presencia de los gendarmes y puso en un segundo plano quien fue el promotor de la idea.

La legislatura Provincial, en una sesión especial, aprobó por unanimidad su repudio a “la injerencia” y reclamó la misma actitud de los representantes de la provincia.

La actitud vergonzante del padre de la criatura, ponía en evidencia las debilidades y falta de personalidad del gobierno provincial que en una actitud infantil descargaba las culpas en el gobierno nacional aunque no hacía ningún cuestionamiento a la presencia de la fuerza expedicionaria.

Finalmente, la fuerza de la movilización hizo inútil el refuerzo represivo y esa tragicómica polémica pasó rápidamente al olvido.

Otros focos de conflicto

A las 4 de la tarde del 24 de mayo, los obreros de la empresa Foxman de Río Grande deciden ocupar la fábrica ante la falta de respuestas al reclamo por la reincorporación de 15 operarios cesanteados.

Una semana antes los obreros de Fapesa paralizaban sus actividades por reclamos de diferencias salariales y tickets canasta. Simultáneamente, se desataba un conflicto en el Hospital Regional Río Grande a raíz de la no-renovación del contrato del médico cirujano Raúl Huetagoyena, que derivó en una olla popular y un paro total. En esos días, vivían situaciones conflictivas los afiliados de ATE, quienes exigían el cobro del coeficiente 4 de los salarios familiares, los empleados del IPPS por las trabas impuestas a las paritarias y en el Hospital Regional Ushuaia, por denuncias de desmantelamiento del nosocomio.

No obstante, las movilizaciones convocadas por la conducción gremial metalúrgica no lograban motorizar una gran concurrencia. Al cumplirse el tercer día de la ocupación de la planta fabril, una manifestación logró convocar apenas unas doscientas personas, incluyendo los representantes de otros gremios y militantes de izquierda.

Todas las versiones indicaban que se decretaría la conciliación obligatoria y que los trabajadores se verían satisfechos de poder reiniciar las negociaciones con la patronal.

Sin embargo, en la madrugada del sábado 28 de mayo un operativo represivo descomunal se propuso aplastar el conflicto. Palos, balas de goma y algunos tiros disparados al aire se descargaron sobre un puñado de obreros y periodistas que estaban en la puerta de la planta.

Con una saldo de decenas de heridos, entre ellos el periodista Rafael Martínez, y el desalojo de la fábrica el gobierno creyó inocentemente que todo estaba terminado.

Una masiva respuesta

Mientras los empresarios recuperaban las instalaciones de la planta fabril y las autoridades laborales decretaban la conciliación obligatoria, los riograndenses se manifestaban indignados ante la barbarie.

Al circular la noticia, en las primeras horas de la mañana hubo una concentración espontánea frente a la sede de la UOM, que logró nuclear a un millar de personas.

La represión hizo que muchos gremios y la propia CGT que no habían tenido casi presencia, se sacudieran su modorra y se sumaran al repudio. En ese proceso de convergencia, un plenario gremial decretó un paro activo para el lunes 30.

Ese día, Río Grande amaneció bajo un manto blanco, el frío aportó su cuota a la parálisis del músculo. En las primeras horas de la mañana, sólo los móviles periodísticos transitaban por las calles para dar cobertura a la audiencia radial sobre la gran tensión que se respiraba en el ambiente y las expectativas que se habían generado por la respuesta ciudadana.

Cerca del mediodía, la temperatura alcanzaba los ocho grados bajo cero y la sensación térmica superaba los 14 grados bajo cero. No obstante, a la hora de la convocatoria, los manifestantes superaron largamente los tres mil, convirtiendo a esa movilización en la más nutrida de la historia de Río Grande, donde participaron uno de cada cinco adultos riograndenses.

El punto de concentración fue la sede de la UOM, allí se fueron sumando las columnas gremiales, pero los manifestantes en su gran mayoría concurrían espontáneamente, sin organización alguna. A pesar del intenso frío se podía apreciar a familias enteras con sus niños, muchos de ellos enarbolando pancartas contrarias a la represión y de apoyo a los obreros. En la cola de la manifestación, una gran cantidad de taxis, remises y vehículos particulares expresaban su adhesión.

Después de las 10, comenzó la marcha que se dirigió, en primer lugar, hacia la planta de Foxman, para luego dirigirse hacia la Delegación de Gobierno. Al llegar a la fábrica, la movilización se puso cara a cara con un contingente de policías que custodiaban el edificio desalojado. Fue el momento de mayor tensión de la jornada, allí los más exaltados querían tomarse venganza, mientras los rostros de los uniformados reflejaban la difícil situación en que se encontraban, al estar rodeados por una multitud que los insultaba, los escupía y hasta tuvieron que soportar el lanzamiento de algún proyectil. La labor mediadora de algunos dirigentes gremiales impidió el enfrentamiento, en ese momento alguien comenzó a cantar el Himno Nacional, que entonado con los brazos levantados y los puños cerrados en señal de amenaza hacia los policías, algunos de esos puños se agitaban a escasos centímetros de los pálidos rostros policiales. Luego la columna continuó el recorrido previsto.

En momentos de alcanzar la avenida San Martín, la imagen de la movilización era imponente. La cabeza de la movilización estaba compuesta por toda la dirigencia gremial, pero la extensión de la columna no podía divisarse. Los móviles de prensa daban cuenta que la extensión alcanzaba alrededor de diez cuadras; al final de la columna los taxistas y remiseros con sus vehículos prolongaban mucho más la extensión.

Al llegar a la sede oficial, se entregó un documento de siete puntos, donde además de repudiar la represión, se exige la inmediata reincorporación de los despedidos y el compromiso de que haya otras cesantías, la resolución favorable del conflicto de los metalúrgicos capitalinos y de los que afectaba a la salud, la derogación de la Ley 140 que había reformado el sistema previsional y solución a la cantidad creciente de desocupados.

Luego de los discursos de dos dirigentes gremiales, la desconcentración se llevó a cabo pacíficamente.

Así, concluía la tensa jornada, donde la población le propinó una respuesta contundente a la acción represiva, brindó un apoyo formidable a los trabajadores que protagonizaban complicados conflictos y dejó extremadamente debilitados al gobierno de Estabillo y a los empresarios metalúrgicos. Para los obreros, la indignación obrera se transformó en una sensación de que comenzaban a ganar la pulseada.

Las luchas alcanzan el triunfo

Esta movilización popular obró como un apoyo decisivo a las diversas luchas obreras que dramáticamente paralizaban a Tierra del Fuego.

El golpe sufrido por el gobierno mopofista y los empresarios hizo que comenzaran a visualizarse iniciativas para desmontar la conflictiva situación.

El primer síntoma del cambio de la relación de fuerzas se manifestó en el decreto provincial 1346/94, del 3 de junio, que aceptó el recurso de reconsideración planteado por el doctor Huetagoyena.

El conflicto de Foxman gestó su solución por una vía insólita. La repercusión nacional que alcanzó la represión se reflejó en los titulares de los principales diarios porteños (4). El jueves 2 de junio, en el programa televisivo Hora Clave, conducido por Mariano Grondona, se convocó a una mesa con la participación de Ricardo Zárate y Oscar Martínez (UOM) y el propietario de Foxman, de apellido Fernández. A pesar de la polémica que los enfrentó ante las cámaras, en la trastienda del canal comenzó a gestarse un acercamiento entre las partes.

El empresario dijo desconocer la situación descripta por los gremialistas y se inició un nuevo tramo de negociaciones. En la noche del domingo 5 de junio los obreros escucharon el preacuerdo alcanzado y aprobaron el fin del conflicto. La propuesta patronal aceptaba la reincorporación de los despedidos, se fijaba un aumento salarial superior a los primitivos reclamos obreros y se manifestaba arrepentida por el conflicto y la violencia generada.

Desenlace del 3 por 1

En tanto, la huelga por tiempo indefinido de los metalúrgicos de Ushuaia continuaba con toda firmeza, tonificada por los otros sectores que se lanzaron a la lucha y que comenzaban a obtener resultados favorables.

Los intentos de alcanzar un acuerdo con los empresarios se concentraban esencialmente en Buenos Aires, dejando en evidencia el rol decorativo que jugó el gobierno fueguino. El 30 de mayo, directivos de la UOM nacional y de la capital provincial, se reunieron con diputados y senadores provinciales y el ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, para destrabar el difícil conflicto. Aunque comenzaban a insinuarse acercamientos, los empresarios jugaban sus últimas cartas para doblegar a los obreros.

Los representantes patronales reclamaron a la cartera laboral que declaren la ilegalidad de la huelga, pero, el Ejecutivo nacional temía que la prolongación de la huelga provocara un efecto contagioso en otros puntos del país y no estaba dispuesto a jugar con fuego.

Los empresarios se veían cada vez mas aislados y amenazaban con profundizar el conflicto. El titular de Clarín así lo testimoniaba: “Tierra del Fuego. Amenazaron a los huelguistas con despidos masivos”. En la bajada del título central de tapa, sintetizaba: “2500 trabajadores recibieron telegramas intimándolos a volver al trabajo. Pero la UOM mantiene el paro. Y hubo

Marchas con 3.500 personas en Río Grande y de 2.000 en Ushuaia. El conflicto entra en su 11º día y sigue acumulando tensiones (Información páginas dos y tres)”.

Por otro lado, el Juzgado Nacional Ordinario dejaba trascender que estaba próximo a decidir el desalojo por la fuerza de los piquetes de huelga. Los fogoneros lejos, de amilanarse, tomaron esa versión como una provocación y esa madrugada fueron más numerosos que nunca antes y se prepararon para resistir a la policía y a los carneros.

Para forzar la situación, la patronal contrato personal e intentó pasar por la trinchera obrera. “El primer ómnibus con sólo siete trabajadores de New San a bordo, frenó a doscientos metros del primer piquete y ante los gritos de “carneros” por parte de los manifestantes regresaron al centro de la ciudad para denunciar en la comisaría primera (se registraron más de cien sobre todo a la tarde), que les fue impedido acceder a sus puestos de trabajo.

“El segundo micro en parecer estaba identificado con un letrero de “Philco” y transportaba una veintena de personas. El chofer frenó cien metros antes de los manifestantes, abrió la puerta delantera y por allí asomó el director de New San, Fernando Noti, el gerente de esa planta, Mario Burgos, y varios custodios vestidos “de civil””(5).

Ante la vigorosa reacción obrera, el presidente Carlos Menem también reaccionó: “las protestas gremiales metalúrgicas en la isla es obra de “agitadores profesionales que andan por el país creando problemas a quienes quieren trabajar”(6). De esta manera, el mandatario con su miopía simplificadora pretendía mostrar a los obreros como cándidos que pueden ser embaucados por cualquier viajero que recorre el país y puede lograr convencerlos que dejen de trabajar, se enfrenten con los patrones, con la policía, los gendarmes, la justicia y los gobernantes, a riesgo de perder su sustento laboral.

Otro hecho inesperado se sumó en la noche del 1º de junio, el incendio y la destrucción total de la fábrica Vinisa, aportó su cuota de dramatismo a la tensa situación.

Los diarios porteños continuaban reflejando en tapa los acontecimientos fueguinos: “Se temen choques entre la policía y los huelguistas. Máxima tensión en Ushuaia (7).

El dirigente Marcelo Sosa advertía que si los piquetes eran desalojados por la fuerza pública “ocuparemos la calle San Martín, frente a la Casa de Gobierno”. Al mismo tiempo, deja constancia que no estaba dispuesto a volver a reunirse con los empresarios hasta que “no se den garantías de que la aplicación del coeficiente tres en los sueldos se hará efectiva de una sola vez y no en el término de un año como quieren los empresarios” (8).

Los empresarios viendo la formidable resistencia obrera, como es habitual en estos casos, se aprestaban a presentar un pliego de condiciones al gobierno nacional para obtener beneficios fiscales que compensen el desembolso inevitable.

En la mesa negociadora la cámara patronal (AFARTE) presentó finalmente una propuesta que comenzó a ser evaluada por los trabajadores. En la noche del viernes 3, una asamblea pasó a cuarto intermedio para la mañana siguiente. Unos ochocientos obreros debatieron y aceptaron mayoritariamente la moción de aceptar. Un grupo numeroso de activistas se manifestó airadamente en contra del acuerdo, pero el cansancio pesó más y se levantó el conflicto. “La decisión de la asamblea presentó una dura disputa entre quienes, sin demasiado júbilo, calificaron como “un triunfo” a las cláusulas acordadas y aquellos que opinaron lo contrario puntualizando la crítica en que “no se logró lo que más queríamos: la aplicación automática del tres por uno” (9).

Las dudas mayores estaban cifradas en que la propuesta empresaria era progresiva y se establecía dos grupos de empresas con diferente graduación en la aplicación del coeficiente tres.

Algunos expresaban a viva voz sus cuestionamientos: “Los que nos matamos de frío en los fogones estamos en contra. Philco jamás nos apoyó y vino a votar por la comodidad” “Antes que viajara Sosa, nos reunimos los delegados y dijimos no a la propuesta alternativa, entonces ¿por qué la aceptó? No la tenía que haber aceptado” (9). De esta manera, muchos fogoneros cuestionaron abiertamente a la dirigencia gremial por lo que consideraron haber aceptado el acuerdo y luego preparar todo para que sea aceptado.

Así, finalizó esta dura pulseada de los metalúrgicos; luego de 18 días, donde sus fogones, movilizaciones y piquetes acapararon la atención de todo el país, eclipsando a la crema política argentina que participaba en Santa Fe y Paraná de la Asamblea Constituyente que permitiría la reelección de Carlos Menem.

En las secciones y vestuarios de las fábricas del país, en las obras de construcción, en las oficinas y escuelas, gran parte de los trabajadores argentinos y de otros países siguieron minuto a minuto las escenas difundidas por las cámaras de televisión. Muchos expresaron sus simpatías por los heroicos huelguistas sureños, otros se imaginaban que podían ser los futuros protagonistas de sucesos similares y algunos pocos soñaban con una gigantesca huelga nacional que diera vuelta la situación que se había tornado tan favorable para las corporaciones que se beneficiaron como nunca con los negociados servidos en bandeja por los gobernantes.

La abnegación frente al intenso frío, la audacia de enfrentar a enemigos tan poderosos y confabulados, la rebeldía contra el sistema que se simbolizaban en las imágenes de hombres y mujeres con pasamontañas y buzos térmicos manifestándose en plena madrugada, produjeron un sacudón en el país. Los poderosos empresarios que se vieron obligados a perder la porfía, el gobierno provincial de mentalidad conservadora que expuso su desprecio por la clase trabajadora y el gobierno nacional que vilipendió a los huelguistas, rápidamente se asociaron para que esas provocativas imágenes pasen al olvido. Quienes fueron protagonistas de esas acciones, seguramente, en algún momento de su vida volverán a aplicar las enseñanzas adquiridas.

Represión, a falta de soluciones *

La feroz represión contra obreros y periodistas de ayer, puso en evidencia la peligrosa tendencia al recurso fácil de la violencia para acallar los reclamos, ante la falta de respuestas a sus reivindicaciones. También demostró que lejos de frenar las luchas de los trabajadores, estas medidas represivas las alimentan y dejan cada vez más aislado al gobierno de la provincia.

Días atrás, esa polémica se desarrolló por el envío de los efectivos de la Gendarmería Nacional por parte del Ministerio del Interior, las autoridades provinciales dijeron que ellos no las habían pedido y, finalmente, todo quedó en el terreno de la confusión.

En ese momento los justicialistas fueguinos sustentaron que el pedido se originó en el gobierno mopofista (...) Tanto el presidente del PJ, Omar Becerra, como Daniel Martínez justificaron los refuerzos. El senador justicialista consideró que la provincia estaba desbordada por agitadores y que hacía falta “traer gente de afuera para controlar la situación”.

Pero, estas críticas cruzadas no cuestionaron el criterio de reprimir a los trabajadores que recurren a medidas de fuerza para obtener una equiparación salarial (en el caso de Ushuaia) que se encuentra plenamente justificada, o por la defensa de los puestos de trabajo (en el caso de Foxman de Río Grande), que significa para los obreros la opción desesperada entre el hambre o la subsistencia.

Un obrero de esa empresa dijo con toda la contundencia de su sencillez que él fue despedido por la empresa Karkai y desde hace tres años estaba esperando que la Justicia le resuelva el pago de la indemnización, pero ahora en cuestión de horas se conoce un fallo de desalojo a favor de los empresarios. Poniendo en evidencia que las respuestas judiciales son distintas según se trate de humildes o de poderosos.

El gobierno provincial fue coherente con esa tendencia poco equilibrada. Actuó con un operativo bélico para satisfacer a la petición empresaria del desalojo obrero. Estabillo, desde Buenos Aires, afirmó que lamentaba “que se está calificando a la policía de represora, porque la policía no reprime, sólo actúa” para que se cumpla una orden judicial.

Luego, polemizó con el intendente Colazo que acusó al gobernador sustituto (Castro) de que ”había dirigido el operativo desde la Jefatura”. “Es una barbaridad –contestó Estabillo- (...) ¿qué haría Colazo si se le mete gente en la casa y le toman la propiedad, qué actitud asumiría?”

Esa definición del, ahora constituyente, encierra un profundo desprecio hacia el drama de los trabajadores y sus familias, que no pueden ser calificados de intrusos, ya que se aferran a la única medida que les ponía en condiciones de defender sus derechos y su estabilidad económica y familiar.

Luego, Castro tomaba distancia de la represión –y también polemizaba con Colazo- diciendo que él “no dirigía el operativo” y admitía que “hay visos de excesos”. Pero esas declaraciones contrastaban con la crónica de los hechos, donde quedó claro que fue un operativo bien planificado, y puso a los fueguinos ante un interrogante intranquilizador: ¿el poder político tiene control sobre las operaciones policiales o son propias de un poder independiente del Estado?

La lógica indica que los responsables de los excesos represivos son las autoridades políticas, en primer lugar, del gobernador interino, Miguel Ángel Castro, y en segundo lugar, del ministro de Gobierno, Fulvio Baschera que tendrán que asumir sus responsabilidades con el jefe policial Federico Billota.

Un exceso represivo, como el sufrido por los trabajadores y periodistas, no puede quedar en el olvido; no puede ser considerado como un problema administrativo o algo intrascendente. El riesgo no es menor, entrar en una dinámica involutiva hacia la militarización de la sociedad, donde cualquier reclamo puede ser considerado como digno de ser reprimido y descalificado porque está fomentado por “agitadores”(antes se utilizaba el mote de subversivos, marxistas, etc.)

Un exceso (término también utilizado por la última dictadura militar para descargar en los subordinados sus responsabilidades de torturas y desapariciones), como el ocurrido en Río Grande, si hubiera ocurrido en cualquier país del “primer mundo” hubiera significado la renuncia de los responsables políticos de la salvaje represión.

Los hechos ocurridos ayer pueden ser suficientemente elocuentes para algunos funcionarios y políticos despistados. La feroz represión fortaleció como nunca a los trabajadores metalúrgicos, toda la sociedad riograndense los rodeó de solidaridad y cuestionó al gobierno. Como si esto fuera poco, todos los gremios en conflicto comenzaron a confluir en acciones unitarias sumando sus reclamos parciales. Mañana se vivirá en los hechos un paro provincial, la falta de respuestas a los reclamos obreros y los desaciertos oficiales fueron el principal gestor de la medida.

Derecho de huelga y libertad de trabajo *

En los últimos días, al calor de la conflictiva situación provincial, se ha suscitado un intenso debate sobre el derecho de huelga y la necesidad de conciliarlo con la libertad de trabajo. Dos conceptos, que muchos creen posible conciliar; pero que, en los hechos, resultan totalmente antagónicos.

La tercera semana de huelga por tiempo indefinido de los metalúrgicos de Ushuaia no sólo ha atraído las miradas de todos los argentinos, sino que ha abierto un debate intenso alrededor de que se debe respetar la voluntad de algunos trabajadores que decidieron acatar las intimaciones de los empresarios y regresan a trabajar.

La pulseada entre los trabajadores y los empresarios es siempre una lucha entre dos púgiles con distintas capacidades. Mientras el patrón teme a la merma de sus ganancias, cada vez que un asalariado recurre a la medida extrema de la huelga sabe que él y su familia corren riesgos mucho más críticos: la provisión de alimentos, medicinas, gas, estudio de los hijos, etc.

Ya es una desigualdad notoria, pero el empresario tiene además sus vínculos con el poder y el poder del dinero, y el obrero sólo la fuerza de su organización y la conquista de la solidaridad de la población.

Adoptar una medida de fuerza es para cualquier empleado un gran desafío, que sólo se puede adoptar cuando las condiciones de trabajo o del salario se hacen insoportables.

No hay agitador que pueda convencer a cientos o miles de obreros que deben ir a la huelga si cuentan con excelentes jornales, si son tratados con respeto por su dignidad. Los metalúrgicos de Ushuaia nunca hubieran logrado tanta masividad y un paro tan prolongado si no hubiera existido la irritante diferencia salarial con Río Grande. Los obreros de Foxman no hubieran pasado nunca de la mansedumbre de hace unos meses a la ocupación de la planta fabril, si no hubieran sufrido manoseos, mentiras, presiones y postergaciones.

Para el grupo de trabajadores que deciden una huelga, la suerte del conflicto se juega en el grado masividad que conquisten y mantengan, por esa razón, la acción de algunos de sus compañeros en contra de la medida es un sabotaje directo a la misma y un fortalecimiento del empresario para derrotar a la lucha.

En Europa fue donde esta discusión alcanzó un grado más alto de debate. En Gran Bretaña, el tan mentado modelo liberal, se reconoció en la jurisprudencia que para garantizar el derecho de huelga era necesario legalizar los piquetes obreros que hagan respetar la voluntad de la mayoría. Se entendía que la esencia de la democracia es el respeto a la voluntad de la mayoría y, por lo tanto, el derecho de huelga no puede coexistir con la libertad de trabajo.

A ningún radical o justicialista se le ocurriría cuestionar la legalidad del gobernador Estabillo por no haber alcanzado el cien por cien de los votos. Tampoco Menem sufriría ese menoscabo desde la oposición por la tendencia decreciente de su caudal electoral.

Pero, en el caso de una huelga –con apoyo mayoritario- y ante la existencia de disidentes, se proclama que la libertad de trabajo es un derecho casi supremo y para garantizarlo se puede recurrir hasta a la fuerza pública.

La libertad de trabajo, para romper una lucha reivindicativa, es defendida encarnizadamente por muchos sujetos que ignoran el drama de los desocupados y la angustia de un trabajador despedido. Hace una semana, una niña de unos doce años respondió a la pregunta: “¿por qué venís a la movilización?”, diciendo “para que a estos señores no les falte el trabajo”. Seguramente, había comprendido en carne propia (¡tan temprano!) la amenaza que significaba para ella y su familia “la libertad de trabajo”. Para ella, no había doble discurso posible.

La convivencia entre el derecho de una minoría a sabotear la voluntad de la mayoría no tiene punto de convergencia, sólo puede expresarse dentro de la organización y, eso sí, con plenas garantías de que sean sustentadas las posiciones minoritarias, pero eso tiene que ver con otro derecho: el de expresión.

No es una confrontación entre democracia y verticalismo, como se lo quiere plantear, sino entre democracia y el respeto por la voluntad mayoritaria.

*Columna de opinión del autor, publicada en el diario Tiempo Fueguino el 4/6/94.

Textiles 1.500

FUENTE: Cámara de Comercio de Río Grande y Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Río Grande.

A dos años de Foxman*

Inevitablemente, este aniversario actualiza recuerdos, sucesos y reflexiones. Vuelve a estar presente la pujanza y el temperamento de Rafael Martínez, aguantando a pie firme las horas previas a la inminente represión, junto a los fogones que agrupaban voluntades solidarias. Renacen sus gritos: "soy periodista, no peguen, soy periodista"; seguramente pensaba que la arbitrariedad policial se detendría frente a los representantes del cuarto poder.

Las directivas que tenían los uniformados no incluían esa salvedad; por el contrario, no hubo advertencias ni intimaciones, bastó que bajaran de los colectivos para que comenzaran a disparar balas de goma a mansalva y a utilizar los bastones de "abollar conciencias".

El conflicto --que estaba languideciendo-- se llenó de fuerza, la solidaridad fue despertada por la indignación y alrededor de una quinta parte de los riograndenses salieron a las calles a manifestar su repudio a la barbarie.

El gobierno quedó acorralado; "no tengo respuestas" respondía lagrimeando a la prensa el circunstancial titular del Ejecutivo provincial, Miguel Ángel Castro. La empresa cambió su discurso y abrió instancias negociadoras que hasta entonces estaban clausuradas.

El jefe de la Policía Provincial, Federico Billota; el ministro de Gobierno, Fulvio Baschera; el vicegobernador Castro, el gobernador Estabillo; el sucesor de Baschera, Carlos Mariño; todos prometieron, bajo distintos grados de presión, que se harían sumarios para investigar y deslindar responsabilidades y para determinar los culpables de esos "excesos" represivos. Sin embargo, cumplido dos años de esos lamentables sucesos, los únicos procesados son los delegados gremiales de Foxman, Pablo Peña y Armando Bustamante.

De los sumarios nunca más se supo. A dos años vista, hasta no sería descabellado pensar que esos compromisos públicos de los funcionarios fueron una suma de frases de circunstancia, de explicaciones formales para salir del acoso periodístico; pero que ninguno de ellos tenía la más mínima intención de investigar, determinar culpabilidades y producir castigos ejemplares a los represores.

Si las conductas políticas se miden por los hechos y no por las palabras; todo hace presumir que la intención oficial fue la de apañar esas barbaridades. También, se puede concluir que el despliegue policial y los objetivos fijados al operativo, no fueron fruto de la elaboración intelectual de algún funcionario policial o de un juez, sino de los más encumbrados exponentes del Ejecutivo provincial.

Los que vivimos esos hechos, en esos momentos, no comprendimos el por qué de semejante reacción represiva ni el grado de sinceridad de los discursos oficiales que lamentaron esos hechos. Todo quedó mucho más claro un año después, cuando las pantallas de televisión llevaron a millones de personas la barbarie del desalojo de Continental o el terror desplegado por las calles de Ushuaia con colectivos de color naranja y policías en fundados en pasamontañas que pusieron a los represores en la clandestinidad, en la ilegalidad.

Dos años no fueron suficientes para lograr el esclarecimiento de esos hechos, pero unos pocos meses bastaron para castigar a los gremialistas que estuvieron al frente de una protesta por la falta de respuesta de las autoridades. De esta manera, se evidenciaba una vez más la disparidad de criterios imperante para administrar justicia.

La represión sólo se concibe cuando los gobernantes no tienen respuestas que ofrecer a las demandas de la ciudadanía; pero más allá de esta conclusión, significa un grosero desprecio por la dignidad humana y una involución hacia metodologías que nada tienen que ver con la convivencia democrática.

En estos dos años, los gobernantes no demostraron su voluntad de aportar claridad sobre el comportamiento de los hombres bajo su responsabilidad. Pero, inevitablemente, las conductas públicas son todo un signo de la orientación que imponen a sus actos y eso, a pesar de su voluntad, también contribuye al esclarecimiento de la población.

(4) Página 12, en su edición del domingo 29 de mayo de 1994, ilustró su portada con una fotografía que cubrió la mitad de la tapa con los policías apostados frente a la planta de Foxman y con un titular “La Tierra del Fuego” de tamaño catástrofe, en la volanta señalan: “La policía provincial desalojó con bastonazos y disparos de escopeta a los ocupantes de una planta electrónica en Río Grande, y mañana habrá paro general. “Hay que elegir entre el diálogo y la lucha de clases”, advirtió Ruckauf” (ministro del Interior).

El diario Clarín, en su edición del lunes 30 de mayo de 1994, puso como título más destacado: “Paro y marchas en Tierra del Fuego”, en su bajada señala: “Se realizan hoy en Río Grande y Ushuaia. Son para protestar contra el desalojo por la fuerza de la metalúrgica que había sido tomada por sus trabajadores. La represión hizo crecer la tensión social en la provincia. (Información en las páginas 2 y 3)”. En un segundo plano, se titula: “Constituyente. Comienza el debate del Pacto de Olivos. (Información páginas cuatro a siete).

(7) Diario La Razón 6º Edición (2/6/94), en la portada, también incluía una foto color (20 cm. de lado) con el espectacular incendio de la planta fabril de Vinisa.

La Trágica Semana Santa

La calle no es un buen lugar

Nada hacía imaginar que una más de las numerosas contiendas gremiales en defensa de una fuente de trabajo pudiera desencadenar una represión salvaje. Unos setenta obreros de la fábrica Continental Fueguina se aferraban a las instalaciones de la planta industrial, como a una tabla de salvación, ante el anunciado cierre.

Los sufridos operarios estaban acostumbrados a vivir en el límite de la zozobra. Durante varios años se sucedieron suspensiones, amenazas de cierre y atrasos en los pagos de salarios. Como cientos de sus colegas, cada vez que llegaban a sus oídos noticias semejantes, los proyectos personales se desplomaban y la vida familiar y social se alteraba por decisión de un grupo de empresarios des preocupados de los seres humanos que hacían posible su prosperidad.

Las plantas fabriles cerradas fueron una constante en los últimos años. La resistencia obrera no había logrado nunca revertir una decisión patronal semejante. Se sucedieron movilizaciones, ocupaciones fabriles, un despliegue conmovedor de esfuerzos y luchas, sin que fuente laboral alguna pudiera mantenerse en pie.

A pesar de esa negativa historia, cada contingente obrero que recibía esa desoladora noticia, reaccionaba de manera idéntica. El mundo se desploma a sus pies y las alternativas laborales eran casi nulas. Convertirse de la noche a la mañana en un desocupado, en Tierra del Fuego, conlleva un pronóstico de calamidad asegurada; implica soportar la mirada de los hijos preguntando por las inesperadas restricciones al presupuesto familiar, el derrumbe del progreso soñado, una transición violenta entre la aparente seguridad de hoy y un mañana cargado de asechanzas.

Esa es la profunda y sencilla razón por la cual los planteles de operarios de distintas fábricas intentan resistir a esa insensible e inhumana medida patronal que los empuja a la desesperación y a la incertidumbre. No importa el tiempo y el lugar, el número de trabajadores ni la fortaleza empresaria, es como una ley natural, se aferran al edificio y a las máquinas que permitían su sustento con la ilusión de ganar la desigual pulseada.

A pesar de contarse entre los más sufridos, los obreros de Continental no se resignaron a que les quiten esa mínima posibilidad de futuro.

La crisis de la empresa se venía anunciando, desde mediados de 1994 existían evidencias preocupantes. Los delegados visualizaron el peligro inminente y comenzaron a realizar gestiones, en primer lugar, para cobrar las cifras adeudadas y, en segunda instancia, para defender la continuidad laboral amenazada por la decisión empresaria de cerrar la fábrica. A mediados de marzo, una asamblea del personal elaboró y aprobó por unanimidad un petitorio que reclamaba lo siguiente

· Diferencia S.A.C. año 1994 correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre, adeudados a la fecha.

· Viáticos y guarderías de las madres que están en período de lactancia, adeudadas a la fecha.

· Manteniendo como garantía, bajo nuestra custodia, las instalaciones, maquinarias y productos terminados.

· Asimismo, exigimos del gobierno de la provincia que garantice la continuidad de esta fuente de trabajo.

Los delegados y dirigentes metalúrgicos realizaron una serie de entrevistas con los legisladores y con funcionarios del Ejecutivo provincial para plantearles la difícil situación en que se encontraban y reclamando que el Estado provincial se haga cargo de la planta fabril. Uno de los entrevistados fue el entonces ministro de Economía Ruggero Preto. Este, le afirmó al autor de este texto, que era imposible tomar esa decisión aunque admitió que los empresarios le debían a la provincia más de un millón de pesos y que eran prácticamente incobrables. Con respecto al reclamo obrero, comentó que “son todos zurdos (izquierdistas)” y que por esa razón hacían planteos utópicos.

Las gestiones fueron infructuosas. Para los obreros la única instancia que quedaba era solicitar una entrevista con el gobernador José Estabillo. Pero éste, como era habitual en él, se negaba a recibir a quienes realizan semejantes planteos impertinentes.

El 30 de marzo, fue convocada una movilización con ese propósito. A la misma concurrió solidariamente un contingente de obreros de la Seccional Río Grande de la U.O.M. Se concentraron frente a la Gobernación esperando que se acerque algún interlocutor oficial. Pero la sede del Ejecutivo estaba atosigada de efectivos policiales y cuando los trabajadores accedieron al edificio el encontronazo fue inevitable. En medio de la puja, se produjeron algunos destrozos que sirvieron de basamento para una campaña oficial contra los gremialistas que rompían los bienes comunitarios, con el fin de ocultar la indiferencia con la que Estabillo y su gabinete tomaban la angustia de esas setenta familias obreras.

Los incidentes originaron sugestivas sospechas de que se trataba de una celada tendida por el propio gobierno. Por este caso, se dio un hecho insólito, la Justicia fueguina además de la condena en suspenso contra Oscar Martínez, Ángel Valle, Fabián Magdalena y otros, adjuntó un castigo adicional: trabajos forzados para los acusados de provocar destrozos de una maceta y unos vidrios. Ningún juez tuvo la ocurrencia de juzgar a los empresarios que se quedaron con dinero del Estado provincial ni a los funcionarios que se lo permitieron con idéntico rigor con el que juzgaban a dirigentes obreros.

“Que el gobierno se haga cargo de la empresa”

Durante la ocupación de la planta fabril, el delegado de los trabajadores de Continental, Alejandro Noninni, expresó al autor lo siguiente:

--¿Qué le dirían al gobernador si tuvieran la oportunidad de dialogar con él?

-- Le exigiríamos que ponga en marcha nuevamente esta planta. Continental tiene muchas deudas con el gobierno, entonces nosotros creemos que el gobierno, para cobrarse esas deudas, puede tomar esto y ponerla a funcionar nuevamente.

En los últimos seis meses, trabajó para Philco, y con 7.500 aparatos, que es una cifra muy chica, mantuvo los sueldos de todos los trabajadores. En el año 82/83, fabricábamos 9.000 televisores por mes, o sea, que vemos que el sueldo es una parte ínfima de una planta en funcionamiento; debe hacerse cargo el gobierno para que los compañeros tengan la garantía de la estabilidad.

--¿Ustedes reclaman la estatización o provincialización de la planta industrial?

---Sí, porque en los últimos 15 meses la UOM Ushuaia perdió 600 puestos de trabajo de dos mil, o sea el 40 por ciento y vemos que el gobierno, por más que dice que hizo esto o consiguió lo otro, no pudo parar esa tendencia. Si seguimos así, en 15 meses más van a desaparecer los otros 1500 puestos de trabajo.

-- En el IVº Congreso Provincial Metalúrgico veíamos diversas formas de defender los puestos de trabajo, como es la reducción de la jornada de trabajo sin reducción de los salarios, entonces cualquier empresa que necesite mantener su nivel de producción se va a ver obligada a tomar más gente; esa sería una medida para generar puestos de trabajo. También planteamos que el gobierno se haga cargo de las empresas amenazadas de cierre. En la movilización del viernes pasado, entregamos al gobierno esas resoluciones, donde también figuraba la suba de los aranceles a los artículos que compiten con los que se fabrican acá, qué se proteja a la industria nacional.

Continental no es la primera, se esperó que Kenia cerrara y el conflicto se enfriara y empezaron con esta. Si Continental no se pone firme, van a terminar todos los compañeros desparramados y cuando termine este conflicto seguirá otra, Toshiba u otra fábrica de Río Grande. Nosotros vamos a enfrentar esto, a resistir el cierre de la fábrica.

Los obreros de Continental y sus colegas del gremio metalúrgico se cruzaron en esos días con los funcionarios en una polémica digna del absurdo o propia del fantástico Macondo. Le reclamaban al Ejecutivo provincial que cumpla con la legislación vigente mientras los gobernantes insistían que acatar las leyes era imposible.

El viernes 7 de abril, el entonces ministro de Gobierno Fulvio Baschera decidió concurrir a la planta tomada y debatir con los trabajadores, para tratar de explicar lo inexplicable. En medio de esa tensa reunión se produjo un diálogo que resulta un testimonio elocuente de esa conversación:

Obrero.- ¿En qué casos se puede aplicar la Ley 207? ¿Me podría explicar en qué casos se puede aplicar?.

Ministro.- No está homologada, es una ley que se sancionó de hecho y no está promulgada por el Poder Ejecutivo.

Marcelo Sosa.- Medianamente, tenemos una idea de lo que se puede embargar y qué no... sí, nos agarramos de una ley que está en vigencia, qué sancionó la Legislatura, que homologó el propio Ejecutivo y sabiendo que la única salida que tenemos para que las cien familias que trabajan en Continental tengan, por lo menos se hagan acreedoras a sus indemnizaciones, nos encontramos que hay una negativa de querer aplicar.

Obrero.- Una pregunta en concreto, aquí hay cien familias que no tienen solución, cien familias que desde hace días, hace un año que estamos reclamando, pero hace diez días quedaron sin trabajo, sin indemnización y quién le asegura el trabajo... cuál va a ser la postura, mandar a desalojar esta empresa cuando todavía no da una sola respuesta, nosotros estamos acá pidiendo una respuesta, estamos como antes, la única respuesta que da el Gobierno va a ser desalojar la planta, cuando hoy necesitamos indemnización y trabajo, esa es la pregunta en concreto.

Ministro.- La pregunta concreta, yo te respondo concretamente. El gobierno no manda a desalojar, acá está interviniendo una instancia judicial, de acuerdo... Y lo que está actuando en ese sentido es el juez que entiende en la causa lo está haciendo pura y exclusivamente para preservar los derechos que tenemos en esta situación. Acá no es que el gobierno manda a desalojar nada.

Obrero.- Pero si el derecho lo tenemos nosotros como acreedores de Continental, tenemos normas laborales, por eso estamos custodiando esto para que no vacíen la planta...”

Delegado obrero.- Adentro de Continental, cuidándola, hay cien compañeros con sus familias y con sus chicos peleando solamente por la defensa de un puesto de trabajo y que le paguen la deuda. (...) Y yo lo hago a usted responsable de lo que le pueda pasar a estos compañeros. Acá, delante de todos lo hago responsable de lo que le pueda llegar a pasar a cada uno de estos compañeros.

Los días subsiguientes fueron acumulando tensión, el juez Tenaillón resolvió la quiebra de la empresa, augurando para los obreros un difícil cobro de los haberes y la liquidación de su fuente de trabajo. Esta resolución judicial venía en auxilio del Ejecutivo provincial que endosaba de esta manera su responsabilidad al Poder Judicial.

Las asambleas obreras se sucedieron en la planta, los nervios y la incertidumbre desgastaban los músculos y la mente. Ahora la temida desocupación era un peligro inminente mucho mayor pero insuflaba nuevos bríos a la resistencia. En Ushuaia y en Río Grande también se sucedían las expresiones de solidaridad y de apoyo de los metalúrgicos a sus colegas en desgracia.

Las filmaciones de las últimas horas de ocupación de la planta brindaron el testimonio de que los obreros y obreras eran conscientes de la desproporción de fuerzas y de las pocas posibilidades que tenían de resistir el inminente desalojo. En uno de esos diálogos, se escucha al secretario general de la UOM, Marcelo Sosa, dando directivas a sus compañeros planteándoles que se quedarían agarrados de los brazos, pacíficamente, “sin ningún tipo de provocaciones”.

A pesar de estas expresiones y de no haber voluntad de producir enfrentamientos con los policías, la bestialidad represiva se desató inesperada e injustificadamente. A las 17 horas, del 11 de abril de 1995, el juez dio la orden de desalojar la planta fabril, para poner fin a una semana de ocupación. Esa fue la versión oficial de como se desencadenaron los hechos, pero, resultó evidente que los máximos referentes del gobierno y de la cúpula policial participaron del diseño del operativo antiobrero.

Los piquetes policiales avanzaron por varios frentes y comenzaron el ataque contra un reducido contingente obrero, entre treinta y cuarenta personas, compuesto casi en partes iguales por hombres y mujeres. La pasividad de los ocupantes no atenuó la barbarie desatada, el odio de los uniformados hacia esos trabajadores había sido alentado por algún jerarca policial en la arenga previa al “combate”. En las horas siguientes se confirmará con creces esta presunción.

Los policías tiraron gases lacrimógenos, pegaron a diestra y siniestra sin tomar en cuenta si se trataban de hombres o mujeres, si estaban de pie o si se encontraban en el piso, si tenían una respuesta agresiva o si su impotencia se canalizaba pasivamente. Las imágenes televisivas recorrieron el país escandalizando a la opinión pública nacional.

Ese día, los propios canales oficiales llegaron a mostrar esas escalofriantes escenas, un pelotón oficial descargaba toda su furia sobre un obrero totalmente indefenso, tirado en el piso, que a lo único que atinaba era a proteger la cabeza con sus brazos, varias mujeres golpeadas a bastonazos en medio de la confusión, algunas de ellas lucían sus rostros sangrantes y otro obrero llevado en camilla con una herida profunda en el bajo vientre

Ese escandaloso primer acto represivo dejaría un saldo de una quincena de heridos, de los cuales cuatro fueron internados en el hospital local y uno de ellos sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

La indignación frente a semejante respuesta represiva fue inmediata. Diversos agrupamientos sindicales y políticos se pronunciaron rápidamente en repudio a ese salvajismo. Por otro lado, espontáneamente, cientos de habitantes de la capital provincial se lanzaron a las calles a expresar su bronca. Los primeros encontronazos se produjeron en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, unos cuatrocientos manifestantes se enfrentaron con un centenar de policías que descargaron cartuchos de gases lacrimógenos a discreción, la respuesta no se hizo esperar, lluvia de piedras mediante.

El maltrato también llegó a los comunicadores sociales, un camarógrafo de Canal 11 y varios periodistas sufrieron ataques e intimidaciones en la zona aledaña a la sede gubernamental.

A pocos metros de donde se producían los incidentes, se encontraban reunidos desde el mediodía el gobernador Estabillo, el vicegobernador Castro y el gabinete en pleno; lo que demostró que estaban al tanto del operativo represivo y que seguían pasivamente los acontecimientos. La única respuesta fue el anuncio de que el mandatario provincial iba a dirigirse a la población por la cadena televisiva.

A las 20,50, José Estabillo, con cara de circunstancia, y con una serie de frases hechas, le habló a la tele audiencia para intentar justificar lo injustificable. Comparó a Tierra del Fuego con la crisis que afectaba a otras provincias, habló del proyectado puerto de Río Grande, de los créditos a los emprendedores y de que iba a cumplir la ley y actuaría con la Constitución en la mano. Contradictoriamente, el conflicto se desató por la falta de cumplimiento de parte del gobierno de la legislación vigente en la provincia y en lugar de actuar con la Carta Magna en la mano, lo hicieron con palos, balas y gases.

El discurso oficial lejos de descomprimir, aumentó la indignación popular. En ambas ciudades de la provincia se produjeron concentraciones de repudio. En Ushuaia, los enfrentamientos entre manifestantes y policías continuaron hasta la madrugada con un aumento notable de los malos tratos policiales. Los testimonios de los cuantiosos detenidos también daban testimonio de la barbarie. Rosa Moya describía lo que había vivido: “yo estuve detenida desde las dos de la madrugada hasta las once y media de la mañana (...) lo que más sentía adentro era el dolor de mis compañeros, cuando los subían al micro naranja, los golpeaban con las cachiporras como se golpea a un animal”.

Los manifestantes callejeros comenzaron a disminuir no por que la bronca decayera, sino por la necesidad de producir un reagrupamiento de fuerzas, de esperar una convocatoria organizada y responder con la máxima masividad posible a la indolencia del gobierno del M.P.F.

Los conglomerados gremiales declaraban el paro para el día siguiente y los acontecimientos iban hacia una escalada dramática, en medio de la indiferencia oficial.

La sangre derramada

Al mediodía siguiente, la convocatoria gremial congregó unas dos mil quinientas personas, en la esquina de Kayen y Maipú se sumaron varios centenares de obreros de Río Grande. Los manifestantes reclamaron al gremialista metalúrgico Oscar Martínez que encabece la marcha. Al llegar frente a la Casa de Gobierno, la manifestación hizo un alto. Desde sus escaleras, Marcelo Sosa dirigió la palabra a la concurrencia, pero su discurso no colmó las expectativas de los manifestantes que comenzaron a reclamar a viva voz que hable Martínez, interrumpiendo al orador.

El secretario de Organización de la seccional riograndense, en un tramo de su discurso señaló: “...seguramente todavía corre por nuestras venas la calentura por los hechos de ayer a la tarde, porque ayer en Continental se ha derramado sangre obrera y la sangre obrera no es cualquier cosa. Hay responsables de estos hechos y tienen que pagar y no sólo con la renuncia, tienen que pagar con la cárcel, la represión a los obreros metalúrgicos en la puerta de Continental y la represión en las calles de Ushuaia no estará saldada hasta que cada uno de los milicos represores, junto con la plana mayor de Baschera y Estabillo estén en cana compañeros”.

A esa altura, la concurrencia recibía versiones de numerosas detenciones y qué estarían alojados en la Jefatura Policial, a pocos metros de donde se encontraban. Los manifestantes comenzaron a reclamar que se los deje en libertad. Interpretando este deseo, Martínez apuntó para que marchen hacia la sede policial a exigir que se los libere.

Dentro del edificio se encontraban numerosos policías armados hasta los dientes, preparados para responder a cualquier contingencia. Al llegar a la Jefatura, comenzaron a llover piedras sobre el edificio y la respuesta de los uniformados fue instantánea. Salieron masivamente y dispararon gases por doquier hasta lograr dispersar a los manifestantes.

Los trabajadores se concentraban y replegaban, aprovechando las pendientes de las calles, lanzaban verdaderas lluvias de piedras y los policías en varias ocasiones debieron retroceder. Esta situación llevó a los uniformados a redoblar la apuesta y comenzar a utilizar balas verdaderas. El desenlace fatal estaba a la vuelta de cualquier esquina.

El accionar policial no se detuvo en respetar derechos no sólo de los manifestantes sino de quien se le cruzaba en su camino. Invadían viviendas, apaleaban a transeúntes, estaban verdaderamente desbocados sin que ninguna autoridad atinara a detener esa vorágine represiva. Un ómnibus de color naranja asolaba las calles de Ushuaia, detrás de sus ventanillas, con sus rostros cubiertos, efectivos policiales sembraban el terror disparando balas y cartuchos lacrimógenos por donde transitaban, sin la más mínima precaución por las consecuencias que podrían derivar de ese despliegue irracional.

Algunos de los testimonios de las víctimas ajenas a los manifestantes dieron cuenta del estado de barbarie en que se encontraba la capital fueguina. Una persona que fue a cargar combustible a su vehículo, fue intimidada con disparos al aire. La gente que se encontraba en la estación de servicio, fue desalojada violentamente detonando las itakas. “A esta persona le apuntaron a la cara y le tiraron. Cuando se agazapó por el dolor, le volvieron a disparar en las piernas”.Un taxista y un pasajero sufrieron el fuego cruzado de balas de goma y piedras de los manifestantes, cuando se bajaron del vehículo, los policías le golpearon el automóvil (2).

Sangre obrera

Esa mañana, como todas las que tenía trabajo, saludó a su mujer y se fue rumbo a la obra de construcción donde se ganaba la vida. No podían imaginar que sería la última despedida. Ese mediodía, Víctor Choque debía sentarse a la mesa familiar en un alto de su faena. Pero la silla permaneció vacía.

Estaba observando los disturbios, una bala policial atravesó su cráneo y su vida se apagó. Su compañero de trabajo Sergio Ojeda estaba junto a él y así relató lo sucedido: “ nosotros estábamos a unos setenta metros del lugar donde la gente estaba tirando piedras y la policía disparaba desde la calle Deloqui”, luego escuchó que algunos comenzaron a gritar “mataron a uno, mataron a uno” y agregó: “yo me di vuelta y vi que era un hombre que trabajaba con nosotros. Hace poco que estoy en la empresa, no sabía su nombre. Cuando nos acercamos, sangraba en la cabeza y la boca”.

Era un salteño de 32 años, que como muchos otros llegaron a la isla a buscar un mejor horizonte, pero la barbarie policial frustró sus sueños.

Cuando Choque llegó al hospital su vida se estaba apagando, su estado era desesperante y los médicos poco pudieron hacer. Había perdido masa encefálica y sin recuperarse del estado de inconsciencia, su humilde historia de trabajador se terminó.

Pero este crimen no fue un caso aislado. La represión podría haber generado otros casos similares, no menos de veintiséis personas fueron atendidas en el hospital con heridas de diverso grado de consideración, algunas de ellas de gravedad. Las víctimas quedarían con distintas niveles de discapacidad y por muchos años conservarían las huellas en su cuerpo como un estremecedor recuerdo de la Semana Santa del 95.

El velorio se llevó a cabo en la sede del Centro Deportivo Municipal. Allí, la impotencia y la bronca desfilaron durante todo el día.

Las cadenas televisivas trasmitieron en directo todos los acontecimientos, que los canales oficiales de la provincia ocultaron descaradamente. En el país y en el exterior se advirtió que en el fin del mundo no sólo había paisajes paradisíacos, también reclamos obreros y una respuesta gubernamental salvaje, autoritaria y despreciativa hacia los asalariados.

La muerte de Víctor Choque se convirtió en la primera víctima de la represión policial en el periodo democrático inaugurado en 1983. Ese hecho lo convirtió en emblemático. Las manifestaciones y expresiones de repudio recorrieron las calles de distintas ciudades argentinas y del mundo.

Todos los políticos opositores se pronunciaron condenado la barbarie, los silenciosos dirigentes de la CGT y de la UOM se vieron obligados a salir de su letargo y se sumaron a las declaraciones, la CTA y el MTA (otras centrales sindicales) lo hicieron de una manera más contundente.

En distintas concentraciones que se llevaron a cabo, tanto en Río Grande como en Ushuaia, algunas espontáneas y otras convocadas, los participantes reclamaron a viva voz la renuncia del gobernador José Estabillo, del ministro de Gobierno Fulvio Baschera y de toda la plana mayor policial, además de exigir la identificación de los autores materiales del crimen y la represión.

Esa tarde, se conoció el arribo de trescientos efectivos de la Gendarmería Nacional que llegaban para reforzar el despliegue represivo. También había llegado a la provincia el obispo Alejandro Bucolini para iniciar una acción mediadora; como primer acto en tierra fueguina convocó a una misa “por la paz” frente al monumento a los caídos en Malvinas.

En tanto, el mandatario provincial se vio obligado a mostrarse nuevamente ante las pantallas de televisión ante el cariz que habían tomado los acontecimientos. En su discurso, a las 23,30, comunicó que había aceptado la renuncia del ministro y deslindó responsabilidades en la orden judicial de desalojar la planta de Continental, como el causante de los hechos. Calificó de “penosos acontecimientos” a los sucesos y que estaba haciendo un “profundo ejercicio de reflexión”. En ningún momento nombró a la víctima fatal de sus acciones de gobierno.

El adiós a Víctor

Al día siguiente, unas tres mil personas despidieron el cuerpo de Víctor Choque. Los manifestantes al pasar por el frente a la Casa de Gobierno, detuvieron su marcha lúgubre y comenzaron a aplaudir, fue la respuesta más contundente que se dejó oír, sobre el pobre y autojustificatorio discurso del gobernador.

Cerca de las 14, había comenzado la procesión, encabezada por un grupo de obreros de la UOCRA que ostentaban la única pancarta de la manifestación, el resto de los participantes acompañaban su silencio con algunas banderas argentinas, otros con velas encendidas y una bronca generalizada que se contenía por respeto al obrero asesinado, cuyo cadáver era portado por los manifestantes. Trabajadores de todos los gemios se turnaban para portar el féretro en sus hombros.

Atrás había quedado el velorio, en el Polideportivo Laserre, por donde habían pasado unas diez mil personas a expresar su pesar, uno de cada cuatro habitantes de Ushuaia.

A las 4 de la tarde, el avión de la gobernación partía con su carga mortuoria rumbo a Salta, donde los familiares recibirían a los restos de Choque, sin que encontraran explicación alguna a lo sucedido.

Así fue el regreso a su terruño, los sueños de prosperidad cimentados con su esfuerzo y capacidad para trabajar fueron frustrados por una bala policial asesina.

Las expresiones de dolor no quedaron circunscriptas a Ushuaia, unas tres mil personas recorrieron las calles de Río Grande para rechazar la barbarie policial y exigir el esclarecimiento del crimen y el castigo a los culpables.

En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, Una convocatoria efectuada por dirigentes gremiales del MTA y del CTA, junto a diferentes partidos de izquierda, se concentró frente a la Casa de la Provincia de Tierra del Fuego, para expresar consignas similares. También en la capital del país, se escucharon reclamos de renuncia de José Estabillo.

Controversias

Las horas siguientes estuvieron cruzadas por interpretaciones interesadas. El gobierno acusó a Oscar Martínez por “haber incitado a la rebelión”, en una reacción infantil que pretendía diluir sus culpas. Estabillo expresó que “esos manifestantes venían muy preparados para generar un incidente de este tipo” y puso en duda que la bala asesina haya sido disparada por efectivos policiales. Luego lanzó una temeraria afirmación que el proyectil no era de 9 milímetros como se pensaba sino calibre 32, que de confirmarse liberaría a los uniformados de la acusación por la muerte (3).

Un dueño de un medio de comunicación capitalino alentaba esta burda maniobra publicando la noticia que habían encontrado la pistola calibre 32 que había disparado el tiro a Choque.

El presidente Carlos Menem, prefirió una respuesta salomónica, Hubo “excesos de las dos partes”, afirmó, para luego agregar que había “un infiltrado del Movimiento al Socialismo”.

Carlos “Chacho” Álvarez señalaba en su visita a Ushuaia que “si la gente no siente que la Justicia actúa y toma medidas concretas con los responsables de la represión salvaje se va a acrecentar el clima de venganza...”, luego declaró que si a él le hubiera pasado lo que le pasó a Estabillo “no duraría un día más en el gobierno”(4). Años después, desde su cargo de vicepresidente de la Nación, viviría una circunstancia similar en Corrientes, pero sus expresiones habían quedado en el olvido.

La lucha continúa

Luego de la conmoción producida por la salvaje represión, hubo como una parálisis de las acciones oficiales y opositoras, como si alguien hubiera apretado el freno en la marcha del tiempo. Los gremios, luego del trago amargo, comenzaron a diseñar sus pasos siguientes.

La reacción que se produjo en el ámbito nacional ayudó a reactivar la movilización obrera. El viernes 21, se llevó a cabo el paro nacional convocado por la U.O.M., al que adhirieron las centrales sindicales C.T.A. y M.T.A.. Esta medida tuvo una alto grado de acatamiento en el país y en la provincia fue total. También se convocaron a sendas manifestaciones que tuvieron como principales consignas la exigencia de renuncia del gobernador y la cúpula policial y el juicio y castigo a los responsables de la represión. Por otro lado, ante el silencio de los comerciantes (que no adhirieron a la medida y abrieron sus puertas normalmente) los trabajadores decretaron una huelga de consumidores, dejando a los locales comerciales vacíos durante esa jornada.

En la movilización de Río Grande, la concurrencia mientras gritaba “díganle a Estabillo que somos todos zurdos” y reclamó la palabra de Oscar Martínez quien afirmó que “lo único que le pedimos a Estabillo es que se vaya” y propuso que la calle Libertad cambie su denominación por la de Víctor Choque.

Finalmente, la crítica situación motorizaría a funcionarios nacionales y provinciales y a los empresarios agrupados en AFARTE (industria electrónica) para proponer un acuerdo que posibilitaría el pago en diez cuotas de los montos reclamados por los trabajadores de Continental Fueguina y Kenia. Estos compromisos no se cumplieron en sus plazos y exigieron nuevas movilizaciones para que los despedidos puedan cobrar sus haberes. Los empresarios, como suele ocurrir, no dieron puntada sin hilo y junto a esos puntos incorporaron reivindicaciones propias.

De esta manera, se puso en evidencia que los reclamos de los trabajadores eran justos y merecían una respuesta, pero hizo falta que los gobernantes fracasaran en su salvaje política represiva, con su luctuoso saldo, para que los poderosos se dignen a sentarse a negociar y a tomar en cuenta las voces obreras.

Investigación legislativa

Los legisladores que durante el conflicto tuvieron una opaca participación. Se vieron obligados por los hechos a tomar distancia del gobierno y conformaron, el 18 de mayo, una Comisión Investigadora para esclarecer los hechos de Semana Santa.

En sus conclusiones expresan: “De los testimonios verbales y audiovisuales recibidos en esta Comisión Investigadora se desprende que ese día fueron empuñadas y utilizadas armas de fuego con balas de plomo además del equipamiento usual antidisturbios con que cuenta la policía(...) Los oficiales de policía identificados en los videos de los episodios de Continental Fueguina son el Jefe de Policía Eloy Luna Molina, Comisario Zabala, Subcomisario Lagos Lamas, Subcomisario Rokich, Subcomisario Ascúa y Subcomisario Porro. Asimismo varios testimonios obrantes en esta Comisión identifican como participante al suboficial Toledo, quien presuntamente habría sido identificado como el autor de disparos a quemarropa de escopeta con balas de goma a un trabajador dentro de la planta”.

En la parte final, recomienda en su artículo primero que “no existe mérito suficiente para encuadrar a ningún funcionario judicial bajo la figura de jury de enjuiciamiento...” En su artículo tercero, determina que “la responsabilidad política de los hechos ocurridos los días 11 y 12 de abril de 1995, recae en el titular de la cartera ministerial específica ex Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Don Fulvio Luciano Baschera”. Luego eleva las actuaciones a la Justicia Penal por “acciones presumiblemente delictivas”.

Se solicita al Ejecutivo que inicie sumarios a los jefes policiales mencionados anteriormente, por haberse comprobado: “abuso de autoridad, torturas, apremios ilegales, uso indebido de armas de fuego reglamentarias, excesos en la represión, heridas graves o gravísimas, homicidio, uso indebido de equipos antimotines, uso de vehículos oficiales identificados y no identificados para la persecución y agresión indiscriminada de transeúntes, falsificación de documentos públicos, comisión de actos de crueldad manifiesta, ocultamiento de hechos a las autoridades provinciales, desobediencia de las órdenes impartidas por los órganos superiores por parte de algunos cuadros inferiores de la Policía Provincial, ruptura de la cadena de mando, según las denuncias que constan en los testimonios recibidos”.

Luego solicita el inicio de sumarios al entonces subsecretario del Ministerio de Gobierno, Santiago Adrián Hernández y al entonces subsecretario de Salud, Alberto Acosta y al ex jefe policial Federico Billota. Eleva al fiscal de Estado el informe para que se “investigue la conducta administrativa de la totalidad de los agentes y funcionarios de la administración pública provincial, presuntamente responsable de los hechos investigados”.

De esta manera, los legisladores eludieron determinar la culpabilidad del gobernador, ni siquiera tomaron en cuenta los reclamos de juicio político (que fue desechado con los votos oficialistas y radicales) y de renuncia que proclamaban a viva voz diversos sectores de la comunidad.

Investigación judicial

La juez de Instrucción Cristina Barrionuevo determinó en agosto la inexistencia de conductas delictivas por parte del ex ministro Baschera, del ex jefe policial Luna Molina y de los comisarios y subcomisarios Gibson, Zabala, Porro, Ascúa y Lagos Lamas, no porque actuaron bien sino porque “actuaron sin dolo, es decir sin intención de violar la ley”(5). En tanto, que seis oficiales y suboficiales de menor graduación fueron considerados únicos responsables de los hechos delictivos. En sintonía con la “teoría de los dos demonios”, la

magistrada absurdamente extiende esa responsabilidad al sindicalista de izquierda Oscar Martínez.

El abogado Héctor Pena consideró que “el hilo del paquete se cortó por la parte más delgada” y agregó que las propias consideraciones de la juez “muestran, cuanto menos, la inoperancia la ineficiencia, la falta de conducción y, consecuentemente, la irresponsabilidad de quienes política, jerárquica y administrativamente “dirigen” –de algún modo hay que llamarlo- la institución encargada de velar por la seguridad de los fueguinos”. Pena señala que además la conductora de la investigación consideró que el Poder Ejecutivo confió “a ineptos, inexpertos y carentes de idoneidad” la conducción de las fuerzas de seguridad (5).

ANEXOS

La Semana Trágica*

El gobierno está en la encrucijada de asumir su responsabilidad y que se alejen los funcionarios involucrados o que se agrave la crisis provincial

Las imágenes no eran de Beirut, ni de Croacia ni de la más próxima Chiapas; eran las irregulares calles de Ushuaia que servían de escenario al accionar desenfrenado de los efectivos uniformados que descargaban una violencia inusitada sobre trabajadores que recurrían al constitucional derecho de peticionar a las autoridades.

Frente al Beagle, donde tantas veces se exaltó las bellezas incomparables del lugar, dos “ejércitos” se enfrentaban. Por un lado, la policía provincial, que parecía dispuesta a derrotar a su oponente utilizando todo el arsenal disponible; y, por otro lado, obreros metalúrgicos y de otros gremios solidarios, desarmados, y con toda la indignación porque el gobierno provincial respondió a sus reclamos con una política de aplastamiento de la protesta.

Unos fueron enviados al “frente de batalla” desde algún cómodo despacho oficial, cuyo titular no encontró mejor alternativa que escarmentar a los desahuciados obreros de Continental por intentar aferrarse a lo único que le quedaba para presionar por sus haberes, indemnizaciones y futuro laboral.

Los otros, se movilizaron solidariamente –en una época donde la solidaridad hacia los semejantes escasea- frente a la insensibilidad de los gobernantes, la inoperancia de los legisladores y una Justicia que mientras demora años en resolver las causas iniciadas por trabajadores, actúa con una velocidad misilística para salvaguardar los intereses empresarios.

Los uniformados actuaron a sangre fría, un colega calificó su faena como propia de los legendarios “tontons macoutes” (una fuerza parapolicial que durante décadas aterrorizó al pueblo haitiano); no se detuvieron ni ante mujeres, niños u ocasionales transeúntes. Garrotearon a manifestantes caídos, dispararon a quemarropa e inundaron de gases la ciudad, dejando un lamentable saldo de un muerto, como mínimo, e innumerables heridos, algunos de gravedad.

Los hombres y mujeres de overol se mantuvieron en las calles defendiendo con uñas y dientes su derecho a sostener sus reivindicaciones, alternando momentos de autocontrol con otros donde se soltaba la bronca contenida.

Dos hechos, la misma respuesta

Quedó demostrado que aquello no fue un desborde excepcional, sino un antecedente que mantuvo toda su vigencia como política oficial de disuasión de los conflictos sociales.

El requerimiento de tropas de Gendarmería Nacional, que en junio del año pasado nadie se hizo cargo del pedido; ahora fue asumido por el gobernador Estabillo , que los gestionó públicamente.

También conservaron similitudes los discursos que emitieron los titulares del Ejecutivo provincial (en junio estaba a cargo de la Gobernación Miguel Ángel Castro), luego de ambas represiones. Se reclamó racionalidad, el debate de ideas y se denunció que la conflictiva situación era generada por la oposición en un momento preelectoral.

Pero, en los momentos previos al conflicto se dejó sin respuesta a los pacíficos petitorios, se empujó a los obreros a generalizar un conflicto que podría haberse canalizado con negociaciones y no se impulsó en ningún momento el debate sobre el futuro de la industria fueguina.

Ambigüedades y contradicciones

Tampoco fue decoroso el discurso ambiguo y contradictorio que tuvo el gobierno. Sostuvo a rajatabla el plan económico nacional y, una vez recibidas las consecuencias de este modelo de marginación, se declaró inocente e intentó desviar las responsabilidades sobre el Ejecutivo Nacional.

Con singular argumentación, descargo las culpas del violento desalojo de continental sobre el juez, como si fuera responsabilidad del magistrado el diseño del despliegue represivo que, por otro lado, luego prolongó sin que haya habido ningún pronunciamiento judicial que le sirviera de excusa.

El Ejecutivo provincial promulgó las leyes 206 y 207; días después, decidió su no-aplicabilidad, señaló que no estaba obligado a ello porque no contaba con fondos suficientes y que esas normas eran inconstitucionales.

Como en las épocas más negras de la historia del país, se atribuyó primero a la oposición y, luego, a fuerzas de izquierda, las responsabilidades de un conflicto social, que no encontró en ningún momento al oficialismo provincial con respuestas acordes a la magnitud de la crisis desatada.

En varias oportunidades, públicamente se aconsejó a los desocupados que regresen a sus lugares de origen. En forma reservada, los comentarios de diversos representantes oficiales son más contundentes: “la industria no tiene futuro, lo único que puede subsistir es el turismo y la explotación de los recursos naturales; por eso muchos se tienen que ir” o “los metalúrgicos tuvieron buenos momentos, ahora que se le aguanten”.

La ferocidad con que se negó la posibilidad de que los obreros de Continental puedan defender sus derechos a la subsistencia, las persecuciones contra los manifestantes y la represión a mansalva desatada por directivas oficiales – no puede concebirse de otro modo-, apuntan a desalentar cualquier reclamo de los asalariados.

Las posiciones reservadas del partido de gobierno ¿estarán pasando de las palabras a los hechos? La violencia contra los trabajadores, obliga a estos a que resignen sus haberes e indemnizaciones y, por esa vía, se los impulsa a una migración forzosa. Esta posición, de confirmarse, preanuncia una etapa de conflictos durísimos.

La trágica represión de ayer generó cuestionamientos públicos en las propias filas del oficialismo, hubo numerosas muestras espontáneas de repudio a la violencia y los argumentos sustentados resultaron indigeribles. Sin tomar en cuenta los antecedentes de junio pasado – cuando quedó aislado y pagó un alto costo político- el gobierno, como un aprendiz de brujo, desató fuerzas que no pudo contener, quedó deteriorado y no le quedan muchas alternativas que pagar el precio de la imprevisión.

Represión como la de Ushuaia no es un caso aislado, ya la sufrieron los jubilados, los jujeños, y las Madres de Plaza de Mayo; por lo que podría presumirse que es la respuesta que se está generalizando ante las insatisfacciones que genera la decadencia del plan económico.

La defensa de los derechos y garantías constitucionales, de las libertades democráticas conquistadas, exigen el esclarecimiento de los hechos, que se asuman las responsabilidades por tanta violencia desatada y que los autores de estas barbaridades se alejen de las funciones de gobierno.

Víctor Choque pagó con su vida haberse sumado a la protesta, decenas de manifestantes sufrieron heridas y contusiones por no silenciar su descontento; esta semana trágica es una pesada carga sobre la sociedad fueguina que se transfiere a los gobernantes.

”Tierra Apacible”**

El demorado discurso de José Estabillo no respondió a las expectativas creadas. El texto leído por el primer mandatario intentó ser una pieza oratoria coloquial, pero las formas expresivas no dejaron lugar para el contenido esperado.

“No es fácil para una persona como yo, criado y educado en un hogar sencillo y trabajador” tener que asumir que “mi Tierra del Fuego ha cambiado”, fue un tramo del discurso donde prevaleció, como en tanto otros, el reflejo de desazón personal quedando en un segundo plano su rol como primer mandatario provincial.

El gobernador pareció reflejar cierta molestia por la vigencia de la Ley 19.640 que trajo un “engañoso bienestar a la isla” y que “nos tendió a todos una trampa”, y por la migración de familias de trabajadores que generó, al manifestar nostalgias y añoranzas por épocas en que la isla era “una tierra apacible”. Pero, no tomó en cuenta que cuando asumió su mandato, la promoción económica estaba en plena aplicación, sin haber encontrado su gobierno una solución, luego de casi cuatro años de gobierno. Señaló su impotencia ante las consecuencias del modelo económico imperante, que abrió la importación masiva de productos electrónicos que coparon una parte importante del mercado y que dejó desprotegida a la industria nacional. Y también se refirió a la crisis internacional que se desató en los últimos meses y que dejó a los argentinos expuestos e inertes ante las contingencias económicas externas. Pero, omitió mencionar que los apoyos explícitos que dio su gobierno al plan de Domingo Cavallo, lo hace un socio solidario de las ganancias pero también de las pérdidas que genera su implementación.

En un párrafo de su mensaje, planteó que Tierra del Fuego se convirtió “involuntariamente en un escenario más de las pujas políticas y sociales”, mostrándose como víctima de las circunstancias, eludiendo sus responsabilidades al frente del Ejecutivo.

La parte más sustanciosa del discurso fue cuando se refirió a los”penosos acontecimientos” vividos en Ushuaia. En ningún momento se refirió con claridad a la represión policial, presentó los hechos con frases elípticas como” jornada amarga” o “graves hechos que me ha tocado vivir”, lo que manifiesta una preocupante falta de precisión.

Cuando informó de la renuncia de Fulvio Baschera, el gobernador recayó en un terreno confuso, ya que no se entiende por qué le aceptó la renuncia si hizo un expreso “reconocimiento a su conducta” a pesar de que “se le están haciendo imputaciones de todo calibre”.

Estabillo nuevamente intentó deslindar responsabilidades cuando ratificó que “lo actuado por la Policía Provincial, durante la jornada de ayer, como en los conflictos de Foxman y del puerto, obedeció estrictamente a las directivas impartidas por los señores jueces que actuaron en dichas causas”.

En el caso de Continental, el propio juez Tenaillón, señaló que él no participó del diseño del operativo policial; pero el mandatario sólo se refirió al desalojo de la planta ocupada sin mencionar las persecuciones, golpizas y disparos de balas de goma y de las otras que los efectivos policiales descargaron a mansalva sobre los manifestantes. El gobernador debería explicar qué juez autorizó que un colectivo color naranja, cargado de policías, sembrara el terror por las calles de la capital provincial tiroteando a diestra y siniestra. Cuál fue el magistrado que dispuso que se disparan balas reglamentarias, que se extendiera la represión más allá de los límites de la fábrica y varias horas después del desalojo.

El mandatario olvidó también que en una conferencia de prensa, el ex titular de la Policía Provincial, Federico Billota, reconoció que hubo excesos en la represión a los obreros y periodistas frente a la fábrica Foxman, prometió que se iba a investigar y que en treinta días se conocería el resultado. Esto, también fue, en su momento, ratificado públicamente por el renunciante Baschera. Pero nunca se conoció el resultado y sí se sancionó a alguien por las barbaridades cometidas hace diez meses.

Anoche sostuvo que la policía “siempre intentó disuadir”y prometió un nuevo proceso de investigaciones sobre posibles excesos.

Esta posición del primer mandatario provincial deja dos alternativas posibles: o bien la cúpula policial es un poder que desborda el control de los gobernantes o el gobernador tiene una conducta dual, que alienta la represión en forma reservada sin que se sincere ante la sociedad.

Con relación a la primera posibilidad, la existencia de funcionarios policiales que habrían tenido una activa participación en el último gobierno militar, podría confirmar la existencia de metodologías que no condicen con la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Por otro lado, sería violatorio de toda legislación que existiese un poder paralelo de institución policial.

La segunda alternativa, dejaría serias dudas sobre la credibilidad de los discursos oficiales al existir opiniones reservadas que los funcionarios no se animan a plantear públicamente.

Una autocrítica es imprescindible en cualquiera de las dos variantes; si se concretara “una profunda revisión”de los “actos de gobierno”, debería traducirse en la remoción de toda la jefatura policial.

De no hacerlo así, la libertad de reunión, de informar, de manifestarse, y peticionar a las autoridades no podrán ser ejercidos con plenitud. La posibilidad de que cualquier protesta futura pueda ser respondida a balazos y con riesgo de la vida será un condicionante permanente para la vigencia de las libertades democráticas.

En la búsqueda de chivos expiatorios, el gobernador Estabillo descargó culpas, sucesivamente en los dirigentes de la oposición, legisladores, en la Ley 19640, y la migración de trabajadores que produjo. Jueces, jefes policiales de mediana jerarquía, gremialistas y por último, en un dirigente metalúrgico de izquierda. Con esta larga lista de presuntos culpables de la agitación social, el primer mandatario provincial no encontró ni siquiera un pequeño espacio para la autocrítica por la falta de alternativas económicas, por la situación límite y de desamparo de los desocupados ni por la violenta y fatal represión desatada.

En sus primeras interpretaciones de la agitación social que vive la provincia, el gobernador Estabillo adjudicó las responsabilidades a los políticos opositores que se hallaban enfrascados en el período preelectoral y que irresponsablemente querían aprovechar la situación.

Dos semanas atrás, haciéndose eco de esas posturas, el conductor de un programa en el canal estatal, realizó casi un interrogatorio policial a dos gremialistas para demostrar que iban a votar por el justicialismo. La inconsistencia del argumento obligó a archivarlo sin pena ni gloria.

Luego, a raíz de la polémica desatada por la decisión oficial de no aplicar las leyes 206 y 207 –referidas a los aspectos de protección que establecían para los trabajadores despedidos-, se centraron los cañones en que los legisladores habilitaron normas (que el gobierno promulgó) que eran inaplicables, incluso algunos funcionarios sostuvieron que eran inconstitucionales.

Una vez desatada la violenta represión policial, Estabillo deslindó la responsabilidad en el juez que decidió el desalojo de los obreros de la planta fabril de Continental Fueguina, que ocupaban pacíficamente (también hizo extensivo el mismo argumento, en forma retroactiva, a la represión sufrida por los obreros portuarios y por los operarios y periodistas en Foxman).

En su discurso del martes pasado, el mandatario provincial aludió al “engañoso bienestar” y a “la trampa” que significó vigencia de la Ley 19640, como la causa original de todos los problemas contemporáneos. De alguna manera, trasmitió su malestar por la radicación en la isla de miles de familias de trabajadores que alteraron lo “apacible”que era la Tierra del Fuego, en un recuerdo nostálgico y retrógrado de la provincia chica de tres décadas atrás.

Cuando el gobernador en la noche del jueves, se dispuso a enfrentar una rueda de prensa (antes había retaceado el acceso de los medios locales, prefiriendo la complacencia de algunos selectos programas y medios de Buenos Aires) afirmó que “no tenía presente” el nombre de los responsables del operativo policial desplegado; luego, forzado por las repreguntas de algunos colegas, señaló el nombre del subcomisario José Tomás Roskich –un jefe de mediana jerarquía- como el responsable de la represión.

El último chivo expiatorio encontrado por el gobierno fue Oscar Martínez. , el combativo dirigente metalúrgico y notorio militante del Movimiento al Socialismo. Anoche, el gobernador adjudicó a Martínez la responsabilidad de la agitación social y de los encontronazos con la policía.

El gremialista es el único que profesa esa ideología de la cúpula dirigente de la UOM de ambas seccionales, donde coexisten peronistas, radicales y hasta mopofistas. Este argumento oficial, presenta al integrante del MAS con un poder fenomenal, que le permite imponerse frente a sus colegas del sindicato. Además de tener dominada a toda la dirigencia, es capaz de organizar a miles de personas, dotarlas de piedras, motivarlas para enfrentarse con la policía, ordenar por teléfono la ocupación de la fábrica Continental (dado que estaba en Río Grande), convocar a movilizaciones y paros e inculcarles acciones de violencia a los trabajadores.

Por otro lado, se puede llegar a la conclusión que Martínez puede estar al mismo tiempo en muchos lados, dejar el overol por otro tipo de vestimentas, y tal vez, hasta influenciar a los empresarios para que no paguen los haberes de los trabajadores, que suspendan y cesanteen operarios, y a los legisladores para que voten leyes “inaplicables”. También puede instruir a los policías para que disparen proyectiles 9 milímetros, garroteen y fusilen a hombres y mujeres caídos en el suelo, disponer de un colectivo a la manera de un tanque de guerra para sembrar el terror en Ushuaia y ahora, mandarlos a las casas de los obreros para amedrentarlos. Todo esto para agitar socialmente a la provincia.

Días atrás, un funcionario del gobierno provincial sostuvo, en privado, que “Oscar Martínez es el único dirigente serio, que tiene claro las cosas, no cree en el gobierno, en el plan económico ni en la Justicia y lo dice abiertamente, los demás nunca se sabe lo que piensan”. Evidentemente, al calor de los hechos las opiniones del gobierno han cambiado en forma sustancial.

A Martínez se lo ha catalogado, hasta ahora, como un duro, con “posiciones inflexibles” y planteos “utópicos”; pero por primera vez se le han encontrado poderes especiales y sobrenaturales para generar situaciones sociales conflictivas; con una obsesión permanente: molestar al gobernador.

Estos argumentos, utilizados por Estabillo para eludir su responsabilidad de gobernante, no son novedosos ni ingeniosos. Fueron utilizados por los gobiernos más autoritarios o por aquellos que por soberbia o impotencia, no encontraban planteos más inteligentes o no tenían la valentía de formular una autocrítica.

Para algunos gobernantes fue útil desatar represiones, encarcelar y hacer desaparecer a dirigentes opositores o intimidar a los disidentes. Otros, lo incluyeron en sus discursos como una forma de distorsionar legítimas protestas sociales.

El gobernador, por el contenido de sus discursos, no parece terminar de apreciar el volcán sobre el que está sentado. La crisis de la industria electrónica promete nuevas agitaciones sociales futuras y no será suficiente pedirle paciencia y resignación a quienes pierden el único sustento para alimentar a sus familias.

La falta de opciones (el PRODEFU, el PRENO o los microemprendimientos no lo son) del gobierno provincial, parece hacerlo inclinar por salidas represivas; no por casualidad se repiten en forma cada vez más frecuente y descargando mayor odio y violencia. Las denuncias de que anoche personal policial fue a intimidar a obreros en sus domicilios, es otro preocupante indicio de que el despliegue policial no se detiene a pesar de los cuestionamientos generalizados. La historia indica que afirmarse sobre un aparato represivo no ha dado a ningún gobernante solidez y estabilidad duradera; por el contrario, les ha provocado aislamiento y descrédito, que terminaron por profundizar aún más el debilitamiento del gobierno, la agitación social y desencadenar los hechos de violencia más desgraciados.

Mantenerse en una burbuja de cristal tampoco resulta aconsejable, ya que un gobierno no puede cortar los vasos comunicantes con la sociedad, a la que se debe. Cuentan que a Hipólito Yrigoyen le editaban un diario especial, sólo con noticias favorables a su gobierno, el final de semejante alejamiento de la realidad es conocido.

Una canción popular, en la década del sesenta, contaba “las tribulaciones de un tonto rey imaginario o no”, que frente a los reclamos por el hambre que sufría su pueblo, hacía prevalecer las opiniones de los cortesanos y exclamaba “... no los oí, que vil razón, les molestaba su barriga...”, en esa leyenda, el monarca terminaba “denudo, saltando a través de las colinas...”

LEY Nº 206

Artículo 1º.- Establécese la Emergencia Socio-Ocupacional en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por el plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la promulgación de la presente Ley.

Artículo 2º.- Durante la vigencia de la presente Ley, las empresas amparadas bajo la Ley Nº 19.640, deberán comunicar con un plazo mínimo de sesenta (60) días las medidas a adoptar en caso de que éstas afecten de cualquier forma la permanencia o condiciones de los trabajadores en sus puestos de trabajo.

Artículo 3º.- Establécese para las empresas amparadas bajo la Ley Nº 19.640, la obligatoriedad de presentar en forma inmediata, seguro de caución u otro tipo de garantía real suficiente que cubra la totalidad de las indemnizaciones y deudas laborales, cuando produzcan despidos o suspensiones.

Artículo 4º.- Las empresas que no cumplan con lo establecido en la presente Ley, serán sancionadas con el no tratamiento de las acreditaciones de origen, por parte de la Comisión del Area Aduanera Especial, y la inmediata comunicación al órgano competente de los incumplimientos, con la solicitud del corte de las acreditaciones de origen ya aprobadas.

Artículo 5º.- En caso de que las empresas incumplidoras no contaren con acreditaciones de origen aprobadas o en tratamiento, la Comisión del Área Aduanera Especial dará cuenta inmediata a la autoridad competente, a efectos de que se instrumenten las acciones necesarias en relación a los proyectos de radicación de las empresas, en salvaguarda de los derechos de los trabajadores afectados.

Artículo 6º.- El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, será la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Artículo 8º.- La presente Ley deberá ser reglamentada dentro del plazo de cinco (5) días.

LEY Nº 207

DESPIDO O SUSPENSION DE TRABAJADORES: FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL.

Artículo 1º.- En caso de despido o suspensión de trabajadores, en los cuales éstos no hayan podido percibir los importes correspondientes a los créditos laborales pendientes, facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a instrumentar las medidas necesarias para:

b) hacerse cargo de las deudas laborales existentes, previo establecimiento de las garantías pertinentes;

c) proceder a iniciar las acciones que correspondan para recuperar por vía judicial los recursos comprometidos en dicho procedimiento.

Artículo 2º.- Las empresas que podrán ser consideradas para el establecimiento de los convenios a los cuales se hace referencia en el artículo 1º de la presente, serán solamente aquellas que, encontrándose amparadas por la Ley Nº 19.640, hubieran producido despidos o suspensiones a partir del 1º de noviembre de 1994.

CAPITULO XI

La Justicia de los poderosos

Con los ojos tapados

Los diversos conflictos gremiales que se sucedieron en los últimos años dejaron en evidencia la escasa voluntad de los gobernantes por tomar en cuenta las demandas y los sufrimientos de los trabajadores. Como se ha planteado en los capítulos anteriores, la política predominante fue la de ignorar todo lo posible las voces de los manifestantes y cuando estos persistían en sus reclamos o se enardecían ante la indiferencia oficial, los funcionarios respondieron con la más cruda represión.

Para alcanzar estos propósitos, los gobernantes tuvieron una ayuda incomparable en los estrados judiciales. Bajo el amparo de frías normas jurídicas, los beneficiarios de sueldos propios de un emirato respondían solícitos para complementar la labor y los objetivos del Poder Ejecutivo Provincial.

No por casualidad, alguien definió a los integrantes de la Justicia fueguina como un verdadero ejército de ocupación que, en función de preservar los más altos sueldos del país (entre 10 mil y 20 mil dólares mensuales), demostraban su clara preferencia por complacer al poder político que abonaba y toleraba esas remuneraciones provocativas y agraviantes para la comunidad.

Así se evidenció en los sucesivos sobreseimientos y faltas de mérito que beneficiaron al gobernador Estabillo y al puñado de aventureros inescrupulosos que lo seguían, a pesar de que el pueblo los condenaba sin ninguna duda por el descalabro, los negociados y corrupción a que sometieron a la provincia en los ocho años de gobierno.

Mientras la población fueguina continúa esperando algún fallo aleccionador contra los corruptos responsables de la crisis provincial, desde que se constituyó, la Justicia fueguina tuvo un eficiente desempeño en facilitar la acción represiva, en desalentar diversos reclamos de los asalariados e intentar escarmentar a los dirigentes gremiales condenándolos simplemente por defender a ultranza los derechos de los trabajadores avasallados por los empresarios.

Tal vez, los juicios sufridos por Oscar Martínez fueron los más elocuentes de esta conducta manifestada por los magistrados judiciales. Pero hubo otros claros testimonios como fue el fallo contra los delegados de la fábrica Foxman (Armando Bustamante, Pablo Peña y Mario Benítez), quienes fueron condenados con prisión en suspenso por el “delito” de ocupar la planta fabril para preservar el puesto laboral de una treintena de compañeros cesanteados por un reclamo salarial. El contrasentido de este fallo fue que ni siquiera se tomó en cuenta que la patronal había declarado públicamente su arrepentimiento por no haber tomado en cuenta los reclamos obreros y por el maltrato a que los sometía (al poco tiempo olvidó sus dichos y provocó un nuevo conflicto que arrojó varios cesanteados incluso los delegados), que reincorporó a todos los despedidos y que además aplicó un aumento superior al solicitado.

El proceso contra Martínez fue el que alcanzó mayor trascendencia; el dirigente metalúrgico fue juzgado simplemente por pronunciar las siguientes palabras: “...todavía corre en nuestras venas la calentura que nos hemos ido llenando hora a hora después de los hechos de ayer a la tarde... que se ha derramado sangre obrera y la sangre obrera no es cualquier cosa...”

“...vamos a arrancar de las garras de estos asesinos a nuestros compañeros detenidos...”, en medio de la barbarie represiva desatada por la policía provincial a partir del desalojo de los obreros de Continental, en abril de 1995. Este tramo del discurso del gremialista fue tomado como una clara instigación a la violencia y causante de la represión policial desatada con posterioridad.

Martínez no estuvo solo

Desde que se conoció el procesamiento del dirigente metalúrgico, las muestras de solidaridad y repudio fueron constantes. Los pronunciamientos abarcaron a casi la totalidad del espectro gremial y político fueguino, a referentes patagónicos, nacionales y del exterior, entre los que se destacan centrales obreras de Brasil y europeas, dirigentes políticos y gremiales, artistas e intelectuales de América, de diversos países de Europa como Rusia, Polonia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia y España, entre otros, y de organismos de derechos humanos, entre los que se destacan Amnesty Internacional y del presidente sudafricano Nelson Mandela. Hubo innumerables manifestaciones en diversas localidades del país y frente a las embajadas argentinas en el exterior.

Los procesos sufridos por Oscar Martínez fueron dos. El primero (19 de marzo de 1996), se lo juzgó y condenó por los disturbios ocasionados en la Casa de Gobierno, en marzo de 1995, durante una manifestación, ignorada por los gobernantes, de los obreros de Continental. Entre los condenados se encontraban, además de Martínez, Ángel Valle (directivo de la UOM Ushuaia) y Fabián Magdalena (obrero riograndense) La particularidad de la condena fue que además de la prisión en suspenso, se incorporó una pena adicional de trabajos forzados, que produjo una indignación generalizada y marcó el contenido ideológico ultramontano de los magistrados judiciales.

Ese primer fallo judicial adverso (en realidad fue el segundo, dado que la juez Lilian Herráez se había considerado agraviada por las críticas de Martínez ante un fallo desfavorable contra obreros de una fábrica cerrada, y el juez actuante le aplicó otra condena de prisión en suspenso, unos años antes) fue un llamado de atención para que todos los que rechazaban la medida, redoblaran los esfuerzos para impedir una nueva condena contra Martínez, como todo hacía presumir que, además, hubiera significado su encarcelamiento porque hubiera superado el límite para una prisión en suspenso por la suma de condenas. Este hecho, aportó una cuota dramática adicional al proceso.

La postergación del juicio oral para el verano del 98, daba otro indicio de la influencia de los intereses políticos en los estrados judiciales. Se lo vinculó con la necesidad de evitar al gobierno la influencia perjudicial del recuerdo de la represión en el cercano comicio para cubrir bancas de diputados y con crear dificultades a los adherentes a Martínez para movilizarse en esa fecha.

A pesar de todos los obstáculos pergeñados, la presión de los que rechazaban el juicio se hizo presente ante los estrados del tribunal. Durante la instancia oral, desde el 5 al 18 de febrero, se hicieron presentes el abogado Eduardo Salerno (veedor de la O.E.A.), Hugo Moyano y Julio Piumato (dirigentes nacionales de camioneros y judiciales y del M.T.A.), la abogada María del Carmen Verdú (de CORREPI, una entidad defensora de los derechos humanos), integrantes de la Comisión Nacional en defensa de Oscar Martínez (que representaba a una gran cantidad de personalidades del arte y la cultura, políticos y legisladores, dirigentes estudiantiles y sociales). A pesar de la fecha elegida, hubo una permanente guardia de manifestantes, especialmente de A.T.E., S.U.T.E.F. y la U.O.M., y de la entidad defensora de derechos humanos fueguina Solidaridad. Se publicaron, en los diarios provinciales, solicitadas de rechazo a cualquier posible condena de la conducción nacional de la U.O.M., del consejo provincial de A.T.E., del Plenario de Gremios de Río Grande, del C.T.A. de Neuquen, Los abogados defensores de Martínez fueron Alejandro de la Riva y Marcelo Parrilli. Este consideró que “Martínez no debería haber terminado en este proceso judicial, al respecto creo que hay una gran responsabilidad por parte de los jueces que intervinieron en la etapa de instrucción, me refiero más precisamente a la doctora María Cristina Barrionuevo...” y luego agregó que “será importante que muchos se miren en el espejo de este proceso antes de desencadenar este tipo de persecuciones contra los trabajadores”. (1)

El proceso judicial tuvo la absurda particularidad de que entre los acusados estaban el gremialista y cinco policías de baja graduación partícipes de la represión. Esto hizo que en numerosas declaraciones y en los propios alegatos de la defensa de Martínez se hiciera alusión a la “teoría de los dos demonios”, visto como la forma de compensar las culpas y poner a obreros y policías como contendores de un enfrentamiento inexplicable. El doctor Salerno consideró que fue “un error jurídico bastante serio, por lo menos se ha advertido una especie de nebulosa bien marcada en cuanto al tema del objeto procesal, que es el hecho que tiene que investigarse. Son muy diferentes los que tienen que ver con la imputación de Martínez y las de los policías”, que se quiso presentar que los policías con cargos poco relevantes o cualquiera “puede tomar un arma o portar un machete, cualquiera puede tomar la decisión de hacer operativos (...) y cualquiera puede tomar mas o menos proyectiles (...) yo no creo que exista desconexión entre uno de los propios demonios, que serían estos agentes del Estado y el propio Estado”(2).

Finalmente, el 16 de febrero, el Tribunal Oral dio a conocer el fallo por el cual se condenaron a algunos policías y se absolvió a Oscar Martínez del delito de “instigación pública a cometer delitos determinados”.

La sensación generalizada fue que la presión ejercida dio sus frutos, pero al mismo tiempo quedaron en la impunidad los verdaderos responsables de la salvaje represión y sus consecuencias: el crimen de Choque y las decenas de manifestantes que cargaron con discapacidades para el resto de sus vidas.

Un juicio observado*

El inicio del Juicio Oral y Público contra el dirigente gremial Oscar Martínez, hará que muchas miradas se posen nuevamente en Tierra del Fuego. No será un motivo de orgullo para quienes habitan la isla, por el contrario hará recordar las imágenes recibidas a través de las cadenas de televisión nacional y reeditarán la indignación generalizada ante lo inexplicable e injustificable.

Muchas observarán lo que suceda en el recinto del juicio, de las conclusiones que adopten los integrantes del Tribunal surgirán precedentes que pueden afectar a centenares de dirigentes sociales que protestan ante las injusticias y que se encuentran procesados por las derivaciones violentas que tuvieron algunas de ellas. Puede generarse un precedente que imponga castigos a los protagonistas de conflictos sociales, sin importarles el contexto en que se desenvolvieron, si fueron escuchados o no por las autoridades, si lejos del diálogo se utilizó el mecanismo represivo para intentar borrar las demandas, si las reacciones airadas de los manifestantes se deben a actitudes caprichosas e irracionales o al hartazgo y la desesperación por las condiciones a que son empujados a vivir.

La eventual condena de Martínez, además de manchar la imagen de la provincia, dejará un casi inédito precedente para que los que reclaman y protestan. A partir de ese momento podrán ser golpeados sucesivas veces; además de ser víctimas sociales, de recibir palos, gases o tiros por no mostrarse sumisos ante la injusticia, también podrán ser castigados en los estrados judiciales.

No es un juicio cualquiera. Los fundamentos de la juez de Instrucción para procesar a Martínez sólo se basaron en interpretaciones arbitrarias de las supuestas intenciones que tenía el gremialista detrás de sus palabras. No tomó en cuenta la violenta expulsión de los obreros de Continental, las persecuciones con el tristemente célebre micro naranja, la represión desatada sin ningún tipo de contención y las imágenes que escandalizaron al país, como conformación del contexto que dieron origen al discurso de Martínez. La juez obvió un hecho clave: que después de la “frase maldita” pronunciada por el gremialista, éste fue a dialogar en la Jefatura con un jefe policial para averiguar sobre los presuntos detenidos, todo lo contrario a una actitud violenta y mucho más próximo al hábito negociador de un dirigente gremial.

De esta manera, está en juego también la libertad de expresión. Si los jueces se sienten con derecho a interpretar con tanta amplitud y liberalidad los pensamientos y discursos, sacarlos del contexto y someterlos a la lupa jurídica, muchos otros (periodistas, políticos, gremialistas, vecinalistas, etc.) pueden sufrir consecuencias judiciales por dar a conocer sus opiniones libremente.

El juicio que comienza hoy generará muchas expectativas, muchos oídos estarán esperando escuchar de los miembros del Tribunal una rectificación a la unilateralidad de la instrucción. Esperarán encontrar algún fiscal que se anime a pronunciar algo parecido a lo expresado por un colega neuquino:

“No se puede apartar lo que pasó aquí del marco social que existe en nuestro país, reconociendo que hay un reclamo social cierto de miseria, hambre y desocupación. La gente que fue a la casa de Gobierno (de Neuquen) no eran agitadores o tira bombas. Son gente cuyo mayor reclamo fue ‘queremos trabajo’. Y los desocupados no tienen voz ante las autoridades”.

“Aquí la inmensa mayoría de las causas judiciales están referidas a problemas de villa miseria. En estas condiciones, ¿Qué debe uno hacer? ¿Manejarse con una concepción reglamentaria del derecho o entender que el derecho no se ejerce en abstracto fuera de la realidad concreta de la gente desesperada?”.

Los jueces del Tribunal tendrán la posibilidad de dejar alguna constancia de la existencia de una Justicia no clasista y de tratar de recuperar algo del respeto perdido ante la comunidad. Si así no ocurriera, el pueblo se los demandará.

* Publicado por el autor en el diario Tiempo Fueguino, los días previos a la fecha original del juicio oral, en setiembre de 1997.

La semana del juicio**

El juicio a Oscar Martínez pondrá nuevamente a Tierra del Fuego en el candelero nacional, al revivir las trágicas escenas de la Semana Santa del 95. Los medios nacionales prometen darle una cobertura trascendente y se reeditarán los archivos fotográficos y fílmicos que reproducirán la barbarie represiva de aquellos días.

Las adhesiones y los reclamos de desprocesamiento del gremialista llegaron desde lugares remotos como Alemania, Polonia o Inglaterra, lo que terminará dándole al juicio oral una repercusión notable. La declaración de Amnesty Internacional es todo un dato de que su eventual condena puede ser considerada como una arbitrariedad judicial.

La llegada de personalidades como Bayer y Salerno, entre otros, prometen referenciar en la propia escena del juicio, la trascendencia de este enjuiciamiento.

El mundo del revés

Hacer el ejercicio de recordar las imágenes recibidas a través de las cadenas de televisión nacional -las provinciales se dedicaban a pasar series, telenovelas y "Hola Susana”-, con seguridad, que el gimnasta intelectual comenzará a sufrir escozor en su piel, un vacío en el estómago y otras sensaciones que se trasladarán hacia la mente y reeditarán la indignación generalizada ante lo inexplicable e injustificable.

Recordará el efecto solidario producido en la población fueguina hacia las víctimas de los palos, gases, balas de goma y de plomo; la perplejidad ante el famoso micro naranja desde donde los uniformados descargaban a diestra y siniestra todo su arsenal; o la semblanza de la capital provincial convertida en Beirut o Sarajevo.

Quienes hagan ese ejercicio de memoria, no entenderán las razones del procesamiento de Oscar Martínez; menos todavía, cuando descubran que podría ir a parar a la cárcel por canalizar a través de las palabras la bronca que gran parte de la comunidad fueguina compartía.

La bronca ante la soberbia oficial de un centenar de trabajadores que se aferraban a la planta fabril, su único sustento, con la ilusión de conmover a los empresarios, autoridades o magistrados y poder mantener su fuente laboral. Bronca porque además de ser arrojados a la calle por un patrón indecente, debieron soportar ser arrastrados, golpeados, vejados, heridos y detenidos. Con esas imágenes, puede volver a preguntarse, como entonces, quién paga por ese vandalismo, quién reparó y se disculpó con los hombres y mujeres pisoteados en su dignidad.

El paso lógico siguiente hubiera sido sumarse a los dolientes, a los que privilegiaron, en estos tiempos de individualismo acérrimo, su esencia humana y solidaria, a los que entendieron que si se repetía esa escandalosa barbarie no había ningún futuro para la sociedad fueguina, a los que protestaron y exigieron el fin de los arrebatos policiales, a los que reclamaron el castigo a los responsables materiales e intelectuales de ese operativo de escarmiento descargado contra humildes y desahuciados obreros.

Los jueces que juzgan a los que protagonizan estos hechos parecen vivir en una burbuja de cristal, no toman en cuenta el contexto en que se fueron desencadenando los hechos, no pocas veces miden con muy distinta vara las actitudes de los poderosos y las de los que representan a los forzados a la marginalidad.

Mientras el responsable máximo de lo sucedido ( según la Legislatura Provincial) es apoyado en sus testimonios por las opiniones de la propia magistrada y es sobreseído; la juez considera que Martínez exaltó los ánimos, incitó a la violencia, a cometer delitos y a atentar contra la autoridad. Supone que el dirigente metalúrgico sabía que no había detenidos y llamó a arrancarlos de la cárcel, intuye que en el razonamiento del gremialista estaba desatar la violencia. No toma en cuenta que cuando llega a la Jefatura, participa de una delegación que busca averiguar el estado de los detenidos y reclama su libertad dialogando con los oficiales.

La juez adivina que detrás del discurso de “el zurdo” estaba la intención de violar la legalidad al copar el edificio policial; sin tomar en cuenta que en esos momentos la legalidad no existía, que la ruptura de la legalidad, de los derechos y garantías de la ciudadanía fueron previos a los incidentes y el factor desencadenante de ellos, porque la población de Ushuaia estaba a merced del desenfreno policial avalado o tolerado por los gobernantes de la provincia.

La eventual condena de Martínez, además de manchar la imagen de la provincia, dejará un casi inédito precedente para que los que reclaman y protestan; a partir de ese momento, podrán ser golpeados dos veces, además de ser víctimas sociales, también pueden serlo en los estrados judiciales.

Estamos en la semana del juicio, no es un juicio cualquiera, dado que está en juego también la libertad de expresión. Si los jueces se sienten con derecho a interpretar con tanta amplitud los pensamientos y discursos, sacarlos del contexto y someterlos a la lupa jurídica muchos otros pueden sufrir las consecuencias judiciales por dar a conocer sus opiniones.

Un fiscal con los pies en la tierra

En noviembre de 1996, se llevó a cabo, en Neuquen, un juicio contra un grupo de dirigentes de una protesta de desocupados; a raíz de los incidentes que se produjeron en la Casa de Gobierno. Entre los acusados se encontraban Alcides Christiansen y Horacio Panario.

Fue destacable el alegato del fiscal Jorge Otegui, dado que propuso el sobreseimiento de los acusados.

Compartió las expresiones del abogado defensor cuando afirmó: “los excesos verbales, los gestos grandilocuentes y las frases exasperantes entiendo que se ocultan detrás de la injusticia social que este fenómeno nos muestra”.

Un testimonio clave

Uno de los testigos claves para fundar las conclusiones de la juez Barrionuevo fue el periodista capitalino Héctor Ángel Lavia.

Con respecto a los enfrentamientos, señaló “... que la policía, en momentos que se replegaba hacia el puente de la calle Perito Moreno, los manifestantes avanzaban y les tiraban fierros, piedras y todo lo que encontraban...”(folios 392/397)

Luego, señala “... que los manifestantes comienzan a tirar piedras, que la policía se la banca durante unos diez o quince minutos, hasta que los manifestantes comienzan a avanzar hacia los policías y estando a unos cincuenta metros de ellos, la Policía comienza a disparar las escopetas con balas de goma y gases lacrimógenos...” (folios 392/397)

En otro párrafo de su declaración brinda su versión de lo acontecido frente a la Jefatura de la Policía Provincial: “...la lluvia de piedras era impresionante...”; “...que la policía no hacía nada, permaneciendo dentro de la Jefatura...”; “...cuando la cantidad de piedras se intensificó, salió el personal policial...” (folios 392/397)

Cuando brindó su testimonio con relación al discurso formulado por Oscar Martínez, afirmó: “...exacerbaba los ánimos por el tenor de sus palabras, levantando los decibeles de su discurso...”(folios 1055/1057)

Las conclusiones de la juez de Instrucción María Cristina Barrionuevo, en la causa 736 -SP, resultan llamativas por los criterios contrapuestos que expone según el acusado que se trate.

Cuando juzga la conducta del entonces ministro de Gobierno Fulvio Baschera y del comisario mayor Eloy Luna Molina considera que “no estuvieron a la altura de las circunstancias, quizás por inexperiencia, quizás por falta de perfeccionamiento del personal policial, o quizás por no contar con la aptitud necesaria para el desempeño del cargo que ostentaban, las que podrían llegar a configurar otro tipo de responsabilidades -políticas y/o administrativas-, pero no responsabilidad penal, ya que no se acredita en autos la malicia o dolo que la figura del Abuso de Autoridad requiere para que el mismo quede configurado”.

Para la magistrada fue suficiente que el ex ministro declarara que “... el jefe de la Policía no le informó sobre la táctica a efectuar para lograr el desalojo de la fábrica Continental Fueguina”. Para sostener lo declarado por Baschera, la juez “considera que no corresponde informarle al Ministro de Gobierno, cualquiera sea, de los distintos procedimientos policiales que se efectúan en una Provincia”. Luego, dispone su sobreseimiento.

Con respecto a las evaluaciones hechas de la actuación de Oscar Martínez, la magistrada realiza una interpretación por demás subjetiva para encontrarle agravantes a las supuestas intenciones del gremialista; a diferencia de las mediaciones que encontró para juzgar la conducta y la responsabilidad de Baschera en la salvaje represión que derivó en la muerte de Víctor Choque.

En ningún momento, entra en sus consideraciones el contexto en que se sucedieron los hechos, el desenfrenado accionar policial fue para la juez algo colateral, anecdótico e intrascendente.

Fundamenta las distintas imputaciones que se le hace a Martínez de la siguiente manera:

a) Intimidación pública: “el elemento subjetivo es el propósito de infundir temor público, tumulto o desórdenes y se consuma con haber hecho aquellas acciones con aquella intención”.

b) Instigación a cometer delitos: la frase del discurso de Martínez “vamos a arrancar de las garras de estos asesinos a nuestros compañeros detenidos”, lleva a la juez a adivinar la intención del orador y a la siguiente conclusión: “no pretendía otra finalidad que la de atentar contra la tranquilidad general, excitando las pasiones de este grupo indeterminado de personas. Obviamente obraba en el conocimiento de su proclamador, aspecto subjetivo de la figura que nos ocupa, que sus palabras encontrarían, tarde o temprano, respuestas entre los destinatarios de las mismas, moviéndolos a delinquir”.

La doctora Barrionuevo aporta otra consideración sobre el término “arrancar” expresado por Martínez. Plantea que “teniendo en cuenta que los citados detenidos se encontraban, según el instigador, en una institución policial, no podían llevarse a cabo sino violando la ley; pudiendo razonablemente prever el imputado que el dirigir a la multitud hacia las citadas dependencias, atento al ánimo reinante y además a sabiendas que no existían detenidos en ellas, la concreción de uno o varios delitos era inminente y un resultado más que obvio”.

Esta subjetividad de la magistrada no toma en cuenta algunos testimonios brindados en la instrucción. La ex legisladora María Teresa Méndez, quien sintetiza la respuesta de la autoridad policial recibida, en el interior de la Jefatura, al reclamar por los presos: “que no había personas detenidas por Contravención y que sí había detenidos a disposición de los distintos juzgados”. Al menos aporta una visión confusa sobre la existencia o no de manifestantes presos.

Las declaraciones del comisario Juan Carlos Zabala que brinda el siguiente testimonio: “ Que los dirigentes Sosa, Zárate, Valle y Martínez reclamaban a los presos, detenidos por los motivos acontecidos en la madrugada de ese día. Informándoseles que no había detenidos; que la legisladora Méndez, la ex diputada Esther Fadul y la concejal Guzmán ingresaron al interior de la dependencia para verificar la información”(Folio 3708) El testimonio, permite observar que los dirigentes gremiales se acercaron a parlamentar con las autoridades policiales a reclamarles por la liberación de los detenidos.

c) Atentado contra la autoridad. “Toda vez que la conducta punible consiste en emplear la intimidación o fuerza contra un funcionario público”.

Cuando la magistrada describe los hechos ocurridos frente a la Jefatura, confirma la versión de Zabala: “Allí quienes se encontraban al frente de la columna que arribó por Laserre, entre otros los dirigentes gremiales Sosa, Valle y Martínez solicitan a la autoridad policial información acerca de los detenidos durante la madrugada de ese mismo día. El oficial Rafael Diego Ascua informa que no había detenidos como consecuencia de los hechos...” Esta descripción permite observar un criterio negociador de los gremialistas para obtener la liberación de sus compañeros. Una opción que la unilateralidad de la juez no le permite ni siquiera considerar.

** Informe especial publicado por el autor en el diario Tiempo Fueguino, el 1º de febrero de 1998.

La resistencia continua

Los empleados estatales debieron en reiteradas ocasiones hacer frente con su lucha a los vaivenes de las políticas gubernamentales. Cada período electoral hacia llevar el gasto en personal a los alrededores de los 200 millones de pesos, el 65 por ciento de los ingresos provinciales(1), para intentar reducirlo pasada la contienda. El escalonamiento salarial de los empleados públicos tenía grandes desigualdades, “el costo medio de un empleado público por año es de 25.000 pesos, lo que promedia una inversión mensual, por agente de 2.100 pesos (...) La gran mayoría de los estatales se encuentran por debajo del nivel promedio. El crecimiento del gasto en sueldos tiene su influencia en una organización descomunal, que ha creado jerarquías y cargos por doquier” (1).

Lo mismo ocurría con los gastos denominados “bienes y servicios no personales” que incluyen entre otros, gastos de publicidad, contrataciones y facturaciones por servicios, estos gastos llegaban a alcanzar el 9 por ciento de los recursos disponibles en épocas preelectorales, cuando lo aconsejable era no superar el 3 por ciento (1).

Esta tendencia de la política oficial fue la réplica local de los modelos de manejo del estado imperantes en el país. Los que implementaron estas orientaciones promovían, por un lado, la desocupación y, por otro, la utilizaban con fines políticos, aprovechándose de la desesperación de jefes y jefas de familia para lograr difusores de sus candidaturas, público para sus actos, pegatineros y pintores de consignas financiados con los recursos comunitarios. La limosna y la ocupación temporal condicionada a definiciones políticas forzadas fueron la tónica de estos años que generaron la más inescrupulosa e inmoral utilización de las necesidades populares en función de los políticos de ocasión. El complemento de esta visión corrupta de la política fue la distribución de cuantiosos fondos públicos en publicidades a los medios de comunicación que hicieron de esta rama de la actividad comercial una de las más prósperas. Así se lograban comentarios elogiosos, reportajes frecuentes y silenciamiento de las críticas y de los opositores.

De esta manera, se “descubría” la crisis en el momento del fracaso de determinadas candidaturas o con un cambio de gobierno que llega para cargar todas las culpas en sus antecesores y, con esa excusa, producir verdaderos ataques al poder adquisitivo de los empleados públicos y encontrar fondos para ubicar a su tropa, financiarse sus propias campañas y, en definitiva, repetir la historia.

Las evidencias de la crisis comenzaron a ser percibidas por los pobladores de la isla al promediar el año 1999 y se convirtió en la principal causa de indignación en el momento del ajuste. También aportó lo suyo inesperado sinceramiento oficial de que no disponía de recursos para hacer frente a la masa salarial, como si fuera algo mágico e inesperado y no tuviera nada que ver con el despilfarro de los fondos públicos, la dilapidación de los recursos disponibles en el banco oficial y el sistema previsional, y los cuantiosos actos de corrupción que todo indica que quedarán impunes.

Al anunciarse que los sueldos de agosto no podían ser abonados como los meses anteriores (a pesar que el gobierno había hecho ostentación preelectoral de un cronograma puntual de pagos hasta fin de año) produjo una inmediata reacción encarnada fundamentalmente por los seguidores de A.T.E., S.U.T.E.F. la Asociación de Profesionales de los hospitales y la C.G.T. de Ushuaia. La Central Obrera de Río Grande asumía sus compromisos con el futuro gobierno justicialista y de una manera vergonzante abandonaba a su suerte a los estatales (unos meses después se vería confirmada esta presunción con la asunción del gremialista Raúl Ruiz como ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia).

Ante el incumplimiento patronal, los empleados y docentes provinciales iniciaron una huelga de brazos caídos denominada “retención de servicios”, que alcanzó una masividad prácticamente total. Estas medidas se mantuvieron hasta la cancelación total de la deuda salarial y se repitió en los meses de octubre y noviembre. En esos días hubo imponentes manifestaciones en ambas ciudades, que en ocasiones alcanzaron las seis mil personas. Las asambleas fueron prácticamente día por medio y alcanzaron una masividad inusual, sobre todo entre los docentes.

El gobierno intentó romper la respuesta de los trabajadores, para ese fin, utilizó diversos recursos: amenazas y epítetos, acicateó a los padres en contra de los docentes, el surgimiento de un sindicato amarillo y colaboracionista como la UDA (cuyo centro de operaciones estaba en la sede riograndense de la Universidad Tecnológica Nacional) y medios de comunicación adictos (que realizaron verdaderas campañas contra los reclamos docentes). La política oficial, ante un evadido gobernador, tenía como ideólogos a funcionarios autodenominados como fachistas y admiradores de los militares genocidas y a reconvertidos ex gremialistas.

La lucha de los estatales logró resistir a sucesivos intentos de ajustes, presionando con manifestaciones contundentes a los legisladores. La lucha de los estatales tuvo dos puntos culminantes cuando se selló un acuerdo que anulaba la emergencia educativa decretada y disponía el pago de todos los días caídos, y el unánime rechazo legislativo a un proyecto de ley de ajuste.

Pero, a medida que se acercaba el fin de año y las religiosas vacaciones se hacían inminentes, las fuerzas iban decreciendo y fue el momento elegido para aplicar por decreto una reducción salarial que en algunos casos superó el 30 por ciento, el descuento de los días de conflicto, la liquidación de los estatutos profesionales, entre otros mazazos descargados sobre los empleados públicos como si fueran los exclusivos responsables de la debacle y desaciertos de los que gobernaron Tierra del Fuego.

En los últimos estertores de los legisladores (que finalizaban su mandato), una maniobra de la bancada justicialista contó con complicidades y negligencias para que a través de un proyecto presupuestario se incluyera subrepticiamente el descuento salarial y se derogaron estatutos profesionales de médicos, enfermeros, docentes y bancarios.

No obstante, todo hacía presumir que la resistencia tomaría nuevo vigor con el comienzo del ciclo lectivo 2000.

El ajuste continuo*

La resistencia de los empleados públicos fue otra de las páginas destacadas de las luchas de los trabajadores fueguinos y logró como en pocas otras ocasiones hacer retroceder numerosos proyectos de atacar el nivel de vida de los asalariados que dependen de los presupuestos públicos.

Una historia recurrente de la provincia fue cargar sobre los trabajadores y los presupuestos sociales las consecuencias de los desaciertos de los gobernantes. En los ocho años del gobierno de José Estabillo fueron innumerables los proyectos que pretendieron corregir los desfasajes, pero el deseo de despilfarrar fue mas fuerte.

El proyecto de reducción de los salarios de los empleados públicos comenzó a perturbar la vida de los fueguinos desde que se conocieron los resultados de las elecciones provinciales de junio de 1999. Luego fue confirmado por Estabillo, como parte de sus compromisos con el justicialismo, en la primer semana de noviembre. Esos acuerdos nunca publicados resultaron por demás obvios, el líder de la derrota y retirada mopofista imponía de cualquier manera el ajuste a cambio de la impunidad de parte del justicialismo ante la infinita serie de irregularidades de su gobierno.

La metodología del ajuste tiene una vieja historia de reincidencias que demuestra el grado de complicidad existente entre los que se suceden en los gobiernos, dado que no se investigan ni condenan los despilfarros y negociados, por el contrario, los encubren haciendo que otros paguen por los platos rotos.

Con idénticos discursos, cada vez que los gobernantes advierten que “los números no cierran”, proponen que la única salida sea meterle la mano en el bolsillo a los que viven de su trabajo.

Al asumir José Estabillo el gobierno de la provincia, una de las primeras medidas que adoptó fue el consabido ajuste, a través del decreto 16/92 declaró la emergencia y produjo cuantiosas cesantías de empleados públicos. El argumento utilizado por el flamante gobernador mopofista fue: “Hemos recibido una provincia que dista mucho de lo que esperábamos”, “deudas laborales y previsionales cuantiosas”, “gastos incalculables en rubros superfluos”, “desprolijidades y conductas supuestamente delictivas” y “personal en condición de revista irregular”. El entonces ministro de Economía Ruggero Preto afirmó que la "racionalización administrativa en el primer año de gobierno" redujo el déficit operativo mensual en dos millones de pesos.

Al cumplir el primer año de gobierno, a través de los decretos 58, 59, 60 y 61, se ponía en marcha la anunciada reforma del Estado, con el fin de hacer más eficiente y menos costoso el funcionamiento de la maquinaria oficial.

Como un regalo de Reyes, el gobierno provincial promulgó, el decreto 43/95 que estableció un ajuste del gasto público provincial, imponiendo “un control estricto sobre las erogaciones del Estado”, erigió al ministro de Economía de poderes especiales sobre las partidas de toda la administración. Se propuso disminuir el 15 % de las erogaciones de la administración central y organismos descentralizados, se prohibieron “las designaciones, promociones y reubicaciones”, se dispuso que “ningún organismo público (...) tendrá facultades de disponer incremento o pago extra salarial alguno".

Luego de alcanzada la reelección en 1995, el gobernador anunció que el primer paquete de medidas incluía la reducción del veinte por ciento en las remuneraciones de todos los funcionarios políticos de los poderes Legislativo y Ejecutivo y se invitaba al Poder Judicial a adoptar igual medida. Además se anunciaba la supresión de doscientos veinte cargos administrativos y una renegociación del valor de los inmuebles alquilados por el Estado para obtener una reducción del treinta por ciento.

Luego propiciaría la denominada Ley de Transformación del Estado que fue aprobada por unanimidad por los quince legisladores el 30 de enero de 1996. En esta norma, se declaraba “la Emergencia Económica y Social”. En su artículo sexto, suspendía “ todo subsidio, subvención y cualquier otro compromiso de igual o similar naturaleza” y, en su artículo décimo, la reducción de la “remuneración bruta mensual (...) de los agentes de los tres Poderes del Estado Provincial, sus reparticiones y organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, empresas del Estado”, en una escala que iba del seis al doce por ciento. La resistencia de los empleados públicos y las demandas judiciales favorables fueron cambiando las condiciones y finalmente la norma fue quedando en el olvido. El Ejecutivo debió devolver todo lo descontado.

El ministro Carlos Pérez ensayó otro camino, mucho más autoritario e ilegal, el Decreto 89/97, que continuó el descuento salarial por otro año más. Junto a estas normas hubo otras de menor alcance que complementaron la tónica del ajuste.

La llegada de Roque Martinelli al Ministerio de Economía hizo que todas las restricciones pasaran a un segundo plano frente a la necesidad de alimentar su campaña a la gobernación. Empeñó al Estado provincial en función de sus apetencias y del ajuste se dejó de hablar por un tiempo. Cabe destacar que todos los sectores internos del oficialismo y de la oposición se hicieron los distraídos frente al descalabro que se estaba gestando.

El telón se corrió rápidamente, como fichas de dominó, se cayó la ficción urdida desde el gobierno con la complacencia opositora.

Pocos días después de la contienda electoral, el Ejecutivo no pudo cumplir con sus compromisos salariales, comenzó a pagar en cuotas los sueldos de los empleados públicos, dejó de aportar las retenciones sociales y aportes patronales a la obra social y al sistema previsional.

En una reacción histérica del bloque justicialista se pasó a archivo en la Legislatura el proyecto de reducción salarial enviado por el Ejecutivo. Ante este inesperado contratiempo y por la amenaza vertida por el presidente de la bancada del PJ, Rubén Sciutto, de que “ahora no va a haber impunidad para nadie”; el gobernador Estabillo decide implementar el ajuste a través del decreto 1947/99.

Luego, el justicialismo utiliza un ardid para convertir esa norma en ley, a través de la Ley de Presupuesto del año 2000.

Los últimos días del gobierno dejan el crudo testimonio que el MPF sale del Ejecutivo Provincial de la misma manera que entró: con un ajuste. La fórmula justicialista que sucederá la conducción provincial, actuó en la trastienda promoviendo e imponiendo las medidas más descarnadas. Cuando comenzó a asomarse y a mostrar sus intenciones, quedaron en evidencia sus conductas maquiavélicas. No dudaron en movilizar a grupos de lúmpenes adictos para provocar un enfrentamiento físico con los docentes y empleados públicos que se manifestaron en la Legislatura Provincial, el legislador Sciutto reconoció la existencia de un pacto de impunidad y el bloque justicialista no dudó en utilizar maniobras arteras para imponer una tramposa ley de presupuesto que incluía subrepticiamente la derogación de regímenes de trabajo y otras medidas en contra de los asalariados.

Al asumir Carlos Manfredotti, dijo en su discurso inaugural: “Recibo en mis manos un gobierno quebrado, en cesación de pagos (...) La deuda excede los 400 millones de pesos (... heredamos un banco que arrastra una cartera con un quebranto estructural (...) la situación es mucho peor de lo que nos imaginábamos...” De esta manera, todo indica que la historia vuelve a repetirse como ocho años atrás.

Así, el ajuste parece ser el programa, la plataforma y la propuesta que unifica todos los discursos, que homogeneiza a todas las fuerzas políticas, demostrando una vez más su alejamiento abismal con las necesidades populares.

La Legislatura copada y desquiciada, las autoridades desbordadas, patotas provocativas buscando enfrentamientos físicos y ostentando distintos tipos de armas (palos, cadenas y sospechosos bultos en la cintura), destrozos en el edificio donde se agazaparon para evitar que los reclamos de los estatales pudieran presentarse en el “Palacio de las Leyes”, entre otras asombrosas calamidades, fueron el saldo de un grotesco operativo político organizado por algunos dirigentes justicialistas con el propósito de impedir el tratamiento de la denominada Ley Anticrisis.

Para cumplir ese objetivo, sumaron punteros políticos, arribistas, obreros cesantes de la UOCRA y algunos lúmpenes, contrataron micros para transportarlos desde Río Grande, los surtieron de alimentos, bebidas y en algunos casos de unos pesos, los alojaron en la sede legislativa para evitar que las demandas antiajuste alcancen las escasas graderías o las puertas del edificio. Las burdas justificaciones formuladas indicaban que las directivas eran ensayar un dispositivo intimidatorio disuasivo o, en última instancia, desatar una represión sobre docentes y estatales que, bajo la cobertura de un “enfrentamiento entre sectores gremiales”, permitiera dejar sin efecto la “peligrosa” sesión.

Mientras la fórmula ganadora se mantiene silenciosa y especula con el hundimiento del barco mopofista, sin inmutarse por la creciente cantidad de náufragos, algunos dirigentes dieron explicaciones poco convincentes para responder a la inquietud periodística, que sembraron más dudas e incertidumbre ante el intento de negar la realidad.

El clima enrarecido e inquietante que generó esta violenta y sorprendente irrupción, constituye un hecho inédito en los últimos tiempos fueguinos y, al mismo tiempo, un peligroso salto en la situación política provincial en las vísperas de un cambio de gobierno.

Ya se habían conocido versiones de aprietes a delegados gremiales, de presiones y advertencias a periodistas; pero estos hechos abren las puertas para que se introduzcan en nuestra sociedad métodos non sanctos para enfrentar la resistencia gremial y la promoción del enfrentamiento entre distintos sectores obreros y carenciados para imponer a rajatabla sus posturas.

La perversidad de la práctica política predominante, en particular la aplicada por los máximos referentes nacionales, lleva tan a ultranza los preceptos políticos maquiavélicos que vulneran la razón. Cualquier circunstancia es buena para imponer sus ideas, hay que dividir y, si es posible, enfrentar a los que resisten, no importa distorsionar la realidad, la mentira es un mal menor, no genera ninguna culpa aprovecharse de los más necesitados, siempre hay que priorizar los golpes de efecto sobre los debates esclarecedores y francos.

Esta tendencia política parecería que está desembarcando en la isla, a través de los que admiraron y elogiaron a los que propiciaron esos hábitos. Suele ocurrir que la mudanza de esas sutiles prácticas de los centros de poder a la periferia hace que se manifieste de una manera mucho más burda, tan grotesca como peligrosa.

Estos primeros síntomas, son toda una advertencia para la joven sociedad democrática fueguina y un llamado de atención para que no se impida buscar el esclarecimiento y el fin de los despropósitos que imperaron en los últimos años en la isla. También, constituyen una voz de alerta para que esos huevos de serpiente plantados en la Legislatura Provincial no lleguen nunca a ser incubados.

* Escrito por el autor para el número 7 de la revista Ojo y que no fuera publicados por demora en su edición.

A pesar de que llevaban más de tres horas recorriendo la ciudad, el cansancio no se hacía notar y la felicidad se irradiaba por todos los poros de la concurrencia. Al llegar nuevamente al punto de partida todos eufóricamente comenzaron a aplaudir. Maestras y profesores, algunos con sus hijos, un puñado de estudiantes y padres, hicieron que esa tarde del sábado sea muy distinta a las habituales, había transcurrido en una inmensa caravana de vehículos que se fueron adueñado de las calles.

La larga columna de autos no portaba identificación alguna, sólo las bocinas y luces intermitentes, algunos transeúntes creían que era un festejo, un despistado locutor radial creyó que se trataba de un casamiento. La improvisación sólo dejaba lugar para algunos pequeños carteles caseros, otros los escribían apurados entre parada y parada, de alguna manera encontraban formas ingeniosas de expresarse y suplir la falta de elementos. Gozaban de una sensación inédita: la de encontrarse cara a cara con algunos hombres del poder, con los responsables de sus males e incertidumbres.

Por primera vez llegaban a los umbrales de las viviendas de los legisladores, auscultaban lujos y ostentaciones, especulaban sobre los orígenes de esos bienes, sospechaban negociados y otros ingresos no santos.

La mayoría de los hombres públicos no salieron a debatir con sus representados, no estaban o se escondieron, pero la advertencia popular quedó certificada frente a sus domicilios.

Cuando el hombre del poder salía al cruce de la muchedumbre, las reacciones de los manifestantes se presentaban de manera disímil. Había quienes trataban de escucharlos para obtener el compromiso de que no les meterían la mano en el bolsillo; otros, gritaban su bronca por tantas complicidades con el despilfarro de los fondos públicos; algunos ni siquiera querían escucharlos, a garganta batiente arrojaban los dardos gramaticales de su indignación, desconfianza y tanta pasión acumulada.

Había una docente muy pintoresca, de baja estatura, con un sombrero de alas blandas que apenas dejaba asomar sus bucles rubios, luciendo una sonrisa inalterable, en medio de las acaloradas discusiones y explicaciones, irrumpía con su voz chillona y un candoroso acento cordobés preguntándoles a los hombres públicos: ¿vos estuviste en la fiestita? ¿cómo fue la porción de la torta que te comiste? ¿cuándo te pagan por levantar la mano?. Las respuestas nunca fueron formuladas, pero ese desparpajo era un síntoma de que la investidura del “pro hombre” se estaba deshilachando.

Los legisladores no disimularon su molestia por la masiva concurrencia a sus domicilios y algunos rasgos de soberbia se traslucían en las respuestas de ocasión. No apreciaban, tal vez, que los tiempos estaban cambiando y los ritmos de la paciencia popular también. Contestaron con altanería, que ya se habían pronunciado por radio, o, confirmando la negligencia de sus acciones, replicaron que debían haberse acordado antes de reaccionar. Hubo un “representante del pueblo” que hizo filmar a su esposa todo lo que ocurría temiendo por algún incidente.

Ambas partes se miraban con desconfianza, como las fintas que realizan los boxeadores en el primer round. Se clavaban sus miradas, trataban de adivinar sus más mínimos movimientos, amagaban para ver las respuestas, se alternaban en el centro del cuadrilátero, todo transcurrió en el marco de aprontes e insinuaciones. Pero los cánticos de los manifestantes, ante ausentes y presentes, auguraban que ya no estaban dispuestos a esperar pasivamente, que no querían repetir la rutina de los últimos años, que la representación popular estaba en crisis y que, el periplo de ese sábado por la tarde, instaló como nunca antes el estado deliberativo de la población fueguina.

El minuto de descanso y reflexión ya pasó, la campana ya sonó. Con incógnitas e interrogantes, todo esta listo para que se inicie el segundo round.

* Escrito por el autor para el número 7 de la revista Ojo y que no fuera publicados por demora en su edición.

Primero, aclaren los tantos*

La habitual y cínica costumbre fueguina de dejar las noticias desagradables para el día después de las elecciones, como una maldición, volvió a cumplirse. Lo que sigue siendo curioso es que el electorado continúe prestando apoyo a quienes se complotan contra la población para presentar una imagen edulcorada de la realidad, a quienes despilfarran los fondos públicos, a quienes durante largos años fueron cómplices y beneficiarios del encubrimiento y la “fiesta” fueguina.

Cómo parte del hipócrita sinceramiento postelectoral se quiere crear un clima de terror en la población: “se suspenderá la entrega de medicinas a indigentes”, “los recursos para los comedores escolares” y “no se podrán pagar los sueldos”. La exitosa práctica menemista de descalabrar las empresas del Estado para luego justificar su remate, parece ser la metodología elegida para aplicar en la ocasión.

El planteo de reformar el artículo 70 de la Constitución Provincial pretende blanquear las reiteradas violaciones oficiales al mandato de no endeudar al Estado para “equilibrar los gastos de funcionamiento y servicios de administración”.

No se puede aceptar ninguna reforma si no se esclarece previamente cómo se llegó a contraer semejante endeudamiento y cómo se llevó al banco de la provincia al descalabro. Luego, se debería evaluar quienes fueron los responsables de esos despropósitos y determinar si no deben ser enjuiciados por violación de sus responsabilidades de gobernantes, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 188 de la Carta Magna para los miembros de los tres poderes del Estado provincial.

El interrogante planteado es sí están en condiciones de llevar el esclarecimiento hasta las últimas circunstancias, quienes compartieron porciones de poder.

Entonces, no sería lógico que la iniciativa reformista pueda canalizarse hacia la instauración de un mecanismo de investigación por fuera de los estipulados constitucionalmente (Legislatura, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Poder Judicial), que mostraron su incapacidad para cumplir con ese propósito. No sería saludable constituir una comisión investigadora integrada por los representantes de los bloques legislativos a los que deberían sumarse otras instituciones de la sociedad como los colegios de abogados y de profesionales de ciencias económicas, las cámaras empresarias y los gremios, para que se neutralicen los intereses particulares y se privilegie el de la comunidad.

No sería indispensable que se cumpla con el precepto incorporado a la Constitución Nacional de Habeas Data y que se libere toda la documentación reservada; que los medios de comunicación puedan tener libre acceso a toda la información vinculada a los temas críticos que afectan y afectarán a los pobladores de la isla.

Estamos ante un momento crucial. La opción que se presenta es si continuamos por el camino del “enjuague” de culpas y responsabilidades o, de una vez por todas, comenzamos a marcar claramente que el que las hace las paga y se termina el reino de la inmoralidad, el doble discurso y la impunidad.

En definitiva, sí comenzamos a construir una sociedad son sólidos basamentos morales y con una clara conciencia republicana, que los hombres públicos se constituyan en auténticos referentes y no en simples buscadores de tesoros.

Así, sólo así podremos empezar a escribir una historia distinta a la inmoralidad y la decadencia.

* Editorial escrito por el autor y publicado en la revista Ojo Nº5, del 24/7/99

¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo se pudo despilfarrar semejante cantidad de recursos? ¿Dónde están las obras? ¿Qué hicieron los legisladores para controlar al gobierno? ¿Dónde estaba el fiscal de Estado? ¿y el Tribunal de Cuentas? ¿y la Justicia? Estas preguntas, y muchas más, repiqueteaban en las mentes de los fueguinos desde que se corrió el telón sobre la magnitud de la crisis provincial.

Nadie se acordaba del escándalo de HIFUSA, menos que menos de los bonos y los créditos a los amigos o de la obra del puerto paralizada y de su muy dudosa culminación.

Esos hielos flotantes se habían convertido en un inmenso témpano que amenazaba a la isla cual si fuera el Titanic. Los fueguinos descubrieron que estaban a la deriva y a merced de los que convirtieron una provincia próspera en casi un despojo.

Ruggero Preto, luego de cuatro años de ostracismo de lujo, hizo una sorprendente incursión mediática. Casi como un protagonista de las Obras Maestras del Terror, multiplicaba el pánico entre los fueguinos bombardeándolos con cifras, deudas e intereses. Su responsabilidad con los negociados hechos con el banco, con HIFUSA, el PRODEFU y los bonos quedaron diluidos en el olvido junto a la “Isla de la Fantasía”.

Roque Martinelli en su habitual lenguaje provocador calificaba de tontos a los fueguinos por desconocer la deuda que él mismo ocultó y minimizó. Al resignar su cargo, avanzó un paso más en esa consideración de la ciudadanía de la isla, señaló que la suya fue una muy buena gestión y que no tenía de qué autocriticarse.

El gobernador en medio de una crisis fenomenal que paralizaba la provincia, intentó negar la realidad al afirmar que sólo se trata de una crisis política e insinuó que entre las causas de la caída en picada se encontraban algunas parejas de médicos que no cumplen con las guardias.

Estas afirmaciones de los políticos protagonistas de los últimos ocho años no puede desprenderse del resultante final de sus acciones de gobierno. Tanta mediocridad dejó mucho más claro en manos de que personajes estuvo la conducción de la provincia.

Estos referentes políticos actuaron como modelos de cientos de militantes y aspirantes a incorporarse a la función pública. Por esa razón, nadie puede sorprenderse de legisladores que buscaron fue pasar desapercibidos, de un tan audaz comerciante como inexperto político que pudo conducir la cartera política, de que la economía provincial haya estado en manos de sujetos que desconocían cuestiones elementales de esa cartera, de hombres públicos incapaces de hilvanar frases o explicaciones que, no obstante aspiraron a cargos de gran responsabilidad.

Por esa razón, no importaron los proyectos, la ideología, la elaboración, la inteligencia, el debate, la confrontación de ideas, las plataformas ni los programas de gobierno, sólo bastaba con una abundante cantidad de recursos volcados a los medios de comunicación.

El círculo cómplice

Llegamos a un punto en que parece no existir instancia en que se pueda juzgar “hasta las últimas consecuencias” a los responsables por acción u omisión del descalabro fueguino. ¿La Justicia está en condiciones de mandar a la cárcel a los responsables, cuando sus integrantes viven en la burbuja de la complicidad construida con remuneraciones propias de un emirato? ¿El fiscal de Estado que como un pirata sólo puede mirar con un solo ojo? ¿Los legisladores que aprobaron cuanto endeudamiento propició el Ejecutivo, que frustraron tres posibilidades de juicio político al gobernador y que, en muchos casos, lucraron con sus votos, sus silencios o sus borradas? ¿El futuro gobierno que pactó con los responsables del colapso, propició que el principal responsable sea incorporado a un “gabinete federal”, se proclamó como continuador de su “obra” y ahora desaparece de la escena en medio de semejante crisis?

El círculo de la impunidad parece estar instalado, aparenta haber sido hilvanado cuidadosamente para que cierre a la perfección.

No existe otra forma de terminar con esta degeneración de la política que aplicar un escarmiento ejemplar. El gobernador, todos sus ministros, legisladores, jueces, fiscales, intendentes, concejales, todos deben ser investigados y juzgados.

Para ello, se debería invertir la causa de la prueba, todos están bajo sospecha mientras no demuestren lo contrario. Todos los que ocuparon cargos públicos, electivos o no, deberían demostrar que actuaron en forma honrada, eficiente y responsablemente.

Deberían hacer frente con su patrimonio al dispendio de los fondos públicos, a las pérdidas de recursos por negligencia o dolo. Todos los bienes personales y de sus familiares directos deberían ser interdictados y embargados si se comprueba la falta.

Para que el juicio de residencia sea insospechado debería estar a cargo de un jurado designado entre ciudadanos intachables e insospechados de tener vínculos con alguno de los acusados.

Así podría aplicarse un mecanismo corrector que ponga límites a la perversión de la actividad política y que sólo los bienintencionados puedan llegar a postularse. Este escarmiento es necesario para que nunca más los que sólo piensan en sus bolsillos y sienten un profundo desprecio por el pueblo, vuelvan ni siquiera a fantasear con alcanzar un cargo. La función pública, despojada de privilegios y prebendas, quedará para ser ocupada por los más capaces y los que sienten una verdadera vocación de servicio por sus semejantes.

Tocando fondo *

Como en una película de terror, los referentes fueguinos lanzan todo tipo de cifras sobre la magnitud de la crisis provincial con el fin de que “se comprenda” la necesidad de bajar los salarios. Estas campañas cuentan con un aliado invalorable: la falta de sinceramiento de los números de la provincia. Esta ocultación consciente, hace que cualquier intento de hacer ajuste con los sueldos de los estatales resulte indigerible a la comunidad.

“Esto es un mamarracho”, “es insostenible”, “inconstitucional”; son algunas de las expresiones más repetidas en los últimos tiempos, referidas al Decreto 1947/99. A pesar de semejantes descalificativos, lanzados por políticos opositores, abogados, gremialistas, comerciantes, comunicadores sociales y los miles de manifestantes que recorrieron las calles de la provincia; los máximos responsables de encontrar soluciones no han tenido un solo razonamiento, argumentos inteligentes y creíbles para debatir con los críticos. La clase política fueguina ha renunciado al debate y a la confrontación de ideas, para limitarse a aprovechar los espacios de poder, al mejor estilo maquiavélico, con el propósito de imponerle a la sociedad sus designios. La búsqueda del consenso sólo ocupa espacio en las promesas electorales, convencer a la comunidad de las diversas propuestas ya no tiene ninguna importancia.

Exageraciones

En las últimas semanas, se hicieron conocer algunas versiones tan interesadas como exageradas de la dimensión de la crisis provincial y del supuesto origen de esa situación en el pago de salarios. Las versiones oficiales indican que la proporción de lo que perciben los empleados públicos absorbe el 85 o 90 por ciento de los recursos fueguinos. Mientras tanto los sectores gremiales y de la caja de previsión indican que sólo abarcaría el 50 por ciento. Luis Moreno, en su reciente libro “La deuda de Tierra del Fuego” concluye que esa proporción alcanza el 65 por ciento. La disparidad de cifras demuestra que la reserva con que se manejan los números de la provincia sólo sirve a los argumentos de los ajustadores que se van y los que vienen.

El economista radical agrega que “El costo medio de un empleado público por año es de 25.000 pesos, lo que promedia una inversión mensual, por agente, de $2.100 (...) La gran mayoría de los estatales se encuentran por debajo del nivel promedio”. Estas cifras confirmarían que existen sueldos en la jerarquía y cargos políticos del Estado que superarían varias veces a ese promedio; algo indigesto para los que tienen que soportar el decretazo o sus posibles reemplazos.

Algunos medios interesados en encontrar algún lugar bajo el sol del próximo gobierno, se proponen desarrollar argumentos complementarios de los ajustadores. Además de batir el parche de que “los salarios estatales respecto del Presupuesto Provincial es insosteniblemente alto”, además de los errores de sintaxis, consideran que los gremialistas que resisten a la crisis “durante años apañaron y callaron frente a los desaciertos del gobierno mopofista y al vaciamiento de la provincia”. Desde esas mismas páginas, se hicieron en reiteradas ocasiones verdaderas campañas para desvirtuar o acallar las denuncias de corrupción, despilfarros y negociados que hicieron oír algunos dirigentes sindicales.

Pero el propósito de equilibrar las culpas entre los responsables políticos (poderes Ejecutivo y Legislativo), los encargados de controlar, investigar y cuestionar (Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Poder Judicial) y los que no tienen esas atribuciones constitucionales es lisa y llanamente un intento de lavar las culpas de los ejecutores y cómplices del descalabro fueguino, como si todos fuésemos responsables por igual.

Hasta que la sociedad no cuente con los números de la provincia, también resultan dudosas las declaraciones del futuro vicegobernador de que el déficit del Estado provincial alcanza los 11 millones de pesos cada treinta días. Difícilmente, la población fueguina acepte estas cifras así porque si con el grado de descreimiento existente.

La crisis galopante que sufre Tierra del Fuego, no encuentra salidas ni dirigentes políticos que respondan a los reclamos de la población de abrir las compuertas de la información sobre el desastre cometido y sus responsables. Los que compartieron el poder estos últimos años, sólo visualizan una salida: hacer pagar los desaguisados mopofistas al grueso de la comunidad. Ni una iniciativa para que se esclarezca el origen de la crisis, de los negociados y despilfarros, del derroche y de la utilización de la maquinaria estatal al servicio de proyectos políticos personales. Menos todavía existe la “descabellada” propuesta de que los responsables paguen con sus bienes y la cárcel.

Mientras estas marañas de complicidades se fueron tejiendo, algunos legisladores aprovecharon sus bancas para renegociar deudas comerciales, para lucrar con financieras o comprarse edificios que luego alquilaron al Estado; otros terminan sus mandatos para dedicarse a sospechosos negocios: vivir de rentas en Mar del Plata o edificar y explotar un ultramoderno lavadero de autos; dos ex ministros se proponen erigir una concesionaria Mercedes Benz con todo desparpajo. Los jueces mantienen sus provocativos sueldos como intangibles, mientras los empleados públicos son despojados de ese derecho.

Estos contrastes de la sociedad fueguina constituyen un contundente testimonio del fracaso de las instituciones provinciales. Sería por demás imprescindible que los pobladores comiencen a preocuparse y generar un debate sobre otros mecanismos de participación y control que impidan en el futuro la reedición de esta lamentable historia.

Epílogo

Mientras existan injusticias, la explotación y el desprecio hacia los trabajadores de parte de los gobernantes y empresarios las luchas seguirán existiendo. A pesar de las derrotas, nuevos contingentes obreros tomarán la posta y persistirán en la resistencia y enfrentamientos. Tal vez, la acumulación de tantas injusticias, hará que los ánimos se caldeen, surjan acciones violentas y nuevas respuestas represivas.

Todo indica que el gobierno justicialista de Tierra del Fuego será una continuidad de lo vivido en los últimos años. Aunque existen indicios de que el conflicto puede llegar a enfrentamientos inéditos en la provincia. La política de los hechos consumados (sin importar la metodología, las normas ni las apariencias), el posible intento de utilizar la movilización de grupos de choque contra los trabajadores en lucha y la táctica de copamiento de las instituciones indican que la clase trabajadora fueguina se tendrá que enfrentar con amenazas más sutiles y perversas que las conocidas hasta la fecha.

Los empleados públicos no sólo sufrirán la reducción de sus salarios de una manera brutal, la obra social y el sistema previsional están siendo empujados a la bancarrota, tal vez, con la intención de ofrecer un nuevo suculento negocio a los amigos del poder. El banco provincial parece seguir el mismo camino.

Los jubilados provinciales comenzarán a sufrir las consecuencias de la malversación de los fondos aportados, que se fueron esfumando a través de la dilapidación impune de los recursos depositados en el banco provincial.

Los obreros metalúrgicos, además de la bancarrota de su obra social, sufrirán en los próximos años la tendencia a precarizar aún más las condiciones de trabajo, la amenaza de cierres o el traslado de plantas fabriles a Brasil y la hipotética desactualización de los artículos electrónicos que elaboran las armadurías instaladas en la isla que serán una espada de Damocles para las fuentes laborales.

Los dos mil jóvenes que anualmente se incorporan a la población económicamente activa en demanda infructuosa de trabajo profundizarán la desintegración social y otros tipos de conflictos.

Es decir, la prosperidad soñada que movilizó a tantas familias a instalarse en la isla se está diluyendo. Los que tuvieron en sus manos la posibilidad de cimentar una sociedad que pueda prolongar en el tiempo un buen nivel de vida prefirieron imponer sus negocios personales y los de su sector ante los intereses del conjunto.

La falta de funcionamiento de las instituciones (o mejor dicho su adaptabilidad a las necesidades de los gobernantes), la complicidad judicial para garantizar la impunidad, la mediocridad e inescrupulosidad de los “representantes “ del pueblo, una Legislatura siempre distraída para ejercer el control y que cuenta con miembros procesados, condenados e inhabilitados para ejercer la función pública. En definitiva, legisladores, ministros, secretarios, intendentes y concejales más propensos a hacer negocios y “pasarla bien” que responder a las necesidades populares, plantean que el Movimiento Obrero fueguino tendrá, además, por delante un nuevo y crucial desafío: el de su participación activa en las cuestiones políticas, impulsar un movimiento social que impida que el Estado siga siendo manejado por esta casta de políticos que se suceden a sí mismos y generar el necesario debate sobre las instituciones que deben adquirir una mayor participación y control popular como única garantía de que no se repita la historia.

Entonces, las luchas de los trabajadores fueguinos seguirán escribiendo una historia con final incierto pero que planteará con toda su fuerza nuevos desafíos que merecerán ser contados.